Tráfico de tierras: de “Bolibras” al caso Marinkovic

El mismo día en que el Movimiento Al Socialismo (MAS) asumió el gobierno del país, la Fundación TIERRA presentó una carta al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, en la que solicita la fiscalización del proceso de entrega de 33.000 hectáreas en favor de la familia Marinkovic, hecho que sucedió mientras Branko Marinkovic ocupaba el cargo de ministro de Estado.

Más allá del desenlace que esta denuncia vaya a tener y el rol que asuma el flamante gobierno, lo cierto es que este caso evoca a otro muy similar: el caso Bolibras. El año 1992, se hizo público un escándalo por el tráfico de tierras en el que el entonces ministro de Educación, Hedim Céspedes, utilizó su cargo público para lograr la dotación de casi 100 mil hectáreas en favor de la empresa Bolibras, empresa que él presidía.

Ambos casos no solo señalan las deficiencias institucionales del Estado boliviano y un posible “uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo”, sino también recuerdan la desigual estructura de la propiedad de la tierra que persiste en el país.

El caso Marinkovic

Según la Fundación TIERRA, durante el gobierno de Jeanine Añez se entregaron miles de títulos agrarios en el departamento de Santa Cruz. Muchas de estas propiedades, consideradas medianas o grandes, tenían problemas judiciales, en muchos casos por intentar consolidar propiedad sobre tierras fiscales o por incumplir la Función Económica y Social (FES).

En su pronunciamiento, la Fundación TIERRA señala que: “estos actos cobran una connotación de mayor gravedad porque hace unos días hemos tomado conocimiento de que el INRA estaría consolidando a favor del Ministro de Economía, Branko Marinkovic, dos propiedades agrarias: Empresa Agropecuaria ‘Laguna Corazón’ de 12.480 hectáreas en la Provincia Guarayos y la Empresa Agropecuaria ‘Tierras Bajas del Norte’ de 21.000 hectáreas en la Provincia Chiquitos, sumando un total de 33.480 hectáreas”.

Hecho que sería legalmente cuestionable porque “la Ley 3545, Artículo 47, prohíbe a Ministros de Estado y otros funcionarios públicos favorecerse con la adjudicación o dotación de tierras estando en funciones y durante el año siguiente a la cesación de sus funciones”.

Evocando el caso Bolibras

El Caso Marinkovic es similar el caso Bolibras de 1992, en el que el entonces ministro de Educación, Hedim Céspedes, intentó beneficiarse de 96.337 hectáreas en el municipio de Pailón, Santa Cruz, utilizando para ello su influencia en el cargo público. Este escándalo, que fue puesto sobre la mesa de discusión por el entonces diputado Miguel Urioste, remeció la política agraria boliviana que venía desde la Reforma Agraria de 1953 y conllevó la intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA).

Años más tarde, en 1996, se aprobaría una nueva normativa agraria que dio lugar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y al posterior proceso de saneamiento de tierras, incluyendo las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Sobre esta normativa se inscribirá la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria del año 2006.

¿Intervenir el INRA?

Así como el caso Bolibras hizo evidente la descomposición del CNRA e implicó una necesaria intervención de esa institución que había perdido por completo el rumbo marcado por la Reforma Agraria de 1953, se plantea la cuestiónate de sí igual destino debería tener el INRA en la actualidad.

El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, señala que el actual gobierno debería frenar el proceso agrario e intervenir el INRA, dando lugar a un proceso de fiscalización.