Ratifica que hubo intento de autogolpe
Zúñiga desafía al poder y apunta al Gobierno de querer silenciarlo
Desde una celda sin colchón, en condiciones que su defensa califica como “inhumanas”, el excomandante del Ejército ha lanzado una serie de acusaciones que sacuden al Gobierno de Luis Arce.



El 26 de junio de 2024 quedará en la memoria del país como un día de tensión máxima. La avanzada militar liderada por el general Juan José Zúñiga sobre la Plaza Murillo fue interpretada por el Gobierno como un intento de golpe de Estado. Sin embargo, en los últimos días, desde la cárcel, el propio Zúñiga ha dado una versión opuesta: afirma que fue el presidente Luis Arce quien habría planificado un autogolpe, y que él se negó a ejecutarlo.
Estas declaraciones, difundidas por medios internacionales como Fuerza Informativa Azteca de México y recogidas en una entrevista con un canal argentino, han desencadenado una tormenta política y judicial. Pero también han tenido consecuencias directas para el exjefe militar, quien ahora enfrenta lo que su defensa califica como una serie de represalias dentro del penal.
El “plan perverso”
En una carta escrita desde prisión y enviada a periodistas internacionales, Zúñiga afirma que el presidente Arce le encomendó ejecutar un “autogolpe” para generar caos y derramamiento de sangre, con el objetivo de victimizar a su Gobierno.
“Arce me encomendó liderar un autogolpe: un plan perverso ideado para provocar derramamiento de sangre y pintar al Gobierno como la víctima”, reza la misiva en la que también se refiere a una entrevista que dio antes del 26 de junio, donde lanzó “un ataque directo contra Evo Morales, el principal enemigo de Arce, para aparentar obediencia, mientras yo en el fondo frustraba el autogolpe”.
Zúñiga señala que se le ordenó entregar 1.000 rifles a organizaciones sociales y entrenar grupos de choque, además de adquirir 5.000 fusiles AK-47 —incluso con asesoría extranjera— para provocar enfrentamientos violentos. En la misiva, enumera las posibles víctimas del supuesto plan de represión: Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, e incluso Evo Morales.
“Sabía que, si permitía que se cumpliera este plan, se desataría una violencia innecesaria que dejaría a nuestro país en ruinas. Por ello, para evitar que se ejecutaran disparos, golpes o arrestos que sembraran sangre, decidí no ordenar ninguna acción violenta. No podía permitir que mi pueblo sufriera por intereses de unos pocos”, agrega la nota.
Hackers, espionaje
Las acusaciones del excomandante van más allá del 26 de junio. Según él, desde hace meses opera en el país un grupo secreto de hackers extranjeros encargados de vigilar a opositores, manipular el padrón electoral y preparar un fraude para garantizar la permanencia de Arce en el poder.
Según Zúñiga, recibió órdenes de eliminar “a quienes sabían demasiado”, personas que “podían voltear la situación”, así como también se le encomendó hacer seguimiento a los opositores mencionados para iniciar una “guerra sucia” o “confrontación”.
“Algo que no sabe la población es que, desde hace meses, un grupo secreto de hackers llegó a Bolivia con el objetivo de vigilar a opositores, controlar el padrón electoral y manipular las elecciones, todo para consolidar un fraude que perpetúe a este régimen corrupto en el poder por otros años más”, advierte el documento.
El exgeneral también hizo un llamado de auxilio a la comunidad internacional, a organizaciones de derechos humanos y a todos aquellos que luchan por la justicia. “No permitiré que sigan inventando historias de suicidio o accidentes para callarme”, remarca.
Zúñiga también afirmó que participó de una reunión secreta en la que se habló de manipular el padrón electoral. En este encuentro, según las palabras del exgeneral, participaron miembros de un supuesto grupo de inteligencia del presidente Luis Arce.
Según su relato, dos semanas antes de la toma militar registrada el 26 de junio de 2024 sobre la plaza Murillo (La Paz), fue convocado por Fernando Rodríguez, miembro del supuesto grupo de confianza del presidente Arce, en donde también estaba un grupo de 10 – 12 extranjeros y el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).
La respuesta del Gobierno
Tras la difusión de estas declaraciones, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, señaló que Zúñiga puede ampliar su declaración formal ante la comisión que investiga los hechos del 26 de junio.
“Lo invitamos a que vaya, mediante procedimiento y a través de su defensa técnica, y pida que se amplíe. El Ministerio Público, a través de su comisión, verá si corresponde o no volverle a tomar la declaración”, sostuvo Mariaca.
Por su parte, el ministro de Justicia, César Siles, confirmó que el exgeneral será citado nuevamente a declarar el próximo 22 de abril. Será la cuarta vez que lo haga. Siles recordó que Zúñiga ya ha prestado testimonio anteriormente, tanto en etapa preliminar como en fases posteriores del proceso.
Hackers
Según Zúñiga desde hace meses opera en el país un grupo secreto de hackers extranjeros encargados de vigilar a opositores, manipular el padrón electoral
Defensa denuncia violaciones de derechos humanos
Mientras estas denuncias toman forma en el ámbito judicial y político, la situación de Zúñiga dentro del penal preocupa a su defensa. La abogada Silvia Tapia denunció esta semana que su cliente está siendo objeto de represalias por parte de autoridades penitenciarias, a raíz de sus declaraciones públicas.
"El general Zúñiga está encerrado en un espacio que más parece un agujero. No tiene colchón, duerme en el suelo y no puede salir al patio", declaró Tapia. También denunció que se le niega el acceso a alimentos y agua traídos por su familia, obligándolo a alimentarse con comida de la olla común, servida en bolsas plásticas y sin utensilios. Hay temor que pueda ser envenenado.