Los embates a la cultura en Bolivia

La noche del 3 de agosto de 2026, durante la juramentación de su nuevo gabinete, el presidente Rodrigo Paz anunció que el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía dejaría de existir. En su lugar, dijo, se crearía una Agencia Nacional de Turismo, del Folklore y de la Gastronomía. El gabinete pasaba de 14 a 12 carteras; también desaparecía el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. “No se necesita un Estado más grande, tampoco se necesita un Estado ausente, se necesita un Estado más inteligente, más eficiente, más transparente y más cercano a la gente”, declaró.

Al 9 de agosto, seis días después del anuncio, no existe en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional ningún decreto que formalice esa decisión. Las tres notas que la Agencia Boliviana de Información (ABI) publicó sobre el tema —el 3, el 4 y el 5 de agosto— citan al presidente y, en la última, a la viceministra de Gastronomía, Sumaya Prado, pero en ninguna aparece número de decreto ni texto normativo. Mientras ese documento no se publique, el ministerio y su Viceministerio de Culturas y Folklore siguen existiendo jurídicamente. El propio antecedente reciente sugiere que el desfase entre anuncio y norma no es inusual: la creación de este mismo ministerio se anunció el 9 de noviembre de 2025, pero el decreto que lo formalizó, el 5488, llevó fecha del 16 de noviembre.

Tres decretos presidenciales posteriores confirman esa vigencia jurídica con evidencia directa, no solo por ausencia de registro. El Decreto Presidencial 5669, firmado el mismo 3 de agosto en que se anunció la eliminación del ministerio, nombra a Héctor Francisco Huanca —el nuevo canciller— como ministro interino de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía “hasta la designación del titular”. El Decreto Presidencial 5670, del 7 de agosto, cubre una ausencia temporal de Huanca por viaje oficial nombrando interino en su lugar a Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, al frente de esa misma cartera. Es decir: en la misma semana en que el gobierno declaró que el ministerio pasaría a ser una agencia, siguió nombrando y reemplazando ministros interinos para dirigirlo.

Ese desfase entre anuncio político y decreto formal también se repitió con la salida de la anterior titular, Cinthya Yáñez: renunció el 8 de julio, pero el decreto que formalizó su remoción y nombró al primer interino llevó fecha del 21 de julio, trece días después.

El cierre no es el primero que sufre la institucionalidad cultural boliviana. Es, de hecho, el segundo golpe en menos de un año contra el mismo espacio administrativo: en noviembre de 2025 la cultura ya había perdido su rango ministerial propio al fusionarse con turismo, gastronomía y folklore bajo el Decreto Supremo 5488. Y es, si se cuenta desde 1975 —año en que Hugo Banzer creó el Instituto Boliviano de Cultura, primer antecedente institucional del sector—, uno más en una serie de reconfiguraciones que nunca se sostuvieron en una ley marco aprobada por el Legislativo: la cultura boliviana escaló de instituto a secretaría, de secretaría a viceministerio y de viceministerio a ministerio siempre por decreto, lo que la deja estructuralmente expuesta a cada cambio de gobierno o de gabinete.

El precedente más citado por el sector es el de 2020, cuando la entonces presidenta Jeanine Áñez cerró el Ministerio de Culturas y Turismo argumentando ahorro fiscal en plena pandemia. La restitución llegó cinco meses y medio después, pero coincidió con un cambio de gobierno tras elecciones generales, no con una rectificación de la misma administración que había ejecutado el cierre. En 2026 no hay ningún proceso electoral en el horizonte inmediato: si el sector logra revertir esta decisión, tendrá que hacerlo presionando directamente al mismo gobierno que la tomó, un escenario sin precedente exitoso documentado para el sector cultural boliviano.

Organizaciones como la Federación Boliviana de Guías de Turismo, la Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore y el colectivo Articulados Culturales exigieron, entre el 4 y el 5 de agosto, explicaciones públicas sobre la jerarquía, el presupuesto y las competencias legales de la futura agencia. Un punto concreto que plantearon: las leyes 500 (Festival Nacional de la Canción) y 530 (Patrimonio Cultural Boliviano) asignan responsabilidades específicas al Ministerio de Culturas; nadie ha aclarado quién las asumirá si la cartera desaparece.

El cierre llega en medio de una crisis social que dejó, solo en la última semana de mayo de 2026, siete muertos y 120 detenidos durante bloqueos y protestas que rodearon el Palacio de Gobierno. El propio ministerio que hoy desaparece había reconocido la magnitud de esa crisis: el 12 de junio de 2026, con el país acumulando más de 40 días de bloqueos, lanzó el plan “Impulso: Culturas en Acción”, orientado a proteger el empleo cultural, incentivar la producción artística y dar financiamiento al sector. Menos de ocho semanas después, el 3 de agosto, el gobierno eliminó la institución que administraba ese mismo plan.

Los microdatos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, correspondientes a las tres entidades que sucesivamente administraron esta cartera entre 2016 y 2025, permiten cuantificar lo que hasta ahora circulaba solo como cifra suelta de prensa. El gasto ejecutado (devengado) del entonces Ministerio de Culturas y Turismo alcanzó su pico en 2018, con 137,2 millones de bolivianos. En 2019 bajó a 105,1 millones. En 2020, año del cierre de Áñez, se desplomó a 20,3 millones —una caída de 80,7% respecto al año anterior—. Tras la restitución de noviembre de 2020, el gasto ejecutado se recuperó de forma gradual pero sostenida: 27,8 millones en 2021, 35,6 millones en 2022, 48,2 millones en 2023, 47,5 millones en 2024 y 56,7 millones en 2025. Es decir, durante toda la gestión de Luis Arce (2021-2025) la cartera cultural operó con menos de la mitad del presupuesto ejecutado que había tenido en su mejor año prepandemia.

Un dato adicional, no reportado hasta ahora en el debate público, matiza ese relato de simple recuperación. La composición del gasto cambió de forma estructural. Antes de 2020, entre el 26% y el 39% del presupuesto ejecutado se destinaba a “activos reales” —inversión en infraestructura cultural, recuperación de patrimonio, construcción y equipamiento—. Desde 2020, ese rubro colapsó a un rango de entre 0% y 13% del total, mientras que “servicios personales” —sueldos— pasó a absorber entre el 50% y el 74% del presupuesto ejecutado cada año. El ministerio restituido en 2020 recuperó volumen de gasto, pero no volvió a ser, en la práctica, una institución que invierte en infraestructura o patrimonio cultural: se convirtió en una entidad que paga sueldos con un margen mínimo para programas o proyectos.

Los mismos microdatos permiten otra comparación, esta vez hacia atrás en el tiempo: dentro de la extinta cartera fusionada de Culturas y Turismo, entre 2016 y 2020, la función específica de “servicios culturales” se llevó consistentemente más gasto ejecutado que la de turismo —entre 52% y 91% del total combinado, con tendencia creciente—, un patrón que no respalda, al menos en el periodo con datos disponibles, el temor expresado por gremios como OBDEFOLK y Articulados Culturales de que la fusión con turismo diluya presupuestariamente a la cultura. Ninguno de los dos bandos del debate público —ni el gobierno, ni los gremios que lo cuestionan— ha usado hasta ahora estas cifras de ejecución presupuestaria en sus argumentos.

En paralelo, el gobierno de Paz ha sostenido de forma consistente que el turismo es el verdadero motor económico del país, con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística que respaldan parte de ese argumento: la llegada de visitantes internacionales alcanzó 2.651.124 personas en 2025, un 13,3% por encima del máximo prepandemia de 2019. Esa apuesta se ha reforzado con medidas concretas: el lanzamiento en mayo de 2026, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Plan Maestro de Turismo y la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2026-2035, y la eliminación de la visa para visitantes de siete países desde diciembre de 2025. Pero el desglose por ciudad muestra un matiz no mencionado en el discurso oficial. En Tarija, departamento natal del presidente y escenario recurrente de anuncios de inversión turística, el ingreso de visitantes a establecimientos de hospedaje cayó de 87.364 personas en 2024 a 64.443 en 2025 —una caída de 26,2%, la más pronunciada entre todas las ciudades capitales ese año, y apenas el 64,3% de su propio pico prepandemia de 2019—. La serie disponible del INE llega hasta 2025; no hay todavía datos oficiales que muestren si la caída se revirtió en 2026.

Sobre el empleo del sector artístico-cultural, la información pública sigue siendo la más escasa de toda esta investigación. El Boletín de la Encuesta Continua de Empleo del INE correspondiente al segundo trimestre de 2026 no reporta una cifra independiente para “actividades artísticas, entretenimiento y recreativas”: esa categoría queda disuelta dentro de una bolsa residual llamada “otras ramas de actividad”, que en ese trimestre agrupó a 1.176.000 personas —el 25,8% de toda la población ocupada del país— junto con al menos otras doce actividades económicas distintas. No existe, en los boletines regulares del instituto, una serie actualizada de empleo específicamente cultural.

2020: el precedente que terminó distinto

El 4 de junio de 2020, en plena pandemia, la entonces presidenta de facto Jeanine Áñez anunció el cierre del Ministerio de Culturas y Turismo, junto con las carteras de Comunicación y Deportes. El entonces ministro de Economía, José Luis Parada, justificó la medida como ahorro fiscal: 129,5 millones de bolivianos, unos 18,77 millones de dólares, en una primera etapa. La organización Alianza Creemos cuestionó esa cifra: la partida de servicios personales de los ministerios eliminados en el Presupuesto General del Estado 2020 sumaba 107.059.426 bolivianos, por lo que el ahorro real no podía superar los 30 millones.

La reacción del sector fue inmediata y sostenida. El 8 de junio, músicos protestaron frente a la sede del ministerio en La Paz. El 10 de junio, una nueva concentración, convocada bajo la consigna “Soy artista, no soy un gasto absurdo”, exigió la restitución de la cartera. En Santa Cruz, el colectivo ARTErias Urbanas cubrió con una tela oscura el monumento a la cantante Gladys Moreno, obra del artista Juan Bustillos, con la leyenda “No a las armas, sí a la cultura”, y declaró que el ministerio no era “un regalo de un gobierno de turno” sino patrimonio institucional de todos los bolivianos. Cien artistas de teatro, cine, danza y música instalaron cuatro piquetes de huelga de hambre en esa ciudad. Más de cien instituciones culturales firmaron una carta conjunta dirigida al Ministerio de Culturas, que no recibió respuesta oficial durante semanas.

El gobierno de Áñez respondió por Twitter que impulsaría arte y cultura desde el Ministerio de Educación y mantendría canastas familiares de 400 bolivianos para el sector, medida que también fue criticada por insuficiente. La restitución llegó el 20 de noviembre de 2020, con la creación del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización bajo el nuevo gobierno de Luis Arce, electo en las urnas en octubre de 2020, cuatro meses y medio después del cierre. La cronología completa —cierre en junio, restitución en noviembre, coincidiendo con un cambio de gobierno y no con una rectificación de la misma administración— es hoy el punto de comparación obligado para evaluar qué podría o no repetirse en el cierre de agosto de 2026, en el que no existe un proceso electoral próximo que ofrezca una salida institucional equivalente.

Cincuenta años de institucionalidad cultural frágil

La cultura boliviana no tuvo ninguna institucionalidad estatal formal hasta el 14 de marzo de 1975, cuando el entonces dictador Hugo Banzer creó el Instituto Boliviano de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación y Culturas, con jurisdicción sobre el Archivo Nacional de Sucre, la Casa de la Libertad y la Casa de la Moneda de Potosí. Durante el segundo gobierno de Banzer, entre 1997 y 2001, esa repartición —ya convertida en Secretaría de Cultura— se elevó a Viceministerio de Cultura. En 2006, bajo el primer gobierno de Evo Morales, pasó a llamarse Viceministerio de Desarrollo de Culturas.

El ascenso a rango ministerial llegó recién el 7 de febrero de 2009, treinta y cuatro años después de la creación del instituto original, tras un proceso que se inició en 2005 y que incluyó Jornadas Culturales realizadas en 2008 en distintos departamentos del país, de las que surgieron los Consejos Departamentales de Culturas. El nuevo Ministerio de Culturas y Turismo se organizó en tres viceministerios: Turismo, Descolonización e Interculturalidad. Pablo Groux fue su primer titular; a lo largo de más de once años de existencia bajo ese nombre, Wilma Alanoca y Marko Machicao fueron quienes más tiempo permanecieron al frente, con dos años nueve meses y un año once meses respectivamente.

En cada uno de estos pasos —de instituto a secretaría, de secretaría a viceministerio, de viceministerio a ministerio, y ahora de ministerio de vuelta a una agencia— el cambio se produjo por decreto o resolución del Poder Ejecutivo. En ningún momento de estos cincuenta años el Congreso o la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley marco que fijara de manera permanente el rango, las competencias y el presupuesto mínimo de la institucionalidad cultural del Estado boliviano. Un anteproyecto de Ley Marco de Culturas, discutido en un congreso en Sucre en 2015 entre el gobierno y el Tejido de Cultura Viva Comunitaria, tampoco llegó a convertirse en norma nacional. Esa ausencia de blindaje legal es, según coinciden los propios registros históricos de cada reorganización, la razón estructural por la que cada cambio de gobierno o de gabinete puede alterar por completo el rango institucional de la cultura sin necesidad de pasar por el Legislativo.

Cuando el arte fue perseguido directamente

Antes de que existiera institucionalidad cultural formal en Bolivia, el arte fue blanco directo de la represión política durante los gobiernos militares. Una investigación académica documenta la afectación al patrimonio artístico boliviano por motivos políticos entre 1964 y 1980, con casos de destrucción, decomiso o alteración de obras del pintor Diego Morales, de los murales de Miguel Alandia Pantoja, de un mural conjunto de Jorge Mendoza y Wálter Solón Romero, y de dos murales de Luis Zilveti. En varios de estos casos los propios artistas fueron apresados o forzados al exilio.

Durante los sucesivos golpes militares —Barrientos, Ovando, Banzer, Pereda Asbún— el Estado usó la música y el folclore como propaganda, incorporando ritmos andinos a discursos oficiales, mientras perseguía a los músicos que criticaban al régimen. Compositores como Nilo Soruco y Benjo Cruz denunciaron en sus canciones la tortura y las violaciones a los derechos humanos de la época. Con el golpe de Luis García Meza, en 1980, la censura se agudizó: los militares comprendieron el poder político de los registros sonoros y persiguieron activamente a los músicos. Se exiliaron, entre otros, el propio Nilo Soruco, Jesús “Jechu” Durán, Arsenio Mayta de Kalasasaya, los hermanos César y Jaime Junaro, Carlos López de Savia Nueva y Luis Rico.

La reparación de estos hechos fue tardía e incompleta. El juicio de responsabilidades contra García Meza y sus colaboradores concluyó recién en 1993. La Ley 3640 de Resarcimiento a las víctimas de las dictaduras dejó fuera a numerosas personas, incluidos artistas exiliados, por exigencias probatorias que no correspondían a lo que realmente podían acreditar quienes sufrieron tortura o exilio forzado. En marzo de 2012, la Plataforma de víctimas instaló la llamada “Carpa de la Memoria”, una intervención artístico-política de protesta permanente por esa exclusión. En 2021, al cumplirse cincuenta años del golpe de 1971, el Museo Nacional de Arte, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, produjo un documental con testimonios de doce artistas sobre represión, exilio y arte como resistencia durante el banzerato.