Acuerdo vial con Brasil reabre debate sobre tierras y bosques

El presidente Rodrigo Paz encabezó este viernes en San Ignacio de Velasco la firma de dos convenios con autoridades de Mato Grosso, Brasil: uno para estudiar un corredor vial de 129 kilómetros hasta el límite fronterizo en Marfil, y otro para habilitar vuelos entre Cuiabá, San Ignacio de Velasco y Viru Viru.

El acto reunió a los ministros Mauricio Zamora y Óscar Mario Justiniano, al gobernador Juan Pablo Velasco y a una delegación brasileña con alcaldes de diez municipios fronterizos y representantes del Comité de Integración Brasil-Bolivia. En enero, el Ministerio de Obras Públicas ya se había reunido con actores del agronegocio brasileño en la cumbre “Ruta del Corazón de Sudamérica”, donde se discutieron corredores viales similares.

Perfil de la delegación

Según el medio brasileño InfoMoney, la comitiva de este viernes movilizó más de 20 aeronaves privadas y fue liderada por Erai Maggi, fundador del Grupo AMAGGI. Ningún medio boliviano nombró a Maggi entre los asistentes; su presencia solo consta en la cobertura brasileña. El mismo reporte vincula el proyecto a un posible financiamiento del BNDES, tras un acuerdo de intención ya firmado por el ministro de Agricultura de Brasil para esta misma carretera.

Compras de tierra por encima del límite legal

El nombre de Maggi no es nuevo en la región. Desde marzo, medios como AgFeed y CNN Brasil Money reportaron que el empresario habría adquirido entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la Chiquitania, cifra que excede varias veces el límite constitucional de 5.000 hectáreas para la propiedad agraria individual. Bom Futuro negó tener inversiones corporativas en Bolivia y atribuyó cualquier compra a decisiones personales de Maggi.

Revista Nómadas planteó, sin confirmarlo, si la operación involucra el predio INPA, un bloque de 30.019 hectáreas de bosque en Concepción; en un radio de 40 kilómetros alrededor de ese predio, la publicación documentó la pérdida de 127.988 hectáreas de bosque entre 2012 y 2023. Un patrón similar se reporta en el Beni, donde la familia Marchett, con antecedentes de compras fraccionadas para eludir límites de tierra en Colombia, impulsa un proyecto de 60.000 hectáreas con campos experimentales de soya y caña.

Un patrón regional

Investigadores citados por la Revista Nómadas enmarcan este movimiento en una tendencia mayor: el politólogo Mariano Turzi habla de una “Soybean Republic” donde el capital agroindustrial reordena el territorio por encima de las fronteras nacionales, y la socióloga Marielle Palau advierte sobre el riesgo de replicar en Bolivia el modelo paraguayo, con la tierra concentrada en pocas manos.

En Bolivia, la diputada María René Álvarez cuestionó la falta de control estatal sobre la deforestación en San Ignacio de Velasco y planteó revisar las normas que facilitan quemas y desmontes.

Sobre este contexto, el periodista Stasiek Czaplicki Cabezas difundió el 31 de julio una denuncia pública cuestionando el carácter de los acuerdos. Sostuvo que la delegación no llegaba solo a negociar infraestructura, sino a definir condiciones para una nueva ola de inversión agropecuaria, y resumió su planteamiento en una pregunta: ¿para quién gobierna Rodrigo Paz, para quienes habitan estos territorios o para quienes llegan con capital y proyectos de expansión?

El caso del oro, investigación aparte

Czaplicki citó también, como antecedente para contextualizar a algunos actores del agronegocio brasileño en la región, la incautación de un cargamento de oro.

Ese caso es una investigación distinta, no vinculada formalmente a la comitiva de Maggi. El 22 de julio, en Viru Viru, se incautaron 189,5 kilogramos de oro sin autorización de exportación, que serían enviados a Dubái en una aeronave registrada a nombre de Valdir Zorzo, empresario del Grupo Dallas, dedicado a alimentos, agroindustria y logística.

La empresa afirmó que Zorzo no estaba a bordo ni autorizó el vuelo. El único detenido es un joven de 22 años, enviado a prisión preventiva, mientras Bolpress reportó que la empresa boliviana vinculada a la carga había sido registrada meses antes en un domicilio sin oficina física.

No existe evidencia pública que confirme una relación entre este caso y la delegación de San Ignacio de Velasco.

Pendientes

El Ministerio de Obras Públicas no se ha pronunciado sobre el reporte de InfoMoney. San Ignacio de Velasco alberga alrededor del 6,2% de los bosques bolivianos y es uno de los principales focos de deforestación del país. Los estudios técnicos del corredor vial, anunciados sin plazo definido, determinarán en los próximos meses si el proyecto avanza hacia su construcción.