El litio de Bolivia: garantías, condiciones y disputas no elegidas

La historia del litio boliviano empieza con Víctor Paz Estenssoro y la empresa estadounidense LITHCO, en la última parte de la década de 1980. El gobierno tenía listo un negocio de concesión. El Comité Cívico de Potosí lo rechazó por una pregunta de principio que lleva cuatro décadas sin respuesta definitiva: quién controla el recurso y en qué condiciones se lo integra al desarrollo. Fue ese rechazo —no la sabiduría de ningún funcionario— el que dejó el litio en el salar.

Años después, el 14 de febrero de 1992, el gobierno de Jaime Paz Zamora firmó en Bolivia un contrato de litio con FMC Lithium, precedido de una contratación directa que vulneró la exigencia de licitación pública. Trece días después, el mismo gobierno subió el IVA del 10 al 13%. La empresa se fue. Aquello fue, en palabras del periodista Juan José Toro Montoya, “el inicio de una serie de frustraciones sobre el litio en Bolivia”.

Treinta y tres años después, el hijo de Jaime Paz Zamora llega al mismo cruce de caminos, con el mismo recurso, la misma urgencia fiscal y las mismas potencias al otro lado de la mesa. La diferencia es que ahora hay cuatro décadas de intentos documentados —sus aciertos y sus fracasos— para aprender, aunque no sea claro si ese aprendizaje está en la mesa de negociación.

El 28 de abril de 2026, el vicesecretario estadounidense Caleb Orr y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, firmaron en La Paz un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, incluyendo el litio. La embajada de Estados Unidos declaró estar “comprometida” a trabajar con Bolivia para “asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos”.

El anuncio fue presentado por el gobierno de Paz como un hito histórico. Una alianza estratégica. La inserción de Bolivia en el comercio global del siglo XXI. Pero el texto no fue publicado en su integridad, y lo que ese memorando contiene o no, es la pregunta central de este reportaje: quién se queda con las ganancias.

Bolivia tiene 23 millones de toneladas de recursos de litio según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el mayor depósito del mundo. Sin embargo, en 2025 produjo apenas 2.400 toneladas, frente a las 56.000 de Chile. La brecha no es geológica, sino estructural: décadas de incapacidad para atraer inversión, ausencia de tecnología, falta de estudios hidrogeológicos completos y una parálisis política que convirtió el litio en promesa perpetua.

Datos técnicos

En el debate público se omiten con regularidad estos datos técnicos.

El primero: Bolivia no tiene ni una tonelada de litio en reservas certificadas. El investigador Jorge Campanini, del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), lo precisa: el país tiene 21 millones de toneladas cuantificadas como recursos. La diferencia no es semántica. Las reservas son lo que puede extraerse con tecnología disponible y a costos actuales. Los recursos son lo que hay en el suelo. Para convertir recursos en reservas hay que invertir en exploración y certificación. Bolivia no lo ha hecho.

El segundo es geoquímico. Las salmueras del Salar de Uyuni tienen una relación magnesio-litio excepcionalmente alta, lo que hace inviable la evaporación solar convencional —el método que usan Chile y Argentina— en las condiciones específicas del salar: la recuperación por ese proceso alcanzaría apenas el 30% del litio disponible. La alternativa es la extracción directa de litio, tecnología que no ha demostrado viabilidad a escala industrial en las condiciones específicas de Uyuni. Ningún funcionario del gobierno de Paz ha respondido públicamente qué estudios de viabilidad han encargado, quién los realizó y quién los financió.

El 100% boliviano: soberanía o camisa de fuerza

El fracaso técnico de YLB —691 toneladas producidas, 8,6 millones de dólares generados con 1.054 millones invertidos— tiene una explicación que el debate político simplifica en exceso. Eduardo Paz Gonzales, investigador posdoctoral en El Colegio de México que estudia las redes sociotécnicas del litio, lo desarrolló en las páginas de este medio en abril de 2026: el problema central no fue que el Estado intentara industrializar el litio, sino que la exigencia jurídica del 100% de participación estatal en YLB se convirtió, en la práctica, en una trampa técnica.

Para producir litio mediante extracción directa —la única tecnología viable en las condiciones geoquímicas del salar de Uyuni— Bolivia necesita socios tecnológicos. Ninguna empresa con esa tecnología la cede gratuitamente: exige participación en el proyecto. Pero cualquier sociedad con una empresa privada fue interpretada, en el marco jurídico del 100% estatal, como una cesión inaceptable. El caso de ACISA —la empresa mixta que YLB conformó con la alemana ACI Systems para recuperar litio de la salmuera residual— lo ilustra con exactitud: el gobierno la disolvió porque era acusada de violar el precepto soberanista. Sin ACISA, no había tecnología. Sin tecnología, no había producción.

El gobierno de Luis Arce intentó romper ese nudo con dos contratos para extracción directa de litio firmados con empresas extranjeras. El resultado fue, según el propio análisis de Paz Gonzales, lo peor de ambos mundos: los contratos violaron el precepto del 100% estatal sin ofrecer a cambio condiciones técnicas ni económicas aceptables. La crítica de Alberto Echazú —quien dirigió el litio bajo Morales— fue que los contratos de Arce traicionaban la soberanía. Pero el dilema que Echazú no resolvió era el mismo: cómo conseguir la tecnología sin un socio que la tenga.

Lo que esta historia revela no es que Bolivia deba privatizar su litio. Revela que el debate entre “100% estatal” y “apertura al privado” es una dicotomía que no resuelve el problema técnico real. Lo que hace falta es una estructura jurídica que permita sociedades tecnológicas con control estratégico estatal —distinto al control operativo absoluto— y que diferencie con precisión qué se concede y qué no.

Paz Gonzales introduce en su análisis un argumento que el debate económico puro pierde de vista: una década de trabajo técnico en las condiciones específicas del salar de Uyuni —su química, sus procesos piloto, los errores de escalamiento, los protocolos desarrollados— es conocimiento institucional que no se mide en toneladas producidas. YLB sabe cosas sobre el salar de Uyuni que ninguna empresa extranjera sabe. Ese conocimiento no aparece en los balances, pero tiene valor en cualquier negociación tecnológica.

Descartarlo —disolviendo YLB o subordinándola a un operador privado sin participación técnica real— significa que Bolivia entra a la siguiente etapa de negociación sin su activo más específico: el conocimiento acumulado de quienes han trabajado en esas salmueras. Cualquier contrato que no incluya a YLB como socio técnico activo —no como receptora pasiva de regalías— cede ese conocimiento sin precio.

Las garantías del memorando

El texto del memorando de entendimiento firmado en abril de 2026 no establece garantías de industrialización en territorio boliviano. No obliga a ninguna empresa estadounidense a construir plantas de procesamiento en el país. No define mecanismos de transferencia tecnológica. No establece porcentajes mínimos de valor agregado local.

Lo que sí establece es el marco para atraer inversión extranjera en el sector y para compartir tecnología —en términos que serán definidos en negociaciones posteriores, en las que Bolivia llegará con menos poder del que tiene hoy, porque los contratos específicos se firmarán cuando la urgencia de dólares siga siendo tan real como en noviembre de 2025.

El ejemplo chileno permite comprender la diferencia entre ser un país proveedor que exporta litio en bruto y ser un país productor que exporta baterías procesadas. Chile tardó décadas en construir un modelo de renta soberana del cobre a través de CODELCO, la empresa estatal que hoy es el mayor productor de cobre del mundo. Bolivia está negociando el acceso a sus recursos sin ninguna institución equivalente, sin la tecnología necesaria y en el peor momento posible desde el punto de vista de su capacidad de negociación.

China y la disputa no elegida

El contexto geopolítico hace más compleja la ecuación. China controla el 80% del refinamiento de litio global y el 70% de la manufactura de baterías a nivel mundial. Bajo los gobiernos del MAS, firmó contratos con CATL y Uranium One para desarrollar el litio boliviano por un total de 2.800 millones de dólares. Esos contratos nunca fueron ratificados por el Congreso boliviano.

Estados Unidos llega tarde al juego del litio latinoamericano y, en consecuencia, llega con prisa. Bolivia, necesitada de dólares, es el socio ideal para desplazar a China de una posición estratégica en el Sur. Pero un memorando de entendimiento no es una garantía de desarrollo, sino, en el mejor caso, una declaración de intención. En el peor, es el primer paso de un contrato de extracción que beneficiará principalmente a inversores privados estadounidenses.

El gobierno boliviano se encontró, así, en el centro de una disputa geopolítica entre las dos mayores potencias del mundo sin haber definido previamente cuál es su posición estratégica ni qué condiciones no está dispuesto a ceder. La urgencia financiera hizo esa definición imposible.

Lo que Argentina y Chile enseñan con datos en mano

Dos países vecinos ya recorrieron el camino que Bolivia empieza. Sus lecciones no son ideológicas, sino verificables.

En Argentina, Rio Tinto adquirió Arcadium Lithium en octubre de 2024 por 6.700 millones de dólares y controla hoy los principales proyectos del noroeste. Las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca reciben regalías de entre el 3% y el 5%, registran tasas de pobreza superiores al 40% y negocian individualmente, sin coordinación nacional. La economista Candelaria Oviedo, de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, describió que el régimen tributario del litio está pensado para atraer inversión privada, no para planificar desarrollo ni para cuidar el territorio.

En Chile, la concesión del Salar de Atacama fue firmada en 1995 con SQM —empresa privatizada durante la dictadura en beneficio del yerno de Pinochet— a cambio de una renta fija de 15.000 dólares anuales por 180.000 toneladas de litio en 30 años. El gobierno de Boric recuperó en 2025 participación estatal, pero sin opciones reales: el que llegó primero ya había fijado las condiciones del juego.

Bolivia aún tiene tiempo para aprender de los errores de sus vecinos. Si alcanzara 100.000 toneladas anuales de producción —escala que Chile y Argentina ya operan— a los precios de comienzos de 2026, los ingresos brutos rondarían los 2.000 millones de dólares al año. Cuatro veces lo que el país gasta en importar combustibles.

El FMI como condicionante

Es en tal escenario que puede explicarse la llegada de Bolivia al FMI. Seis meses después de asumir, el ministro de Presidencia José Luis Lupo confirmó negociaciones con el organismo para un crédito de hasta 3.300 millones de dólares. Paz había prometido en campaña que no recurriría al FMI, pero el compromiso duró menos de un semestre.

El patrón es conocido en América Latina. Los préstamos del FMI vienen acompañados de condicionalidades que, en el caso boliviano, incluyen la apertura de sectores estratégicos a la inversión privada, la reducción del Estado empresarial y la flexibilización del mercado laboral. La “apertura de Bolivia al mundo” que el presidente predica es, en términos concretos, la apertura de Bolivia a las condiciones que esos prestamistas exigen a cambio del crédito.

El FMI y el Banco Mundial proyectan que Bolivia cerrará 2026 con una contracción de entre -3,2% y -3,3% y una inflación del 20,7%. Con una deuda externa que supera los 13.700 millones de dólares y más de 8.000 millones adicionales comprometidos en los primeros seis meses del gobierno de Paz —CAF: 3.100 millones, BID: 4.500 millones, más compromisos con el Banco Mundial—, el margen fiscal para las próximas administraciones es extremadamente estrecho, independientemente de qué partido gobierne.

Deuda y poder de negociación

La fragilidad del Estado también es judicial. El 21 de abril de 2026, el Tribunal Supremo de los Países Bajos desestimó el último recurso boliviano en el caso BBVA, por lo que Bolivia deberá pagar aproximadamente 105 millones de dólares al banco español por la gestión fallida del traspaso de pensiones a la Gestora Pública estatal.

El origen no fue la estatización en sí —el tribunal arbitral reconoció el derecho de Bolivia a tomarla—, sino que el Estado no cumplió sus propios plazos. La Ley de Pensiones fue promulgada en 2010; el traspaso se completó en mayo de 2023. Los trece años de demora permitieron que el arbitraje describa al BBVA como un “rehén del Estado”.

El procurador general Hugo León La Faye cuantificó el pasivo completo del país: 28 procesos arbitrales internacionales, dos victorias, más de 479 millones de dólares en condenas y obligaciones pendientes. Esta acumulación hace imposible llegar a la mesa del litio con poder real de negociación.

La colocación de bonos del 7 de mayo modifica parcialmente ese cuadro, pero no de la manera en que el gobierno presenta. Bolivia tiene ahora 1.000 millones de dólares frescos en el Banco Central. Eso reduce la urgencia más inmediata. Pero la tasa del 9,45% a cinco años convierte ese alivio de corto plazo en una presión de mediano plazo: los bonos vencen en 2031, potencialmente bajo una administración diferente que heredará la obligación sin haber manejado los recursos.

Un país que necesita refinanciar 1.000 millones de dólares en cinco años —al mismo tiempo que potencialmente comienza a producir litio a escala industrial— no llega a la mesa de negociación en posición de fuerza. En comparación con los primeros bonos soberanos de 2012 —4,95% a diez años—, cada punto porcentual adicional en la tasa de interés y cada año menos en el plazo es una medida objetiva de cuánto se degradó la posición de Bolivia como deudor en el mercado internacional.

Esa degradación es lo que Espinoza llama “reducción de la percepción de riesgo”. Lo que el mercado le cobró confirma que esa reducción, si ocurrió, fue parcial.

Extractivismo con nuevas etiquetas

Edith Gálvez, analista política, señala que la narrativa del desarrollo tecnológico no debe confundirse con su realidad: “Cuando un país exporta litio en bruto y recibe a cambio crédito, tecnología y seguridad, está reproduciendo la misma lógica de intercambio desigual del siglo XIX, solo que con terminología del siglo XXI. El valor agregado, es decir, la fabricación de baterías, la manufactura de componentes, y la innovación, se queda fuera. Dentro queda el hoyo en el salar”.

El patrón de apertura no se limitó al litio. El Decreto Supremo 5598, aprobado en el mismo período, introdujo participación privada en la producción y comercialización de electricidad, modificando segmentos del sistema eléctrico que habían sido de control estatal exclusivo. Cuatro impuestos adicionales fueron abrogados en beneficio del sector empresarial. La dirección es consistente: lo que cambia de parte a parte no es la lógica, sino el sector.

La Central Obrera Boliviana declaró “emergencia permanente” por el temor a que el gobierno replique las reformas laborales de Milei en Argentina, y advirtió que los préstamos “desproporcionales” comprometían la soberanía económica del país. Tal advertencia no ha sido respondida con datos concretos sobre las condicionalidades de los créditos.

La DEA: soberanía de seguridad cedida

El regreso de la DEA no puede separarse del contexto del litio. El 13 de noviembre de 2025, apenas cinco días después de asumir, el ministro del Interior anunció el regreso de la agencia antidrogas estadounidense a Bolivia tras 17 años de ausencia. El viceministro Ernesto Justiniano declaró: “Sin la DEA, caímos atrás en la lucha, combatiendo con los ojos vendados”.

El primer efecto político verificable del retorno fue inmediato y preciso. El 8 de enero de 2026, un helicóptero con funcionarios de la DEA sobrevoló el Chapare. Ese mismo día, Evo Morales canceló su programa radial dominical y desapareció de la escena pública durante seis semanas. Sus seguidores elevaron la guardia campesina de 2.000 a 7.000 personas. El Ministerio de Gobierno describió el Chapare como una especie de “detención domiciliaria de facto” del expresidente. Morales reapareció el 19 de febrero en un acto en Chimoré, atribuyendo su ausencia a un cuadro de chikungunya. La demostración era doble: la DEA funciona como herramienta de presión geopolítica interna, y Morales —sin representación parlamentaria, con orden de aprehensión vigente y sin partido habilitado para las elecciones subnacionales— sigue siendo la variable que más mueve el tablero.

Lo que ese regreso significa en términos concretos es dar acceso estadounidense a bases de datos de inteligencia policial boliviana, coordinación de operaciones bajo criterios definidos en Washington, y una presencia institucional permanente en el aparato de seguridad del Estado.

Trump utilizó la narrativa antinarcóticos para presionar a Bolivia, mientras simultáneamente indultaba a Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño condenado a 45 años de prisión precisamente por colaborar con carteles para inundar Estados Unidos de cocaína. El doble estándar no pasó desapercibido para los analistas de la región, pero tampoco generó ninguna declaración oficial del gobierno boliviano.

Lo que está en juego

Los expertos coinciden en que Bolivia tiene una oportunidad histórica con el litio, y los peores antecedentes institucionales posibles para capitalizarla en beneficio propio.

El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) fijó su posición y no permitirá que salga una sola carga de litio del departamento si el contrato no beneficia a su población. Roxana Graz, presidenta de la organización, lo resumió en una frase: “Nosotros, que somos los dueños de los minerales, nos quedamos con miserias y contaminación”.

La resistencia de Potosí, con una huelga de hambre de nueve días, obligó a Jaime Paz Zamora a convocar licitación en 1992. Las comunidades de Nor Lípez, cuyo territorio es el más directamente afectado por cualquier extracción a escala industrial, no tienen representación en las negociaciones del memorando firmado en abril de 2026.

“Esto no se va a resolver con ningún decreto ni memorando, sino con la capacidad del Estado boliviano para negociar desde una posición de fuerza, con instituciones sólidas, con tecnología propia o transferida efectivamente, y con la urgencia financiera bajo control”, define Gálvez.

En mayo de 2026, ninguna de las condiciones señaladas se ha cumplido.

Los Acuerdos de Isaac y la reorientación geopolítica de Bolivia

El 19 de abril de 2026, el presidente argentino Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu firmaron en Jerusalén los denominados Acuerdos de Isaac. Se trata de la versión latinoamericana de los Acuerdos de Abraham que Trump promovió en su primer mandato para normalizar relaciones entre países árabes e Israel.

Los Acuerdos de Isaac establecen una plataforma de cooperación diplomática, comercial, de seguridad e inteligencia artificial entre Israel y los países de la región que compartan, en los términos del acuerdo, “valores democráticos”. Las áreas de cooperación incluyen defensa, ciberseguridad, tecnología agrícola, ecosistema de startups e inteligencia artificial.

Bolivia no firmó los Acuerdos de Isaac, pero su posicionamiento previo la inscribe implícitamente en ese eje. El 1 de diciembre de 2025, el gobierno de Paz eliminó el requisito de visa para ciudadanos israelíes. Ese mismo mes restableció plenas relaciones diplomáticas con Israel —rotas desde 2009— y el canciller israelí Gideon Sa'ar celebró la decisión públicamente.

Bolivia restableció relaciones con Israel antes de que los Acuerdos de Isaac existieran formalmente, reorientándose en ese eje antes que se formalizara.

La red Numen-Parscale que asesoró a Milei, a Paz y a Asfura en Honduras es la misma que traza el mapa de los países que se incorporan al proyecto EE. UU.-Israel en América del Sur. Bolivia no tomó esa decisión en un debate parlamentario ni en una consulta popular. La tomó en los primeros días de un gobierno recién instalado, en el contexto de una crisis financiera que limitaba sus opciones.

BOLIVIA INSTRUMENTALIZADA:
LA RED QUE CAPTURÓ UN ESTADO

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PARTE 2 — Fernando Cerimedo, el hombre de MAGA que asesora a Paz | El consultor sin cargo que el vicepresidente llamó “el asesor personal” del presidente

PARTE 3 — Numen y Parscale: la máquina de ganar elecciones opera en Bolivia | Tres victorias en dos años. Argentina, Bolivia, Honduras. La misma consultora

► PARTE 4 — El litio de Bolivia: garantías, condiciones y disputas no elegidas | El recurso más valioso del mundo y el país menos preparado para negociarlo

PARTE 5 — Starlink en Bolivia: ¿Conectividad o soberanía comprometida? | El primer eslabón de un ecosistema tecnológico instalado en 77 días

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PARTE 7 — Bolivia, Argentina y Honduras: la misma consultora, el mismo programa económico | El mismo manual, aplicado con dos años de diferencia y los mismos socios

PARTE 8 — Bolivia en la próxima década: Escenarios posibles | Cinco futuros posibles y las variables que ningún gobierno puede ignorar

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En 77 días, una empresa que había sido prohibida pasó a ser operativa en Bolivia. Pero Starlink no llega sola: es el primer eslabón de un ecosistema que incluye a Palantir, a un ex asesor de Palantir que hoy es subsecretario de Estado, y a tres proyectos de ley bolivianos que prohibirían exactamente lo que ese ecosistema vende. Llevan meses durmiendo en comisión.

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