Bosques: Por una hectárea desmontada, 36 quemadas

En el oriente boliviano, la temporada de quemas ya es un evento de calendario, se conoce el olor, la ceniza sobre el parabrisas de los autos, el sol convertido en una moneda roja, y la tos. Se habla mucho del fuego, pero se pregunta poco cuánto cuesta.

“Costos ocultos de la agricultura”, un estudio de TIERRA, CIPCA y Fundación Jubileo, presentado en septiembre, intentó ponerle número a lo que el agro deja sin cobrar. En dos municipios, Ascensión de Guarayos y San Andrés, midió dos cosas por separado. Por un lado, el desmonte, es decir, el bosque que se tumba para sembrar: unas 155.000 hectáreas acumuladas, con un promedio de 14.000 al año, un récord de 24.700 en 2023 y un mínimo de 6.980 en 2015. Por otro lado, el fuego: en 2024, el peor año de incendios de la historia boliviana, se quemaron 570.000 hectáreas en esa misma zona.

La relación fue de 36 a 1. Es decir, por cada hectárea desmontada, 36 se quemaron. El 65% de lo quemado era bosque seco; el resto, vegetación arbustiva (19%), pasturas (10%) y rastrojos agrícolas (6%). Para los autores, la cifra sugiere que el fuego fue un agente de perturbación de mayor impacto que la tala o el chaqueo agrícola.

¿Quién lo prendió?

El estudio sostiene que la quema agropecuaria, usada para limpiar y habilitar tierra, es la principal causa de los incendios forestales. Y cita un informe de la propia Fundación TIERRA según el cual la mayor parte del área quemada estaba en tierras fiscales, territorios indígenas y áreas protegidas. A escala nacional, ese informe contó 12,6 millones de hectáreas quemadas en 2024, más del doble del récord anterior, 5,3 millones en 2019: 8,5 millones en Santa Cruz y 3,4 en Beni, y el 60% era bosque.

Atribuyó el 95% de los incendios a la mano humana, clasificó el 66% como quemas “malintencionadas” y el 34% como agrícolas, e identificó cuatro responsables directos: ocupantes ilegales de áreas protegidas, ocupantes no autorizados en territorios indígenas, empresas agropecuarias y nuevas comunidades en tierras fiscales.

El fuego no está en el cálculo

Los autores del estudio calcularon que los costos ocultos ascienden a 2.894 millones de dólares, pero el fuego no está en esa cifra. El estudio calcula los impactos directos: las emisiones del desmonte, unos 1.220 millones; las quemas agropecuarias, 133 millones de dióxido de carbono y 100 de metano; y otros. Los impactos indirectos no se estimaron, aunque el propio texto reconoce los incendios forestales que recurrentemente sobrepasan las áreas de expansión agropecuaria.

Los satélites de Global Forest Watch cuentan algo parecido desde afuera. En 2024, Bolivia perdió 1,48 millones de hectáreas de bosque primario, el triple que en 2023, y el 63% por fuego; fue el segundo país del mundo, después de Brasil. En 2025 repitió el segundo lugar, con la segunda pérdida más alta de su registro.

La tregua de 2026

Este año el fuego ha dado tregua, por ahora. Hasta el 6 de octubre, la Gobernación de Santa Cruz contabilizaba unas 41.800 hectáreas afectadas en 153 incendios, casi 37.000 de ellas en Puerto Suárez, y mantenía la alerta naranja. No son cifras comparables con los 8,5 millones de 2024, porque usan otro método y otra escala. Pero las causas de fondo, el desmonte para abrir tierra y las normas que lo facilitan, siguen ahí.

Sin embargo, se debe considerar que la relación de 36 a 1 compara superficies medidas con fuentes distintas, y los autores hablan de que “sugiere”, no de que prueba. Además, la sequía extrema de 2024 agravó todo. Pero hay una conclusión que sí se sostiene, y es que los propios autores califican su cuenta de conservadora, y dejaron fuera lo que más pesa. Los 2.894 millones son un piso, no un techo.