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Tariquía, la pulseta perdida por frenar el ingreso de las petroleras

La problemática de Tariquía es, sin duda alguna, una de las historias que más ha estremecido a los habitantes del departamento de Tarija. En la actualidad, sin importar el sin fin de veces que instituciones, plataformas, comunidades campesinas y demás organizaciones solicitaron un informe y...

Ecos de Tarija
  • Andrea Cardona / El País
  • 21/12/2018 01:19
Tariquía, la pulseta perdida por frenar el ingreso de las petroleras
Paola Gareca
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La problemática de Tariquía es, sin duda alguna, una de las historias que más ha estremecido a los habitantes del departamento de Tarija. En la actualidad, sin importar el sin fin de veces que instituciones, plataformas, comunidades campesinas y demás organizaciones solicitaron un informe y pruebas de la supuesta consulta previa que realizó el Gobierno no hubo respuesta. Al menos no una directa, pero lo que si hubo son acciones que a través de comunicados nacionales salieron a la luz pública.

Evo sacramenta la exploración en la Reserva Natural de Tariquía

El ingreso de las petroleras a un territorio preservado por ley, la aprobación de permisos ambientales para que éstas operen dentro de la reserva, los proyectos de vivienda y servicios básicos que solamente fueron concretados en las comunidades que le dijeron sí a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Alberto Sánchez, sobre el aborto del proyecto que fueron desmentidas días después por YPFB Chaco son algunos de los hechos que molestaron a los tarijeños.

En el 2018 hubo desilusión de los habitantes de Tariquía sobre la protección del reservorio de agua, fauna y flora más grande de Tarija. La mayoría de las autoridades guardó silencio y apoyaron el interés político de un sistema extractivista. Hubo injusticia para los comunarios de Tariquía, que son los que verdaderamente pierden en esta lucha. Sin embargo, en medio de la parcial derrota, la Subcentral –la que no apoya el ingreso de las petroleras- resistió.

Bajo la cabeza de las dirigentes campesinas, Paola Gareca y Amanda Colque, además de sus compañeros Felicindo López y Francisco Romero las familias de las comunidades que se oponen a la explotación de hidrocarburos dentro del territorio protegido no cesaron. Con la ayuda de la Plataforma Unidos por Tariquía denunciaron al Estado por ir en contra de su voluntad y de la normativa nacional vigente.

De esta manera, la dirigencia de Astilleros y senadores presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una Acción de Inconstitucional Abstracta contra cuatro normas, empero en el transcurso de los siguientes meses fue observada y rechazada.

La plataforma Unidos por Tariquía presentó un segundo Amparo Constitucional en contra del Gobierno por el ingreso de las petroleras a la comunidad de Chiquiacá, perteneciente a la Reserva Nacional de Flora y Fauna, esta vez fue aceptado.

Más aún a mediados de diciembre los comunarios de Tariquía y la Plataforma Unidos Por Tariquía anunciaron ante la prensa que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó finalmente el amparo. A partir de esa fecha, las acciones se podrían realizar a través de organismos internacionales como la Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Finalmente, YPFB el sábado 8 de diciembre en la localidad de El Cajón (Padcaya), firmó un convenio con las comunidades del Distrito 11 (las que sí están de acuerdo) en el marco de los proyectos hidrocarburíferos de Churumas y Astilleros, ambos con incidencia en la Reserva Natural de Tariquía.

 


Puntos de vista
 

[caption id="attachment_220720" align="alignleft" width="300"] Paola Gareca[/caption]

Paola Gareca/ Dirigente

“Hemos recordado el primer  año de nuestra primera marcha. Nadie nos escuchaba, nadie nos prestaba sus oídos, nos sentíamos solos hablando a puertas cerradas; pero hemos logrado conseguir el apoyo. Allá, en Tarija, se han organizado algunas instituciones y grupos. Ahora estamos trabajando en conjunto”

[caption id="attachment_212135" align="alignleft" width="300"] María Lourdes Vaca[/caption]

María Lourdes Vaca/Concejala 

“Para intervenir un área protegida tiene que existir un procedimiento previo;  una licencia ambiental que cuantifique el daño que se va a causar en la reserva. El Gobierno no la ha  realizado. Más bien han empezado un proceso inverso, firmando contratos”, señaló la concejala

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