Gobernadores y FAM exigen al Gobierno cumplir sus acuerdos

El tiempo se agota, el plazo para aprobar el Presupuesto General del Estado 2027 llega a su fin y los muchos compromisos realizados por el camino – con el Fondo Monetario internacional, con los Gobernadores, con los Municipios e incluso con los sectores sociales – deben ser plasmados… o no.

Con el presidente Rodrigo Paz, el ministro de la Presidencia Fernando Aramayo y el ministro de Economía Christian Morales en España, alguien dio el primer paso y remitió la Ley que modifica la Ley Marco de Autonomía para blindar un 1% de coparticipación para las gobernaciones, aunque irónicamente el proceso siga llamándose “50-50”.

Como reacción, o por si acaso, los alcaldes movieron ficha: La Federación de Asociaciones Municipales, que reúne a las 335 alcaldías del país y preside el alcalde de Cercado Johnny Torres remitió una tercera carta al Ejecutivo exigiendo respuestas, pues hace mes y medio que se asumieron compromisos concretos – como la devolución del 12% del IDH para la Ley de Incentivos – sin que haya habido siquiera una convocatoria.

Y como marco general están los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que por 1.900 millones de dólares de crédito arrancó un plan económico que incluía el fin de las subvenciones y el recorte del déficit – 6,7% para 2027 desde el 10-12% con el que se prevé cerrar este año – y que sin embargo no ha sido incluido a cabalidad en el PGE 2027, que sigue contemplando 11.000 millones de bolivianos para subvenciones al combustible.

El pulso del 1%

El debate sobre la coparticipación tributaria de las Gobernaciones sigue enquistada tanto por la for5ma como por el fondo: el debate se ha centrado en cuántos recursos se pueden sacar y no en qué competencias se deben ejercer. Las Gobernaciones aseguran que les falta para cumplir con sus funciones y el Gobierno que no puede desprenderse de mayor cantidad de ingresos, dado que administra la inmensa mayoría de las funciones del Estado.

Ayer el Gobierno cumplió con presentar el anteproyecto de Ley y los equipos técnicos de las Gobernaciones tienen hasta el 6 para hacer la contrapropuesta.

La propuesta del Gobierno llega al 1% y, según el texto, no vincula ese porcentaje a ninguna competencia o gasto concreto – aunque se podrán firmar convenios – y tampoco aparece la sugerencia de incorporar alícuotas departamentales a los impuestos ya implantados en el país.

Por otro lado, define los impuestos coparticipables que son básicamente siete: IVA, IUE, IT, RC-IVA, ICE y, además, el gravamen aduanero y el Impuesto de Salidas al Exterior. En 2024 la recaudación superó los 45.000 millones de bolivianos (la mitad en IVA, por lo que el 1% representaría los 450 millones de bolivianos aproximadamente que cifró el viceministro de Autonomía Adrián Oliva.

La Ley deja también abierto al criterio de los Gobernadores el reparto entre ellos, es decir, definir los criterios con los que se distribuya – que si es por población a Tarija le tocaría aproximadamente un 5% -. Además, se considera voluntario, por lo que cada gobernación decidirá su adhesión.

Como sea, el criterio mayoritario de las Gobernaciones es el rechazo por insuficiencia del porcentaje mientras se señalan además algunas otras observaciones técnicas. El anteproyecto contempla el reconocimiento de un porcentaje adicional en el caso de que crezca la base de aportantes mediante acciones concertadas entre el SIN y la propia Gobernación, pero en medio de la crisis lo que se prevé es pérdida de empleos, reducción de gastos y cierre de empresas y, por lo tanto, una caída de la recaudación.

El reclamo de los alcaldes

En medio del reclamo de los Gobernadores y como quien no quiere perder protagonismo, los alcaldes ya plantearon sus reclamos en agosto y posteriormente firmaron una hoja de ruta en septiembre, que como los gobernadores, no han visto satisfecha.

“El Gobierno nos pidió 15 días calendario el pasado 23 de septiembre cuando se llevó la reunión en la ciudad de Santa Cruz, donde cumplido ese plazo nos tenían o nos tienen que explicar primero, como se va a proceder con la cesación del descuento del 12 por ciento del IDH y como se haría la devolución, en cuanto tiempo, por cuotas, etc. Hasta la fecha nosotros no tenemos nueva fecha o convocatoria para que nos expliquen esta situación, tampoco hemos recibido ninguna contestación pese a que se les envió tres cartas, donde en la última ya se expresó que el Gobierno no cumplió con ningún compromiso”, dijo Torres.

El Banco Central de Bolivia certificó que en el Fondo de Incentivos a la Exploración Petrolera hay unos 700 millones de dólares. El descuento se realizaba antes de la distribución, por lo que se resta a municipios, gobernaciones y alcaldías. Se suponía que con esos recursos se pagaría por encima de los precios acordados a las petroleras que aceleraran sus trabajos, pero lo cierto es que desde su implementación en 2017 no ha habido resultados positivos.

¿Pacto Fiscal o Asamblea Constituyente?

Tras el agrio debate entre gobernaciones, municipios y gobierno central, cívicos y analistas vienen advirtiendo que el problema no está en debatir porcentajes o acomodar funciones, sino en abordar a profundidad un Pacto Fiscal definiendo competencias y fuentes de financiación, o bien ir de una vez a la Asamblea Constituyente para acordar un modelo de Estado a largo plazo que no dependa de los acuerdos coyunturales.

El gobierno pospuso para el primer semestre de 2027 la discusión sobre una reforma constitucional que, en cualquier caso, prevé acuerdo en la Asamblea y aprobación en referéndum sin una discusión ni consenso amplio.

La salida de la crisis por la vía política no ha sido contemplada hasta ahora.