Campesinos anuncian movilizaciones y exigen reducir escaños y salarios en la ALDT

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija anunció que no descarta movilizaciones una vez concluya el estado de excepción y cuestionó el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), principalmente por el presupuesto destinado al pago de salarios de los asambleístas.

El ejecutivo del sector campesino, Herbert Quispe, expresó su preocupación por la situación económica del departamento y por las demoras en la aprobación del Plan Operativo Anual (POA), al considerar que estas afectan la planificación y ejecución de recursos públicos.

Quispe cuestionó que algunos asambleístas, según su percepción, estén priorizando intereses políticos antes que las necesidades de la población. Sostuvo que la falta de aprobación del POA no termina afectando únicamente al Ejecutivo departamental, sino también a diferentes sectores de la población que esperan recursos para proyectos y programas.

“Hay una preocupación profunda de las familias agricultoras por las continuas dilaciones en la aprobación del POA”, señaló el dirigente.

A este reclamo se suma una crítica al presupuesto de la ALDT. Quispe afirmó que el Legislativo departamental maneja más de 17,5 millones de bolivianos y sostuvo que más del 90% de esos recursos se destina al pago de sueldos y salarios.

El dirigente cuestionó que ese gasto corresponda a 30 asambleístas y consideró que el número de representantes debería ser revisado.

“Tenemos que hacer un análisis profundo y ver la posibilidad de un referéndum para modificar nuestro Estatuto Autonómico”, planteó Quispe, al referirse a la posibilidad de reducir el número de legisladores departamentales.

El sector campesino considera que una eventual modificación de la representación en la ALDT debería ir acompañada de una revisión del gasto que demanda el funcionamiento del ente legislativo.

Cuestionan atención al sector rural

El pronunciamiento de la Federación también incluyó reclamos por la situación de las comunidades rurales afectadas por eventos climáticos.

Quispe afirmó que desde mayo varias comunidades del departamento enfrentan los efectos de desastres naturales y cuestionó la falta de una respuesta que permita atender las pérdidas y recuperar la capacidad productiva de las familias afectadas.

Aclaró que el sector no busca únicamente asistencia o ayuda puntual, sino medidas que permitan recuperar la producción y generar condiciones para que las familias campesinas puedan continuar trabajando.

En ese sentido, mencionó la necesidad de contar con apoyo institucional, asesoramiento técnico, créditos blandos y políticas orientadas a la reactivación productiva.

“Nosotros no estamos pidiendo dádivas ni asistencialismo. Estamos pidiendo apoyo institucional, asesoramiento técnico y condiciones para poder reactivar nuestra producción”, sostuvo el dirigente.

No descartan medidas de presión

Frente a este escenario, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija anunció que se mantendrá en estado de alerta y no descartó asumir medidas de presión.

Quispe explicó que las posibles movilizaciones serán evaluadas una vez concluya el estado de excepción, por lo que el sector aguardará el levantamiento de esa medida antes de definir las acciones que asumirá.

El dirigente insistió en que las demandas del sector están vinculadas tanto a la situación económica de las familias rurales como a la gestión de los recursos públicos del departamento.

Entre sus principales planteamientos se encuentran la atención a las comunidades afectadas por desastres naturales, medidas para la reactivación productiva, una solución a las demoras en la aprobación del POA y una revisión de la estructura y presupuesto de la Asamblea Legislativa Departamental.

Por ahora, el sector campesino se declara en estado de alerta y deja abierta la posibilidad de movilizaciones si considera que sus demandas no son atendidas.