Bolivia, el país que llegó quebrado a las urnas

El 17 de agosto de 2025, Bolivia votó por primera vez desde una posición de extrema fragilidad. No era simplemente que hubiera un candidato popular o que la oposición estuviera unida. Era que el Estado había dejado de funcionar como garante de condiciones mínimas de vida para millones de bolivianos, y esa quiebra creó el vacío que otros supieron aprovechar.

Los números cuentan la historia. La inflación llegó al 20,4%. El déficit fiscal se acercó al 12% del PIB. Las reservas internacionales, en los momentos más críticos de la transición, cayeron a apenas 50 millones de dólares en disponibilidades líquidas, una cifra que cualquier economista latinoamericano describiría como emergencia nacional. El dólar paralelo llegó a cotizarse a 20 bolivianos por unidad, más del doble del tipo de cambio oficial. La escasez de divisas paralizaba importaciones básicas: alimentos, medicamentos, combustible. El Fondo Monetario Internacional, en su consulta del Artículo IV, calificó la situación como “insostenible”.

La causa estructural era conocida desde años antes. Bolivia había construido su prosperidad entre los años 2006 y 2018 sobre los ingresos del gas natural. Cuando la producción comenzó a decaer, pasando de 60 a menos de 30 millones de metros cúbicos diarios, y los precios internacionales se contrajeron, el modelo colapsó. El Estado empresarial del MAS, que había invertido en empresas públicas con rendimientos escasos, no tenía cómo reemplazar esa fuente de ingresos. Bolivia empezó a importar más del 80% del diésel que consumía. El país más rico en recursos naturales de la región no podía abastecerse de combustible.

Reservas mínimas
Bolivia tenía apenas 50 millones de dólares en disponibilidades líquidas al momento del cambio de gobierno. Seis meses después anunciaba reservas de 3.813 millones —con un crédito del BCB de 16.000 millones de bolivianos contabilizado entre sus activos.

Bolivia llegó a ese momento también con un pasivo judicial sin precedentes. El procurador general Hugo León La Faye reveló que el Estado había enfrentado 28 procesos de arbitraje internacional. Ganó exactamente dos. Los 26 restantes derivaron en condenas u obligaciones de pago que superan los 479 millones de dólares, concentrados en seis casos: Pan American Energy, Glencore, BBVA, Euro Telecom, Red Eléctrica Internacional y Quiborax. Al momento del cambio de gobierno, Bolivia debía además 2,5 millones de dólares a sus propios abogados defensores, sin pagar desde 2023. En tal medida estaba previamente limitada la capacidad de negociación de cualquier gobierno que llegara.

El hartazgo como palanca

Más que ideológico, el agotamiento de la ciudadanía era existencial. Las colas para conseguir combustible, la caída del poder adquisitivo, la inflación que erosionaba los salarios cada semana. En ese contexto, cualquier candidato que no representara al MAS tenía una ventaja inicial enorme. Lo que nadie anticipó, ni las encuestadoras, ni los analistas, ni los propios partidos de oposición, fue quién capitalizaría ese hartazgo.

Rodrigo Paz Pereira no era el candidato obvio. Político de origen tarijeño, nacido en Santiago de Compostela, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, las encuestas lo ubicaban en tercer lugar semanas antes de la primera vuelta. Su nombre era conocido en los círculos del poder político boliviano, pero su candidatura no generaba entusiasmo. Carecía de la radicalidad de los candidatos libertarios y de la estructura orgánica de los partidos tradicionales.

Lo que cambió fue la comunicación. En el tramo final de la campaña, la estrategia digital de Paz dio un giro preciso: en lugar de proponer, reflejar. En lugar de debatir, construir cercanía. Las redes sociales del candidato empezaron a mostrar a un hombre que viajaba, que escuchaba, que era distinto. El propio Paz reconoció públicamente que la estrategia fue obra de su hija mayor, Catalina Paz Urquidi, graduada de la Academia Numen, la escuela de marketing digital fundada por el consultor argentino Fernando Cerimedo. “Ella me dijo: padre, no hay que cambiar nada más que reflejar lo que estás haciendo, viajar por el país”, declaró Paz en agosto de 2025.

El 17 de agosto, Paz obtuvo el 32% de los votos. El 19 de octubre, en el primer balotaje de la historia boliviana, ganó con el 54,5% frente a Jorge “Tuto” Quiroga. El 8 de noviembre de 2025 asumió la presidencia.

Lo que el resultado no decía

Una elección es un momento. Lo que vino después fue una reconfiguración. El país, con 23 millones de toneladas de recursos de litio según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el mayor depósito del mundo, quedó disponible para decisiones que no habían sido sometidas al escrutinio de los votantes. Y esta situación tiene un antecedente familiar.

En 1992, el gobierno de Jaime Paz Zamora firmó un contrato de litio con FMC Lithium, precedido de una contratación directa que vulneró la ley que exigía licitación pública, según documentó el periodista Juan José Toro Montoya. Potosí respondió con huelgas de hambre. El contrato se salvó con una licitación. Y trece días después de firmarse, el gobierno subió el IVA del 10 al 13%. La empresa se fue.

Rodrigo Paz llega al mismo cruce, con el mismo recurso y el mismo apuro, pero con cuatro décadas de errores documentados que su predecesor familiar no tenía. Sin embargo, en menos de cinco días desde la asunción, el nuevo gobierno anunció el regreso de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense que había sido expulsada en 2008. En menos de un mes, Bolivia restablecía relaciones diplomáticas plenas con Israel y eliminaba el requisito de visa para ciudadanos israelíes. En menos de siete semanas, el presidente promulgaba un decreto que autorizaba a Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, a operar en el país.

La velocidad de esas decisiones sorprendió incluso a los observadores más experimentados de la política boliviana. No eran el producto de debates parlamentarios ni de consultas populares. Eran decretos ejecutivos, anuncios presidenciales, actos administrativos. La “apertura al mundo” que Paz había prometido en campaña se materializó en semanas, con una precisión que sugería que las decisiones habían sido preparadas antes de que los votos fueran contados.

Nada pasó por debate parlamentario. El gobierno, con minoría en la Asamblea Legislativa, usó el decreto ejecutivo para las decisiones de mayor impacto en política exterior y energética. Esa minoría parlamentaria condiciona la gestión entera y explica por qué la democracia pactada —coaliciones de gobernabilidad construidas por encima del debate popular— volvió al centro de la política boliviana antes de cerrar el primer semestre.

Reservas como condición

Entender por qué Bolivia aceptó las condiciones que aceptó exige entender la urgencia del momento. Cincuenta millones de dólares en reservas líquidas marcaron la diferencia entre poder sostener las importaciones básicas del país durante días o no poder hacerlo. Un gobierno que llega al poder en esa condición no tiene capacidad real de negociación. Cualquier oferta de dólares, en forma de créditos multilaterales, inversiones extranjeras, o memorandos de entendimiento, llega con una urgencia que anula la posibilidad de rechazar sus condiciones.

El FMI lo sabe. El Banco Interamericano de Desarrollo lo sabe. Los inversores privados en litio lo saben. La fragilidad financiera de Bolivia notoria desde marzo de 2023 y acentuada en noviembre de 2025 no fue solo un problema macroeconómico, sino que se convirtió en la condición estructural que redefinía quién tenía el poder real en la negociación.

Según la analista Edith Gálvez, “un Estado que necesita dólares de forma urgente no es soberano en sentido pleno. Sus opciones están acotadas por quién puede proveer esos dólares, en qué plazo y bajo qué condiciones. Bolivia llegó al cambio de gobierno en la peor posición posible para negociar. Y a esa posición se llegó gracias a las decisiones políticas que se tomaron al menos en los últimos cinco años”.

El 7 de mayo de 2026, el gobierno confirmó la colocación de 1.000 millones de dólares en bonos soberanos en el mercado internacional, con tasa anual de 9,45%, y plazo de cinco años. El ministro de Economía Gabriel Espinoza destacó que la demanda alcanzó cinco veces el monto ofertado y que 166 inversores calificados participaron en la operación.

La narrativa oficial celebró el regreso de Bolivia a los mercados de capitales, pero omitió que los primeros bonos soberanos bolivianos, colocados en 2012, costaron el 4,95% a diez años. El país paga hoy casi el doble de tasa por la mitad de plazo. Esa diferencia es el precio que el mercado le cobra a una década de deterioro institucional, medido en puntos porcentuales.

La deuda externa pública cerró diciembre de 2025 en 14.131 millones de dólares —el 24,6% del PIB—, según datos del Banco Central. Solo en 2025, Bolivia pagó más de 1.520 millones de dólares por servicio de deuda entre capital, intereses y comisiones. A esa cifra se suma ahora la nueva emisión, más los créditos ya anunciados con la CAF y el BID —programas de hasta 7.000 millones de dólares—, más 100 millones de cooperación japonesa (JICA) y 30 millones adicionales del BID aprobados a fines del año anterior.

Simultáneamente, el nuevo gobierno suscribió con el Banco Central de Bolivia un crédito de 16.000 millones de bolivianos para el pago de sueldos y aguinaldos —exactamente el mecanismo que Paz había descrito en campaña como “usar el BCB como caja chica” de sus predecesores.

El total de obligaciones financieras comprometidas en el primer semestre del gobierno de Paz supera los 21.700 millones de dólares. Quien pague esa deuda no será necesariamente quien la contrajo.

El primer balotaje

El episodio de los tuits racistas del candidato Juan Pablo Velasco, de la Alianza Libre, merece mención aparte. Según varios medios bolivianos, fue el equipo de Numen —la consultora argentina de Cerimedo— el que identificó y difundió masivamente esos mensajes durante la campaña de segunda vuelta. La difusión cambió la dinámica electoral, pues “Tuto” Quiroga parecía un candidato con posibilidades de crecimiento, pero la caída de su compañero de fórmula favoreció directamente a Paz. Si es cierto —y los medios que lo reportaron no han sido desmentidos—, es la primera señal documentable de que la red Numen operó en suelo boliviano no solo con estrategia de posicionamiento sino con operaciones de información diseñadas para dañar a un adversario.

Bolivia votó en un contexto de colapso, sin decidir a quién, exactamente —incluso pese a la presencia de Edmand Lara en la fórmula—, le estaba abriendo la puerta.

Qué significó el primer balotaje de la historia boliviana

Bolivia introdujo el balotaje como mecanismo para garantizar que el presidente electo cuente con un respaldo popular más amplio que el que permite el sistema de mayoría simple. La reforma fue aprobada en el marco de la nueva Constitución Política del Estado del año 2009, pero su aplicación práctica solo se concretó por primera vez en las elecciones de 2025.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en primera vuelta, o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos sobre el segundo, se convoca a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. En la elección de agosto de 2025, Rodrigo Paz obtuvo el 32% y “Tuto” Quiroga el 28%, por lo que ambos pasaron al balotaje el 19 de octubre.

El resultado de esa segunda vuelta —54,5% para Paz frente al 45,5% de Quiroga— marcó un hito institucional y reveló un dato relevante para analizar la naturaleza del mandato de Paz: casi la mitad de los votantes que participaron en esa segunda vuelta prefirieron a su contrincante. El margen de victoria fue real pero no abrumador, y su base de apoyo en el Congreso era minoritaria.

Resultado, un gobierno con minoría parlamentaria, un mandato disputado y una agenda económica que chocaba con las expectativas de los sectores que lo votaron para frenar al MAS, pero no necesariamente para aplicar un programa de apertura acelerada. La urgencia del ajuste económico y la rapidez de las decisiones geopolíticas de los primeros meses del gobierno de Paz difícilmente habrían podido pasar por debate parlamentario. Por eso no pasaron.

El balotaje, mecanismo pensado para dar mayor legitimidad al ejecutivo, puede también producir presidentes con mandatos más estrechos de lo que el porcentaje final sugiere. Y en el caso concreto, la clave está en quiénes votaron por la fórmula Paz-Lara y dónde están ubicados geográfica y socialmente esos votos.

BOLIVIA INSTRUMENTALIZADA:
LA RED QUE CAPTURÓ UN ESTADO

► PARTE 1 — Bolivia, el país que llegó quebrado a las urnas | Cómo el colapso de una década abrió la puerta a lo que vino después

PARTE 2 — Fernando Cerimedo, el hombre de MAGA que asesora a Paz | El consultor sin cargo que el vicepresidente llamó “el asesor personal” del presidente

PARTE 3 — Numen y Parscale: la máquina de ganar elecciones opera en Bolivia | Tres victorias en dos años. Argentina, Bolivia, Honduras. La misma consultora

PARTE 4 — El litio de Bolivia: garantías, condiciones y disputas no elegidas | El recurso más valioso del mundo y el país menos preparado para negociarlo

PARTE 5 — Starlink en Bolivia: ¿Conectividad o soberanía comprometida? | El primer eslabón de un ecosistema tecnológico instalado en 77 días

PARTE 6 — HondurasGate: Lo que Bolivia tiene que escuchar | Los 37 audios que documentan cómo la red cobra su apoyo en compromisos de Estado

PARTE 7 — Bolivia, Argentina y Honduras: la misma consultora, el mismo programa económico | El mismo manual, aplicado con dos años de diferencia y los mismos socios

PARTE 8 — Bolivia en la próxima década: Escenarios posibles | Cinco futuros posibles y las variables que ningún gobierno puede ignorar

Siguiente: El hombre que no aparece en ningún organigrama

El consultor argentino que formó a la hija del presidente en técnicas de campaña digital, que el vicepresidente identificó como su asesor personal, y que no rinde cuentas ante ninguna institución boliviana lleva seis meses operando desde el centro del poder. Reconstruimos su trayectoria, su red y el círculo de seis personas que toman las decisiones estratégicas del gobierno sin figurar en ningún cargo oficial.

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