Bolivia no mide el empleo de sus propios artistas culturales

El Informe Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales para el año 2025 reconoce el sólido marco constitucional de Bolivia —que consagra al país como Estado Plurinacional y protege los derechos culturales e indígenas— pero lo inscribe en un problema de datos que comparte con buena parte de la región.

Para dimensionar el peso económico del sector, el informe recurre a promedios de América Latina y el Caribe (2,51% del PIB y 3,4% del empleo urbano), ante la ausencia de cifras nacionales desglosadas para Bolivia, y advierte que entre el 40% y el 60% de los trabajadores culturales del Sur Global —Bolivia incluida— son autónomos o informales, lo que dificulta medir con precisión sus ingresos y su aporte real a la economía. Esa laguna se confirma de forma directa en la fuente primaria: el Boletín de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al segundo trimestre de 2026 reporta la población ocupada del área urbana solo en ocho ramas de actividad específicas —comercio, industria manufacturera, construcción, transporte y almacenamiento, alojamiento y comidas, servicios de educación, administración pública— y agrupa todo lo demás, incluidas explícitamente las “actividades artísticas, entretenimiento y recreativas”, dentro de una categoría residual llamada “otras ramas de actividad”, que en ese trimestre sumó 1.176.000 personas, el 25,8% de la población ocupada total del país.

Un ejercicio propio sobre los microdatos de la Encuesta de Hogares 2020-2025, filtrando la sección “actividades artísticas, entretenimiento y recreativas”, permite estimar que el empleo en ese rubro pasó de 25.579 personas en 2020 a un rango de 43.000-48.000 desde 2022, con una participación sobre el total de ocupados del país que subió de 0,45% a entre 0,70% y 0,84%. La muestra es pequeña —entre 77 y 170 casos anuales expandidos por factor de expansión—, por lo que las cifras deben leerse como estimaciones con margen de error considerable. Aun así, la magnitud es muy inferior a estimaciones de “economía creativa” del 17%-21% del empleo nacional citadas por fuentes universitarias, que probablemente usan una definición mucho más amplia, con software y otras industrias incluidas.

El mismo ejercicio, cruzando la categoría ocupacional declarada, estima que entre 40% y 49% de las personas ocupadas en el sector trabajan bajo modalidades no asalariadas —cuenta propia, trabajo familiar sin remuneración o empleador sin salario fijo—, proporción sin tendencia de mejora entre 2020 y 2025: el año más reciente disponible es el de mayor informalidad estimada de toda la serie. En paralelo, quienes declaran una actividad cultural como ocupación secundaria crecieron con mayor rapidez que quienes la tienen como ocupación principal, lo que sugiere que el trabajo cultural se sostiene cada vez más como ingreso adicional antes que como empleo de tiempo completo. El Registro Plurinacional de Artistas —creado en 2009, con 10.627 inscritos en 2017— mide en cambio inscripción voluntaria, no empleo ni ingresos, por lo que no permite contrastar directamente el tamaño real del sector con esta nueva estimación.

Esa informalidad creciente no vino acompañada de una caída del ingreso: 2025, el año de mayor informalidad estimada, es también el de mayor ingreso laboral promedio de toda la serie 2020-2025. Ambas tendencias no se contradicen; sugieren que el deterioro no está en cuánto se gana, sino en la estabilidad del vínculo laboral y el acceso a seguridad social, algo que este proxy no mide de forma directa. El Registro Plurinacional de Artistas, además de servir como censo voluntario, es la puerta de acceso a un beneficio concreto —la exención de impuestos que la Ley 2206 otorga a los artistas inscritos—, por lo que un eventual cambio en la dependencia administrativa de ese registro pondría en juego no solo una cifra estadística, sino ese beneficio fiscal específico.

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