Beni: El Plan de Uso de Suelos es puesto en cuestión
Sectores indígenas como la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CEPEM-B) y la Federación de Campesinos de la Provincia Vaca Diez han expresado su rechazo al nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS). Argumentan que es un instrumento que se presenta como amenaza contra sus formas de vida,...



Sectores indígenas como la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CEPEM-B) y la Federación de Campesinos de la Provincia Vaca Diez han expresado su rechazo al nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS). Argumentan que es un instrumento que se presenta como amenaza contra sus formas de vida, pero fundamentalmente porque su derecho a la consulta fue desconocido por gobernantes regionales y nacionales.
Tres días antes de las elecciones generales del 20 de octubre del año pasado –a pocas horas de iniciarse el auto de buen gobierno que prohibía cualquier movilización–, la Asamblea Legislativa Departamental del Beni aprobó el nuevo PLUS. Este plan habilita la posibilidad de desmonte de más de 9 millones de hectáreas en el Beni para fines agropecuarios, principalmente relacionados con el agronegocio.
La elaboración del PLUS fue gestionada bajo la dirección del gobernador del MAS, Alex Ferrier, quien renunció el 10 de noviembre –el mismo día que lo hizo Evo Morales–. Debido a esto la norma fue promulgada 15 días después, por la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Yáscara Moreno, que es del mismo grupo político.
Lo llamativo es que empresarios del Beni, muchos de ellos aglutinados en la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI), coincidieron en la necesidad de dar continuidad a ese Plan de Uso de Suelos que, como se anota en el documento de este plan, fue elaborado en “alianza de cooperación” con el gobierno de Morales. El gobierno de Añez tampoco reparó apoyar dicho plan.
Bajo el lema: “El derecho a sembrar, el derecho a prosperar”, la FEGABENI argumenta que el PLUS es una necesidad para el desarrollo de la región. Según esta federación, el Beni tendría el PIB per cápita más bajo del país, justamente por no realizar actividades económicas relacionadas con el agronegocio.
Sin embargo, el analista del CEDIB, Pablo Villegas, afirma que en realidad lo que hace el PLUS es extender el modelo depredador de la agroindustria cruceña hacia el Beni. Considera, además, que si bien esas tierras son útiles como pastizales para la ganadería, es tierra poco fértil para la producción agrícola por su elevada acidez.
No es de extrañar, por tanto, que el plan considere más de 5 millones de hectáreas para “uso agropecuario extensivo”, lo que implica el sistemático avance sobre tierras que, luego de unas cuantas cosechas de monocultivo, podrían quedar inservibles para otros usos.
Además, como lo señala el consultor Juan Carlos Rojas de CIPCA-Beni, no se puede hacer una evaluación precisa de los argumentos del PLUS ya que “el documento hecho público no presenta la información técnica y científica completa”. Por lo que las medidas impulsadas por el plan responderían a un conjunto de intereses económicos y no a un proyecto estudiado, sostenible y dialogado.
El fantasma de Santa Cruz
En el informe “Fuego en Santa Cruz”, la Fundación Tierra explica que los incendios de 2019 afectaron 3,6 millones de hectáreas en distintas regiones del territorio cruceño.
Como plantea el analista Villegas, esta catástrofe ambiental no fue un accidente, sino que puede considerarse una “política de Estado”.
Un conjunto de normas, como el D.S. 3973, permiten este tipo de actividades de desmonte.
Todo parece indicar que el nuevo PLUS del Beni –departamento que en 2019 ya vio afectado su territorio con el incendio de 1,1 millones de hectáreas– alentará un modelo similar de uso de suelos.
Tres días antes de las elecciones generales del 20 de octubre del año pasado –a pocas horas de iniciarse el auto de buen gobierno que prohibía cualquier movilización–, la Asamblea Legislativa Departamental del Beni aprobó el nuevo PLUS. Este plan habilita la posibilidad de desmonte de más de 9 millones de hectáreas en el Beni para fines agropecuarios, principalmente relacionados con el agronegocio.
La elaboración del PLUS fue gestionada bajo la dirección del gobernador del MAS, Alex Ferrier, quien renunció el 10 de noviembre –el mismo día que lo hizo Evo Morales–. Debido a esto la norma fue promulgada 15 días después, por la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Yáscara Moreno, que es del mismo grupo político.
Lo llamativo es que empresarios del Beni, muchos de ellos aglutinados en la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI), coincidieron en la necesidad de dar continuidad a ese Plan de Uso de Suelos que, como se anota en el documento de este plan, fue elaborado en “alianza de cooperación” con el gobierno de Morales. El gobierno de Añez tampoco reparó apoyar dicho plan.
Bajo el lema: “El derecho a sembrar, el derecho a prosperar”, la FEGABENI argumenta que el PLUS es una necesidad para el desarrollo de la región. Según esta federación, el Beni tendría el PIB per cápita más bajo del país, justamente por no realizar actividades económicas relacionadas con el agronegocio.
Sin embargo, el analista del CEDIB, Pablo Villegas, afirma que en realidad lo que hace el PLUS es extender el modelo depredador de la agroindustria cruceña hacia el Beni. Considera, además, que si bien esas tierras son útiles como pastizales para la ganadería, es tierra poco fértil para la producción agrícola por su elevada acidez.
No es de extrañar, por tanto, que el plan considere más de 5 millones de hectáreas para “uso agropecuario extensivo”, lo que implica el sistemático avance sobre tierras que, luego de unas cuantas cosechas de monocultivo, podrían quedar inservibles para otros usos.
Además, como lo señala el consultor Juan Carlos Rojas de CIPCA-Beni, no se puede hacer una evaluación precisa de los argumentos del PLUS ya que “el documento hecho público no presenta la información técnica y científica completa”. Por lo que las medidas impulsadas por el plan responderían a un conjunto de intereses económicos y no a un proyecto estudiado, sostenible y dialogado.
El fantasma de Santa Cruz
En el informe “Fuego en Santa Cruz”, la Fundación Tierra explica que los incendios de 2019 afectaron 3,6 millones de hectáreas en distintas regiones del territorio cruceño.
Como plantea el analista Villegas, esta catástrofe ambiental no fue un accidente, sino que puede considerarse una “política de Estado”.
Un conjunto de normas, como el D.S. 3973, permiten este tipo de actividades de desmonte.
Todo parece indicar que el nuevo PLUS del Beni –departamento que en 2019 ya vio afectado su territorio con el incendio de 1,1 millones de hectáreas– alentará un modelo similar de uso de suelos.