La Corte Suprema de EEUU bloquea temporalmente las deportaciones

La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió temporalmente el sábado al gobierno de Trump deportar a un grupo de inmigrantes venezolanos a los que acusó de ser miembros de pandillas bajo una ley en tiempos de guerra rara vez utilizada, lo que llevó a la Casa Blanca a predecir que finalmente ganará la batalla legal.

El tribunal emitió la orden después de que los abogados de los hombres le pidieron que interviniera de manera urgente, diciendo que enfrentaban una deportación inminente sin la revisión judicial que los jueces ordenaron previamente.

La Casa Blanca respondió que el presidente Donald Trump mantendría el rumbo de su ofensiva inmigratoria, pero no llegó a decir que la administración desafiaría a la Corte Suprema, aparentemente evitando por ahora una posible crisis constitucional entre ramas iguales de gobierno.

"Se ordena al Gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro de la presunta clase de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal", dijeron los jueces en una decisión breve y no firmada.

Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito discreparon públicamente de la decisión, emitida alrededor de las 12:55 am (0455 GMT).

No estaba claro de inmediato cuántos venezolanos enfrentaban la deportación ni el lugar al que serían enviados.

La administración Trump ya ha deportado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador a más de 200 hombres venezolanos y salvadoreños que, según afirma, son miembros de pandillas.

Entre los deportados se encontraba Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño que, según admitió el gobierno , fue deportado por error, lo que desató protestas por su política migratoria.

Muchos de los abogados y familiares de los migrantes dicen que éstos no eran miembros de pandillas y no tuvieron oportunidad de refutar la afirmación del gobierno de que lo eran.

"Confiamos en la legalidad de las acciones de la Administración y en que finalmente prevaleceremos contra una avalancha de litigios sin fundamento interpuestos por activistas radicales que se preocupan más por los derechos de los extranjeros terroristas que por los del pueblo estadounidense", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

El caso ha suscitado dudas sobre si Trump, quien en ocasiones ha mostrado disposición a desafiar las decisiones judiciales desde que regresó al cargo el 20 de enero, cumplirá con los límites establecidos por el tribunal más alto del país.

La mayoría de la corte suprema emitió la suspensión el sábado después de que abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentaron solicitudes urgentes de acción inmediata en varios tribunales, incluida la Corte Suprema, después de informar que algunos de los hombres ya habían sido subidos a bordo de autobuses y se les dijo que iban a ser deportados.

La ACLU dijo que la administración estaba dispuesta a deportar a los hombres usando una ley de 1798 que históricamente ha sido empleada sólo en tiempos de guerra sin brindarles una oportunidad realista de impugnar su deportación, como había ordenado la Corte Suprema.

“Estos hombres corrían peligro inminente de pasar la vida en una horrible prisión extranjera sin haber tenido la oportunidad de comparecer ante un tribunal. Nos alivia que la Corte Suprema no haya permitido que la administración los secuestre como ocurrió con otros el mes pasado”, declaró el sábado Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU en el caso.

En una grabación de audio publicada en TikTok, varios hombres afirmaron ser venezolanos, acusados ​​falsamente de ser pandilleros y retenidos en el centro de detención migratoria Bluebonnet en Texas. Dijeron que los llevaron a un aeropuerto regional el viernes por la noche, pero luego los devolvieron.

La grabación no ha sido verificada por Reuters. Una publicación anterior en TikTok de la misma cuenta fue citada en documentos judiciales el viernes.

Se había programado que más de 50 venezolanos fueran trasladados fuera del país, presumiblemente a El Salvador, desde el centro de inmigración, según dijeron dos personas con conocimiento de la situación al New York Times.

Elegido el año pasado con la promesa de tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en un intento de deportar rápidamente a los miembros acusados ​​del Tren de Aragua, una banda criminal originaria de las cárceles venezolanas a la que su administración califica de grupo terrorista.

Trump y sus principales asesores han afirmado que su poder ejecutivo les otorga amplia autoridad en asuntos de inmigración, poniendo a prueba el equilibrio de poder entre las ramas del gobierno.

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Durante una audiencia realizada el viernes en un caso relacionado, un abogado del gobierno dijo que podría haber deportaciones el sábado.

Trump obtuvo una victoria el viernes cuando un tribunal de apelaciones suspendió la amenaza del juez de distrito James Boasberg de presentar cargos por desacato.

Boasberg también rechazó una solicitud de la ACLU para impedir que Trump deporte a presuntos miembros del Tren de Aragua, citando un fallo de la Corte Suprema del 7 de abril que permitió a Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, aunque con ciertos límites.

Boasberg dijo que le preocupaba que el gobierno deportara a más personas tan pronto como el sábado, pero que "en este momento simplemente no creo tener el poder de hacer algo al respecto".