Beni: el avance de un modelo de desarrollo peligroso

El departamento de Beni es actualmente una de las regiones del país que está siendo objeto de grandes transformaciones de su matriz productiva. Durante los últimos años se ha generado un incremento de actividades económicas que han puesto presión sobre la naturaleza y la población indígena que habita en ese territorio.

El discurso oficial que acompaña a este proceso ‒que tiene como eje central la expansión de la actividad agroindustrial, pero también proyectos extractivos como la minería aurífera o la construcción de mega-obras, como represas o caminos‒ se sostiene en el argumento de la “modernización” y el “progreso” del departamento beniano. Sin embargo, un análisis más profundo, cuestiona este discurso y señala que, en realidad, este modelo de desarrollo pone en riesgo la sostenibilidad ecológica y económica de la región.

Junto a ello, debe considerarse la dimensión geopolítica de estas actividades económicas, muchas de las cuales se inscriben en programas como la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) ‒que posteriormente se la conoció como COSIPLAN‒, y que son promovidos por organismos internacionales como la CAF, BID o Banco Mundial.

“La conversión de suelos de vegetaciones naturales a suelos de uso agropecuario es la principal amenaza de la naturaleza en Bolivia y el mundo”, Vincent Vos/Investigador biólogo - experto en temas de Amazonía

Con todo, las consecuencias de este proceso son ya evidentes. Como ejemplo, según la Fundación Amigos de la Naturaleza: “el 2019 en el Beni se registró un total de 1.7 millones de hectáreas [incendiadas] y para este año se registraron más de 1.9 millones”, incremento en la superficie incendiada que tiene que ver con la ampliación de la frontera agrícola.

¿Por qué un nuevo uso del suelo para el Beni?

El año pasado, tres días antes de las elecciones generales del 20 de octubre, la Asamblea Legislativa Departamental del Beni aprobó el nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS). Este plan modifica sustancialmente la utilización de los suelos del departamento, lo que se estima que podría derivar en el desmonte de cientos de miles de hectáreas.

La elaboración del PLUS fue gestionada bajo la dirección del gobernador del MAS, Alex Ferrier, quien renunció el 10 de noviembre de 2019 –el mismo día que lo hizo Evo Morales–. Debido a esta situación, la norma fue promulgada 15 días después, por la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Yáscara Moreno.

Posteriormente, el gobierno de Jeanine Añez avalaría este nuevo plan y, a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), aprobó el Manual de Elaboración de Planes de Ordenamiento Predial (POP), que permite a los productores iniciar el proceso de conversión del uso de sus tierras según el nuevo PLUS.

La principal novedad de este PLUS es que modifica la categorización de suelos de vegetación en suelos para uso de producción agropecuario. En el anterior PLUS el 30% de los suelos de Beni podían utilizarse para uso ganadero y solo un 3% para uso agropecuario, mientras que el 23% se destinaba a uso forestal, 42% era de uso restringido y 2% correspondía a cuerpos de agua.

En cambio, el actual PLUS plantea una categorización distinta, se considera que la tierra para uso agropecuario ahora abarcará un 40%, mientras que un 4% se destinará a uso agrosilvopastoril (en este 44% está incorporada la actividad ganadera), las tierras destinadas al uso forestal representan un 14%, las de uso restringido rondan el 10%, las áreas protegidas representan el 30% y 2% corresponde a cuerpos de agua.

En realidad, el gran cambio radica en que tierras que eran consideradas únicamente para el uso ganadero, ahora, gran parte de ellas, podrán utilizarse para actividades como la agroindustria, lo que implica modificar sustancialmente los ecosistemas de la región. Adicionalmente, este PLUS también habilita la posibilidad para un manejo agroindustrial de la tierra en territorios que eran considerados áreas protegidas y/o territorios indígenas.   

Al respecto, Alfredo Tababaray, presidente de la Cámara Agropecuaria del Beni (CAB), en una exposición organizada para el Unión Agronegocios, explicó sintéticamente cuál fue la preocupación que llevó a los sectores que él representa a presionar para una actualización del PLUS. “Si hacíamos un overlay de todos los derechos adquiridos, puestos sobre la base del Plan de Uso de Suelos, teníamos las áreas protegidas que estaban en proceso, teníamos los territorios indígenas que estaban demandados y, por último, teníamos los famosos sitios Ramsar [tipos de humedales resguardados por una convención internacional de la cual Bolivia es parte], y los sitios Ramsar se sobreponían a la totalidad de toda la llanura. Es decir que era inviable, inviable realmente poder desarrollar una actividad de tipo agropecuaria. Eso rigió durante 20 años”.

En otras palabras, tanto las áreas protegidas, los territorios indígenas y los sitios Ramsar se convirtieron en un obstáculo para los intereses agropecuarios de los sectores que componen la CAB. Es así que cuando se logró un nuevo PLUS, como señala el mismo Tababaray, “no es que hubiera cambiado el suelo, sino que cambió las reglas de intervención”. Lo que básicamente significa que se dejó de tener en cuenta los criterios previos, y se crearon nuevas reglas de juego, restando importancia al cuidado del medio ambiente y los derechos indígenas.

Las consecuencias de este modelo de desarrollo

Según Rocío Vasquez Noza, mojeña ignaciana, de profesión abogada y especialista en la temática, “este cambio del uso de suelos es totalmente atentatorio, no solamente para los intereses de los pueblos indígenas, sino respecto al tema de un desarrollo sostenible. Lo principal es que este Plan de Uso de Suelos está proponiendo ampliar la frontera agrícola y, además, permitiendo un trabajo más mecanizado y se desconoce las formas productivas de los pueblos indígenas”.

El investigador y biólogo experto en la Amazonía, Vincent Vos, reafirma esta idea, señalando que “la mayor implicación de los cambios de uso que se plantean en el nuevo PLUS es principalmente que va a facilitar la conversión de áreas naturales en áreas agropecuarias y esto implica una reducción de la biodiversidad, una reducción de los beneficios ecosistémicos que proveen esas áreas naturales. En el caso del bosque es lo más fuerte, porque estos tienen la biodiversidad y los servicios ecosistémicos más altos”.

Pero este modelo ya tiene un precedente en el país. Al respecto, Carmelo Peralta, investigador del Centro de Investigación y Promoción para el Campesinado (CIPCA), explica que lo que sucede en el Beni se parece a lo que se “ha hecho en Santa Cruz en sus inicios con la agroindustria, que fue presionando a los territorios, los fue replegando y ahora la agroindustria es una de las actividades que más se impone. Lo que vemos desde el CIPCA es que hay una proyección de este modelo hacia el Beni y lo que limita para que este corredor se una entre Santa Cruz y el Beni, precisamente son algunas áreas protegidas y pueblos indígenas del sur del Beni”.

Es así que si bien se reconocen distintas limitaciones del anterior PLUS que organizaba el uso de la tierra en el Beni, la solución no simplemente pasa por “cambiar las reglas de intervención” en favor de los de algunos sectores, sino que existen muchos otros factores socioambientales que no han sido considerados.

Elaborar un PLUS a puerta cerrada

Uno de los cuestionamientos más grandes que se le hace al nuevo PLUS, es que este fue realizado sin participación de pueblos indígenas y campesinos que habitan en la región. Si bien es cierto que dirigencias sindicales cercanas al gobierno, así como las mismas autoridades departamentales que provienen de sectores indígenas ‒como Fanor Amapo‒ avalaron la aprobación de este PLUS, esto no significa que hubiese habido una discusión amplia con organizaciones de base.

Como explica Rocío Noza: “Este proceso de construcción de este instrumento de gestión debió ser trabajado de manera participativa y especialmente con la participación de los pueblos indígenas, porque en el Beni existen 18 pueblos indígenas de los 36 reconocidos en la constitución […], era esencial que este instrumento de gestión hubiese contado con la participación de los pueblos indígenas, los cuales estuvieron totalmente ausentes”.

Lo contradictorio, sin embargo, es que aunque los indígenas no participaron de este proceso, sí lo hizo ‒y de manera directa‒ la FEGABENI. Según la presentación de Alfredo Tababaray, el PLUS fue “elaborado por la consultora Idrisi SRL., bajo la supervisión del equipo técnico de FEGABENI”. Para lo cual esta federación firmó un convenio con la gobernación beniana. De ahí que se pueda deducir la conformidad de este sector con el documento final del PLUS-Beni.

Por otro lado, también es importante añadir que este PLUS tiene serios cuestionamientos porque su implementación contradice un conjunto de legislaciones nacionales, que jerárquicamente se consideran superiores:

“Si uno revisa el plan integral del Estado, en el marco de la planificación integral del Estado, y, además, se revisan las leyes marco que ha aprobado el Estado boliviano, como la Ley marco de la Madre Tierra o la propia Ley de Gestión de Riesgo, recogen los principios rectores que están en la Constitución Política del Estado […], entonces, tienes todo este paraguas, [pero] este Plus del Beni es totalmente contradictorio con estas normas”, puntualiza Noza.

Un modelo que hace parte de otro más grande (y que no es sostenible)

Como se señaló, el modelo beniano representado por el PLUS se parece al modelo cruceño, pero a su vez, ambos se inscriben en estrategias que impulsan cierto tipo desarrollo en la región, como es el caso de la estrategia IIRSA/COSIPLAN. Según una publicación de la investigadora Silvia Molina, del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Agrario (CEDLA): “los corredores regionales del IIRSA siguen en marcha y mantienen su relación directa con la demanda de transporte, energía, tierras y otros servicios para el desarrollo del agronegocio”

Es así que la agenda que impulsa la CAB no solo implica habilitar el uso de la tierra para la agroindustria, sino que también conlleva varios proyectos que se ajustan a estas estrategias internacionales, como la construcción de hidrovías y otras infraestructuras destinadas a dinamizar la actividad extractiva y neoextractiva de la región. Peralta ejemplifica esta situación a propósito de las hidrovías que han sido propuestas: “es una hidrovía propuesta en el marco del IIRSA, hay una red amazónica, […] entonces sí responde a esa integración más regional, más global. […] Precisamente por ahí quieren sacar todo lo que es grano, soya, ganadería y al mismo tiempo utilizar la ruta para introducir los agroquímicos”.

El problema es que en la medida en que estas dinámicas se van consolidando, se hace cada vez más evidente que el modelo no es sostenible en el largo plazo. “La conversión de suelos de vegetaciones naturales a suelos de uso agropecuario es la principal amenaza de la naturaleza en Bolivia y el mundo […]. O sea, en términos de sostenibilidad ambiental es muy cuestionable. Pero si vemos el tema de la sostenibilidad económica la situación también es muy dudosa, en el caso de Santa Cruz los suelos que fueron habilitados para la agricultura mecanizada, principalmente la soya transgénica, vemos que esos suelos son los más degradados en el país […], con rendimientos cada vez más bajos”, señala el biólogo Vincent Vos.