HondurasGate: Lo que Bolivia tiene que escuchar

El 29 de abril de 2026, el portal de investigación HondurasGate y Canal RED publicaron en exclusiva 37 archivos de audio grabados entre enero y abril de ese año a través de WhatsApp, Signal y Telegram.

Una voz identificada mediante análisis forense como la del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por colaborar con carteles de droga para inundar el mercado estadounidense de cocaína— describía, en esas grabaciones, una operación de injerencia política de alcance regional.

La autenticidad de los audios fue verificada mediante el Phonexia Voice Inspector, una herramienta forense utilizada por agencias de inteligencia en más de 60 países. En cuatro días, el portal que los publicó recibió 39.618 intentos de ataque cibernético. La geolocalización de esos ataques mostró vectores provenientes principalmente de Estados Unidos e Israel.

La represalia digital es, en sí misma, una forma de confirmación.

Qué dicen los audios

El contenido de las grabaciones tiene cinco ejes documentados por HondurasGate y Canal RED.

El primero es el indulto como transacción. En los audios, la voz identificada como Hernández afirma que su liberación de prisión en Estados Unidos —Trump lo indultó de una condena a 45 años por narcotráfico— fue pagada con “dinero de una junta de rabinos” y que Netanyahu “tuvo todo que ver” con su puesta en libertad. La narrativa oficial del “indulto humanitario” de Trump se derrumba, según las propias palabras atribuidas al beneficiario.

El segundo eje es la operación de desinformación. Los audios revelan un plan para crear una “unidad de periodismo digital” con sede en Estados Unidos, financiada con 150.000 dólares, para producir y difundir “expedientes” sobre los gobiernos de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia. El objetivo explícito: erosionar a los gobiernos progresistas mediante campañas que no puedan rastrearse hasta Honduras.

El tercero es el dinero de Milei. Una grabación menciona que el presidente argentino Javier Milei contribuyó con 350.000 dólares para la conformación del equipo de comunicación de la operación. El gobierno argentino negó la acusación.

El cuarto eje es el compromiso legislativo sobre inteligencia artificial. Los audios revelan que Honduras se habría comprometido a diseñar legislación que favorezca a las empresas de IA de Estados Unidos e Israel como condición del apoyo recibido de la red, lo que convierte al HondurasGate en la descripción de un modelo de cobro dentro del escándalo de corrupción.

El quinto es la expansión de las ZEDES —Zonas de Empleo y Desarrollo Económico—, mecanismos de entrega territorial a capitales extranjeros que organizaciones de derechos humanos hondureñas han denunciado como un modelo de cesión soberana encubierta.

La conexión boliviana directa

El HondurasGate no es un escándalo hondureño con ecos regionales. Es un escándalo regional con epicentro en Honduras. La conexión es precisa, pues la misma red que operó en Honduras operó en Bolivia.

Numen-Parscale asesoró a Nasry Asfura en Honduras y a Rodrigo Paz en Bolivia. Cerimedo fue, según el New York Times, “figura prominente” en la campaña de Asfura y es, según el vicepresidente boliviano Lara, “el asesor personal” de Paz.

Lo que los audios revelan es que la consultoría de Numen no es un servicio comercial ordinario. No es la relación entre un cliente que paga y un proveedor que entrega. Es una operación política con compromisos de retorno que no siempre se hacen explícitos en los contratos públicos —si es que existen contratos públicos.

El esquema que emerge de los audios es el siguiente: la red apoya a un candidato, gana la elección, y a cambio el gobierno electo adopta determinadas decisiones de política pública —legislación favorable a empresas de tecnología de EE. UU. e Israel, expansión de zonas de cesión territorial, apertura a la DEA, reorientación geopolítica. Las decisiones tomadas no se negocian en una rueda de prensa, sino en los meses previos a la elección, entre el consultor y el candidato, sin que los votantes sepan qué está en la mesa.

Quién pregunta en Bolivia

Al momento del cierre de esta investigación, ningún medio boliviano ha planteado públicamente las preguntas que el HondurasGate vuelve urgentes: ¿Qué negoció la red Numen con Rodrigo Paz a cambio de su apoyo? ¿El gobierno de Paz asumió un compromiso similar sobre legislación de inteligencia artificial como condición del apoyo de la red?

Los tres proyectos de ley bolivianos que regulan vigilancia masiva e IA —PL-310, PL-288 y PL-102— llevan meses sin debate en comisión. La respuesta puede ser que no se negoció nada, que Numen simplemente ofreció sus servicios a cambio de honorarios y que las decisiones del gobierno de Paz son producto exclusivo de las convicciones y el programa del presidente. Esa respuesta es posible.

Pero el HondurasGate demuestra que existe otro modelo, documentado en audios verificados, en el que la misma red cobra su apoyo en moneda de política pública. Que ese modelo se haya aplicado en Honduras —un país donde Numen también operó— crea una obligación periodística y democrática de preguntar si se aplicó también en Bolivia.

Las decisiones del gobierno de Paz que más directamente benefician a los intereses de la red son verificables: Starlink, la DEA, el restablecimiento con Israel, el memorando de litio con Estados Unidos. Todas ocurrieron en los primeros seis meses. Todas son coherentes con el patrón que los audios del HondurasGate describen para Honduras.

La represalia digital como dato

Los 39.618 intentos de ataque cibernético en un solo día al portal HondurasGate merecen atención, pues revelan el comportamiento de actores que sienten que tienen algo que perder. La geolocalización de los vectores —provenientes principalmente de Estados Unidos e Israel— sugiere que los intereses afectados por la publicación de esos audios están radicados en esas jurisdicciones.

Edith Gálvez, analista política, señala con preocupación que “lo que el HondurasGate revela no es solo que existe corrupción en la política regional, porque eso ya lo sabemos. Aquí se trata de la existencia de un sistema organizado, con recursos tecnológicos sofisticados, para proteger esa corrupción de la exposición pública. Cuando un portal de investigación recibe 40.000 ataques en un día después de publicar grabaciones incómodas, podemos darnos cuenta que el sistema funciona”.

Los pasos al frente

Entre los trabajos periodísticos pendientes en Bolivia —posibles gracias a la existencia, al menos parcial, de documentos—, encontramos el análisis cláusula por cláusula de los contratos del FMI con Argentina y con Bolivia, comparando las condicionalidades; el rastreo de los honorarios de Numen en la campaña boliviana y su fuente de financiamiento; y la comparación de la legislación sobre tecnología e inteligencia artificial que Bolivia podría adoptar con los compromisos que los audios del HondurasGate describen para Honduras.

Lo que falta es la voluntad política.

Juan Orlando Hernández: de presidente condenado a capo indultado

Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022. Durante su mandato fue acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de haber recibido millones de dólares del cartel de Sinaloa y del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de protección e información sobre operaciones antidrogas. Fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado a 45 años de prisión en 2024.

Su caso fue durante años el argumento central de Estados Unidos para justificar la presión antidrogas sobre Honduras. Trump lo usó como símbolo de la corrupción latinoamericana que su política exterior supuestamente combatía.

En noviembre de 2025, días antes de las elecciones hondureñas en las que Numen y Parscale asesoraban a Nasry Asfura —candidato apoyado públicamente por Trump—, el expresidente fue indultado. La justificación oficial fue humanitaria. Los audios del HondurasGate, verificados forense y periodísticamente, atribuyen al propio Hernández una versión muy diferente: que el indulto fue el resultado de una transacción política mediada por dinero y por la intervención del gobierno israelí.

El indulto de Hernández y el papel de Numen en la campaña hondureña que benefició de ese indulto no son datos separados. Son parte de la misma operación. Un candidato que ganó con el apoyo de la red que incluye a Cerimedo y Parscale. Un expresidente condenado por narcotráfico que fue liberado días antes de esa elección. Una victoria que derivó en compromisos legislativos y geopolíticos descritos en los audios filtrados.

Para Bolivia, este esquema tiene relevancia directa: la misma red que orquestó esa operación en Honduras fue la que operó en Bolivia en 2025.

BOLIVIA INSTRUMENTALIZADA:
LA RED QUE CAPTURÓ UN ESTADO

PARTE 1 — Bolivia, el país que llegó quebrado a las urnas | Cómo el colapso de una década abrió la puerta a lo que vino después

PARTE 2 — Fernando Cerimedo, el hombre de MAGA que asesora a Paz | El consultor sin cargo que el vicepresidente llamó “el asesor personal” del presidente

PARTE 3 — Numen y Parscale: la máquina de ganar elecciones opera en Bolivia | Tres victorias en dos años. Argentina, Bolivia, Honduras. La misma consultora

PARTE 4 — El litio de Bolivia: garantías, condiciones y disputas no elegidas | El recurso más valioso del mundo y el país menos preparado para negociarlo

PARTE 5 — Starlink en Bolivia: ¿Conectividad o soberanía comprometida? | El primer eslabón de un ecosistema tecnológico instalado en 77 días

► PARTE 6 — HondurasGate: Lo que Bolivia tiene que escuchar | Los 37 audios que documentan cómo la red cobra su apoyo en compromisos de Estado

PARTE 7 — Bolivia, Argentina y Honduras: la misma consultora, el mismo programa económico | El mismo manual, aplicado con dos años de diferencia y los mismos socios

PARTE 8 — Bolivia en la próxima década: Escenarios posibles | Cinco futuros posibles y las variables que ningún gobierno puede ignorar

Siguiente: El mismo manual, dos años de diferencia

FMI, Starlink, DEA, apertura al litio, reformas laborales en agenda: el programa económico de Bolivia 2025 replica al de Argentina 2023, en el mismo orden, con los mismos socios institucionales. Y Bolivia acaba de colocar bonos soberanos al 9,45%, casi el doble de lo que pagaba en 2012. Esa diferencia es la medida objetiva del costo de una década perdida.

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