Gravetal: $us 65 millones venezolanos para maniatar al poder agro-cruceño

Gravetal SA es hoy por hoy una de las principales empresas de acopio y procesamiento de soya en Bolivia. Siempre lo fue. Fundada con capitales colombianos y enclavada en el oriente boliviano desde 1993, se convirtió en el actor central del crecimiento agroindustrial de Santa Cruz y de Bolivia por la forma en la que administraba granos y fijaba precios. En 2006, con la llegada de Evo Morales al poder se quebraron varias lógicas institucionales y Santa Cruz se erigió como la principal resistencia al proceso de cambio en un tiempo en el que la tenencia de la tierra estaba en discusión.

El proyecto nacionalizador que nunca fue

En 2006, sobre la mesa de Evo Morales, con las debidas explicaciones verbales escuchadas atentamente por el vicepresidente Álvaro García Linera, se dejó un proyecto fundamentado para nacionalizar Gravetal (redactado por RM) según han reconocido varias fuentes protegidas que participaron de su elaboración. El objetivo era tanto político (obligar a la oligarquía cruceña a transar con el Estado que pasaría a controlar el mercado de la soya, pieza clave de la economía regional), pero también económico, pues las proyecciones poblacionales mundiales ya advertían del boom demográfico, la incorporación acelerada de China al mercado global y, por ende, de una posible crisis alimentaria. La potencialidad agroindustrial del oriente boliviano estaba por demás contrastada.

Las mismas fuentes reconocen que los objetivos políticos “se lograron”, como evidencia la coexistencia pacífica a partir de la Constitución de 2009, pero el beneficiario económico no fue el Estado y sus ciudadanos, sino un grupo empresarial muy cercano al poder de Evo Morales y Álvaro García Linera y que hasta hoy han seguido recibiendo múltiples beneficios y facilidades del Estado como se relata a lo largo de este reportaje.

El proyecto de nacionalización fue archivado. Apenas dos años después, en 2008, el mismo grupo político facilitaría la compra privada de Gravetal mediante un generoso financiamiento venezolano.

Para esta investigación se intentó contactar a los interpelados - Juan Valdivia Almanza, ex diputado por el MAS; Lourdes Brígida Durán Romero, esposa de Arce Catacora y ex ejecutiva del Banco Unión; Ninette Denise Paz Bernardini, ex asesora general del Ministerio de Hacienda y ex funcionaria del Banco Central de Bolivia, hoy ejecutiva del BDP; María Esther Cruz López, ex funcionaria del BCB, actual jefe de la Autoridad de Pensiones y Seguros; Álvaro García Linera; el empresario Carlos Gill Ramírez; María Katarina Gumucio Stambuk, representante de la presidencia para Cochabamba en 2008; Sergio Armando Cusicanqui, actual ministro de Planificación; Mariana Prado, exministra de Planificación; Edwin Rojas Ulo, viceministro de Arce Catacora entre 2008 y 2015, actual presidente del BCB; Mario Guillén Suárez, ex viceministro de Pensiones, hasta Lenny Valdivia Bautista, ex funcionaria de la APS, ex jefe de la ASFI y ex ministra de Transparencia, y el empresario Alejandro Serrate Valdivia, entre otros. Todos han eludido participar.

Este último (Serrate Valdivia) se desempeñó como operador clave en Gravetal durante varios años. Junto a Peter O'Toole, aparecen en empresas como Ferroviaria Oriental S.A (FOSA). Fue gerente de Air BP (subsidiaria de British Petroleum) antes de 2008, pasó a ser miembro del Directorio de La Razón cuando Carlos Gill Ramírez compró ese medio en 2009, y luego fue representante legal de Inversoja cuando Valdivia Almanza, Gumucio Stambuk y los otros aparecieron como principales accionistas de Gravetal (99%). Últimamente aparece como gerente de una empresa importadora y distribuidora de diésel en momentos de escasez de este combustible. Su trayectoria revela una capacidad única para operar simultáneamente en empresas privatizadas petroleras, medios de comunicación estratégicos, el vehículo de control de Gravetal y el sector de importación de combustibles durante crisis.

En Gravetal, como en otros grandes negocios analizados en las últimas semanas en este espacio de investigación – de BFC a Enfe, pasando por las grandes mineras o Telecel, además de los propios bancos -, la Gestora Pública de Pensiones (y anteriormente las AFP) han tenido un rol protagónico para su crecimiento desvirtuando el concepto de “inversión extranjera” y convirtiendo el dinero de los ahorristas bolivianos en valor para los accionistas.

De empresa extranjera a propiedad opaca

Fundada en 1993 por empresarios colombianos del Grupo Inversiones Osorno, Gravetal funcionó generosamente financiada por las AFP, compradoras de bonos y pagarés bursátiles, bajo administración extranjera hasta 2008, año en el que la empresa Inversoja adquirió la compañía por 65 millones de dólares.

El vehículo perfecto: Inversoja S.A.

La operación fue ejecutada con precisión quirúrgica. El 13 de junio de 2008, apenas días después de que Evo Morales recibiera el proyecto de nacionalización de Gravetal, se constituyó INVERSIONES DE CAPITAL INVERSOJA S.A. mediante Instrumento Público N° 362/2008 ante la Notaría de Fe Pública N° 99 del Distrito Judicial de Santa Cruz. Su capital inicial: 100 mil bolivianos, equivalentes a unos 14,500 dólares.

Trece días después, el 28 de junio de 2008, Inversoja aprobó la compra del 99% de Gravetal, exactamente 298,262 acciones, por 65 millones de dólares. Un mes más tarde, el 24 de julio, reconoció formalmente la deuda con Monómeros Colombo Venezolanos, subsidiaria de PDVSA, que había financiado la operación. Un préstamo que difícilmente podría haberse logrado sin la intermediación de los actores políticos que gobernaban Bolivia y Venezuela en aquellos años y que se reconocían muy cercanas ideológicamente.

Los documentos financieros revelan que Inversoja no fue una empresa preexistente que decidió invertir en agroindustria, sino un vehículo específicamente diseñado para ejecutar la compra. Durante años, el pasivo registrado en sus libros como “Cuentas por pagar Gravetal Bolivia S.A.” reflejó un monto de exactamente Bs. 298,262,000, es decir, un boliviano por cada acción adquirida; una simetría contable perfecta.

En 2018, esta estructura llevó a Inversoja a reportar un patrimonio neto negativo de 2.3 millones de bolivianos, con intereses acumulados por pagar de 644 millones, mientras sus activos (la participación en Gravetal) alcanzaban 940 millones. Durante el período 2013-2018, Inversoja operó consistentemente con pérdidas netas. Las utilidades que comenzaron a reportarse desde 2020 (5.2 millones de bolivianos) hasta 2022 (113.5 millones) no provenían de operaciones comerciales (los costos de ventas eran insignificantes, apenas 15,855 bolivianos en 2021) sino exclusivamente de revalorización contable de la participación en Gravetal mediante el método del Valor Patrimonial Proporcional.

En otras palabras, Inversoja era una cáscara legal sin capital real ni operación propia, diseñada para transferir el control de Gravetal a un grupo político mediante una deuda estructuralmente impagable que, reveladoramente, Inversoja le debía a su propia subsidiaria.

Desde el primer momento se habló de que la “nueva estructura tenía monstruosa cercanía” con García Linera, palabras textuales utilizadas por el analista Marcelo Gutiérrez Vacano y respaldado por el exministro de Gobierno y uno de los últimos alfiles defensores de Morales, Carlos Romero, en 2023.

La compra realizada por este grupo afín permitió que la administración pasara a manos de actores vinculados políticamente, particularmente Juan Valdivia Almanza, hasta ese momento diputado por Cochabamba, elegido en diciembre de 2005 en la plancha con Evo Morales Ayma, y que adquirió el 35% de las acciones, así como Katarina Gumucio Stambuk, que se desempeñó como representante presidencial para Cochabamba, designada por Evo Morales, quien detenta 22% de las acciones.

Además participan:

• Hernán Martín Murillo Avaroma (25%)
• Roberto Carlos Justiniano Terrazas (18%)
• Juan Carlos Munguía Santiesteban (representante legal)

Con esta estructura, Gravetal pasó de una operación agrícola convencional a una empresa central en un esquema financiero complejo que involucra préstamos millonarios, emisiones bursátiles y fondos de inversión cerrados (SAFI) todo ello reportado en la Bolsa Boliviana de Valores y a los reguladores.

El arte de desaparecer una deuda

El verdadero golpe maestro ocurrió en el primer trimestre de 2024. Durante años, Inversoja mantuvo en sus libros un pasivo no corriente invariable de 298,262,000 bolivianos, exactamente un boliviano por cada acción de Gravetal que había comprado en 2008, registrado como “Cuentas por pagar Gravetal Bolivia S.A.” Es decir, una deuda que Inversoja le debía a su propia subsidiaria.

En diciembre de 2022, ese pasivo seguía intacto en los estados financieros auditados. Apenas 15 meses después, el 25 de marzo de 2024, el Balance de Liquidación presentado por el contador José Luis Garrido mostraba un pasivo total de cero bolivianos y un patrimonio de 990,914,306.55 bolivianos listos para distribuir.

Los documentos no explican cómo se “canceló” una deuda de casi 300 millones que la empresa matriz le debía a su propia subsidiaria. No hubo reportes de pagos masivos, capitalización de deuda, o condonación formal en los estados financieros públicos. Simplemente desapareció de los libros entre diciembre de 2022 y marzo de 2024.

Lo que sí muestran es el resultado: el 21 de marzo de 2024, los cuatro accionistas de Inversoja aprobaron por unanimidad la disolución y liquidación de la empresa. Seis días después, el 27 de marzo, aprobaron el balance de cierre y el proyecto de distribución del patrimonio. Los liquidadores designados, Tito Jimenez Vargas y Katerine Pérez Cuellar, procedieron a transferir directamente las 298,262 acciones de Gravetal a los accionistas, ahora libres de toda carga.

La distribución final quedó así:

El capital inicial de 100 mil bolivianos invertido en 2008 se había convertido en un patrimonio de 990 millones en 2024, multiplicándose 9,909 veces en 16 años. “Las vaquitas son ajenas”, sentenció la analista Edith Gálvez, parafraseando a Mercedes Sosa.

El capital de Gravetal en 2025 alcanza 951 millones de bolivianos, según los reportes de la ASFI, donde también se informa de la disolución de Inversoja y la nueva estructura societaria en la que figuran de forma directa los ya nombrados.

La lluvia de millones y los beneficios estatales

Gravetal se ha convertido en un gigante en el sector, pero no por ello ha dejado de ser una de las grandes beneficiarias de las políticas (o falta de políticas) del Gobierno, también en los últimos cinco años de gobierno de Luis Arce Catacora, principal ideólogo del funcionamiento de la actual Gestora Pública de Pensiones, pero también quien dictaba las líneas a las antiguas AFP.

Entre 2015 y 2025, Gravetal recibió más de 2.500 millones de bolivianos en financiamiento según sus memorias publicadas a través de tres instrumentos financieros, donde la presencia de las AFP y Gestora y sus 15.000 millones de dólares invertidos en la banca nacional vuelve a dejar rastro:

En solo tres semanas de 2024, la compañía obtuvo 56 millones de bolivianos provenientes de distintos bancos, incluyendo Banco FIE y Banco Fortaleza, y SAFI Fortaleza. Tres semanas con Bs 56 millones representa una intensidad 33% superior al promedio mensual de 2022 (Bs 42M). Los préstamos continuaron regularmente hasta mayo de 2025, con 17 operaciones de financiamiento en total provenientes de siete bancos y fondos, según los reportes diarios de la ASFI, coincidentes con los de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV).

En la actual coyuntura los beneficios deberían ser mayores según señala la analista Edith Gálvez, pues el esquema permitió a Gravetal obtener créditos en bolivianos en el mercado nacional, producir con combustibles subsidiados por el Estado y exportar en dólares, cobrando en cuentas extranjeras mientras pagaba los préstamos al tipo de cambio oficial, generando ganancias por arbitraje cambiario. “La inmensa mayoría de las empresas grandes se han acogido a esta fórmula en los últimos años, también Gravetal”. Aun así, se detectan “problemas” paliados con instrumentos financieros donde la mano de las AFP y, luego, de la Gestora Pública vuelve a quedar al descubierto.

Conexiones políticas y familiares

Los nombres de los accionistas de Inversoja y Gravetal son los mismos, y los personajes que pasaron por la administración de la empresa tienen conexiones empresariales familiares y políticas con la actual estructura de gobierno y la pasada, como el caso de Juan Valdivia Almanza.

Por ejemplo, Alejandro Serrate Valdivia fue gerente de Air BP (subsidiaria de British Petroleum) antes de 2008, pasó a ser miembro del Directorio de La Razón cuando Carlos Gill Ramírez compró ese medio en 2009, y luego fue representante legal de Inversoja cuando Valdivia Almanza, Gumucio Stambuk y los otros aparecieron como principales accionistas de Gravetal (99%).

En los últimos dos años aparecen más Valdivias: Eduardo Valdivia Zambrana, hijo de Juan Valdivia Almanza (el accionista mayoritario actual de Gravetal). Este hijo es, desde 2023, accionista principal del periódico Los Tiempos de Cochabamba y accionista mayoritario de Multivalores Agencia de Bolsa S.A. (capital: 11.036.000 bolivianos), y compartió esa condición con Moisés Murillo Lima quien también era subgerente de negocios de esa agencia y que desde justamente 2023 es nada menos que Gerente de Inversiones de la Gestora Pública de Seguridad a Largo Plazo (Gestora); es decir, el que decide dónde prestar el dinero del ahorro de los trabajadores bolivianos, cuyo valor supera hoy los 28 mil millones de dólares. Cabe recordar que las agencias de bolsa en Bolivia son intermediarios a comisión entre la Gestora y las empresas que necesitan préstamos.

RED DE CONEXIONES: EL CÍRCULO ÍNTIMO DEL PODER

ACTORES POLÍTICOS CLAVE:

• Luis Arce Catacora: Ex Ministro de Economía (2006-2019), responsable de la regulación del sector financiero y actual Presidente
• Álvaro García Linera: Ex Vicepresidente (2006-2019)
• Evo Morales: Ex Presidente (2006-2019)

OPERADORES FINANCIEROS:

• Jaime Durán Chuquimia: Jefe de la Gestora, ex alumno y colaborador directo de Arce
• Moisés Murillo Lima: Gerente de Inversiones de la Gestora desde junio 2023, ex socio de Eduardo Valdivia Zambrana, hijo de Valdivia Almanza, principal accionista de Gravetal
• Ninete Denisse Paz Bernardini: Asesora General del Ministerio de Economía y luego presidente del Directorio del BDP SAM y empresas vinculadas
• Edwin Rojas Ulo: Ex viceministro de Arce (2008-2015), actual presidente del BCB
• María Esther Cruz López: Jefe de la APS, ex funcionaria del BCB

BENEFICIARIOS EMPRESARIALES:

• Juan Valdivia Almanza: 35% de Gravetal, accionista principal
• Eduardo Valdivia Zambrana: Hijo del anterior, dueño de Los Tiempos, socio accionista en Multivalores Agencia de Bolsa
• Katarina Gumucio Stambuk: 22% de Gravetal, ex representante presidencial del MAS en Cochabamba
• Juan Carlos Munguía Santiesteban: Representante legal de Gravetal, ex presidente del FNDR designado por el gobierno de Evo Morales y García Linera

Millones para ocultar una pérdida

Gálvez señala que, aunque Gravetal reportó una utilidad de 148,7 millones de bolivianos en 2024, un ajuste contable no operacional de 390 millones reflejado en sus extractos oculta una pérdida operativa de 241 millones. “Esto evidencia que la empresa depende de financiamiento constante y de mecanismos contables para aparentar rentabilidad”.

En esta coyuntura el movimiento clave es la posesión de Moisés Murillo Lima (exsubgerente de negocios de Multivalores Agencia de Bolsa SA, cuyo principal accionista es Valdivia Zambrana, hijo a su vez del principal accionista de Gravetal) como Gerente de Inversiones de la Gestora el 15 de junio de 2023.

Un mes antes, había vendido sus 3,483 acciones en Multivalores a Patricia Rita García Renjifo. Cuatro días después de esa venta, Ericka Murillo Lima, que era directora suplente de Multivalores, renunció también a su cargo el 19 de mayo de 2023. Tras estos movimientos, se dispararon los préstamos millonarios.

Los números revelan una operación de financiamiento intensa. Durante 2024 se registraron 29 operaciones de préstamos bancarios a Gravetal, 19 en 2023 y 13 en 2022. La frecuencia y regularidad involucra a los bancos más importantes del país: Unión, FIE, Económico, Fortaleza, Fassil, BISA, Nacional de Bolivia y otros.

La aceleración es notable: 2023 representa un aumento del 46% respecto a 2022, y 2024 un incremento del 123% respecto a 2022. El año que Moisés Murillo Lima asume la Gerencia de Inversiones de la Gestora coincide exactamente con el inicio de esta intensificación crediticia sin precedentes.

BANCOS MÁS ACTIVOS EN EL FINANCIAMIENTO:

• Banco Unión S.A.: 12 préstamos, aprox. Bs. 700 millones
• Banco FIE S.A.: 14 préstamos, aprox. Bs. 200 millones
• Banco Económico S.A.: 13 préstamos, aprox. Bs. 380 millones
• Banco Fortaleza S.A.: 8 préstamos, aprox. Bs. 65 millones
• Otros bancos: 11 préstamos, aprox. Bs. 450 millones

El reporte del Mercado de Valores, regulado por la ASFI, muestra que Gravetal obtiene préstamos millonarios en bolivianos de tres fuentes principales:

• La banca boliviana (financiada fundamentalmente por la Gestora)
• Fondos Cerrados de Inversión (financiados por la Gestora, y administrados por SAFIs controladas en su mayor parte por bancos)
• La propia Gestora (comprando bonos y pagarés de Gravetal)

La estructura revela que las tres fuentes aparentemente distintas provienen todas del mismo lugar: el ahorro previsional de los trabajadores bolivianos. La exposición directa visible es apenas 0.0197% del fondo (USD 5.46 millones a diciembre 2024), pero la exposición indirecta vía FIC y liquidez bancaria permanece indeterminada en los registros fragmentados del sistema financiero.

Según varios analistas, el esquema funciona así: Gravetal se presta en bolivianos, produce con combustibles y energía subsidiados por el Estado boliviano, exporta y cobra en dólares en cuentas extranjeras, pero paga los créditos en bolivianos al tipo de cambio oficial, vía las SAFI, Bolsa de Valores y bancos.

Incumplimientos regulatorios

Gravetal ha sido sancionada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por retrasos en reportes y otros incumplimientos en varias ocasiones: 2004, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2024, muchas de ellas coincidiendo con periodos de alta actividad crediticia o momentos de pérdidas operativas.

Las sanciones de 2018-2019 coinciden con las pérdidas más severas de la empresa (Bs -91.4 millones en diciembre 2018 y Bs -124.8 millones en marzo 2019, la pérdida máxima histórica). La sanción de 2024 coincide con el récord absoluto de operaciones de financiamiento: 29 préstamos en un solo año. Los incumplimientos regulatorios ocurren cuando la empresa enfrenta tensión financiera y necesita mantener el flujo de crédito.

El esquema de Gravetal evidencia un modelo de “financiamiento reactivo”, dependiente de créditos de corto plazo, subsidios estatales y diferencias cambiarias. Durante 2025, más del 80% de su balance dependía de deuda a corto plazo, mientras los beneficiarios directos identificados son menos de 20 personas, según se evidencia de sus propios Estados Financieros y las evaluaciones de las calificadoras de riesgo que califican sus prospectos de emisiones de valores de oferta pública, como bonos y pagarés bursátiles.

El contexto político y económico de un desvío

En 2006 el MAS prometió nacionalizar empresas estratégicas, recuperar el control del ahorro jubilatorio y redistribuir la riqueza hacia los sectores empobrecidos. Gravetal, cuya nacionalización estuvo sobre la mesa de Evo Morales, muestra que el modelo neoliberal de financiamiento no solo se mantuvo, sino que se exprimió para permitir que un grupo reducido concentre riqueza y controle recursos estratégicos, financiados con fondos públicos.

La estructura Inversoja-Gravetal representa un caso de estudio sobre ingeniería financiera aplicada al vaciamiento patrimonial. Una empresa constituida con 100 mil bolivianos en junio de 2008 adquirió, trece días después, otra por 65 millones de dólares mediante deuda, operó con patrimonio negativo durante años mientras revalorizaba contablemente sus activos (sus “ganancias” no provenían de operación comercial alguna, con costos de venta de apenas Bs 15,855 en 2021), y finalmente liquidó en marzo de 2024 con un patrimonio de casi mil millones tras la misteriosa desaparición de cientos de millones en pasivos. Todo ello utilizando el ahorro de los trabajadores bolivianos como combustible financiero y los subsidios estatales como motor de operación.

La compra opaca de Gravetal y la avalancha de créditos millonarios plantean dudas sobre la transparencia del manejo de recursos de la Gestora Pública de Pensiones y la actuación de la ASFI. La negativa de los interpelados a dar información deja varias preguntas en el tintero: ¿Por qué no se identificaron conflictos de interés evidentes? ¿Cómo puede una deuda de 298 millones de bolivianos que una empresa le debe a su propia subsidiaria simplemente desaparecer de los libros sin explicación? ¿Cuál es el verdadero valor del ahorro de los bolivianos administrado por el Estado?

El caso Gravetal no es un episodio aislado. Empresas ya analizadas en este espacio replican prácticas similares, financiando operaciones con ahorros de trabajadores bolivianos a los que le informan de “rendimientos” del 4.4% de sus ahorros en moneda nacional cuya devaluación supera con creces esas tasas de rendimientos, como si fuese un gran logro de la administración de los mismos, reforzando la necesidad de revisar el sistema financiero y la supervisión estatal.

Gravetal representa un ejemplo de cómo la combinación de vínculos políticos, adquisición opaca mediante un vehículo societario diseñado específicamente para la operación, y beneficios estatales puede concentrar riqueza y poder económico en un grupo reducido, cuestionando las promesas de redistribución del MAS y el verdadero control sobre los recursos estratégicos del país. El flujo de miles de millones hacia la empresa refleja no solo un modelo financiero sofisticado, sino también un entramado político que permite el drenaje de recursos públicos en favor de intereses privados.

La pregunta que planteó el analista Marcelo Gutiérrez Vacano sobre la “monstruosa” cercanía con García Linera cobra ahora dimensión exacta: no se trataba de proximidad política, sino de arquitectura financiera. Una estructura donde el Estado bolivariano no nacionalizó Gravetal, pero sí privatizó el ahorro de los trabajadores bolivianos en beneficio de un círculo íntimo del poder.

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