Nayar se estrella contra la Gobernación por Tariquía

La disputa por la preservación de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía ha registrado un nuevo capítulo, luego de que la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, llegara a Tarija para exigir explicaciones a la Gobernación sobre las acciones asumidas para frenar el avance de actividades hidrocarburíferas en la zona protegida. Además, exigió documentación sobre una supuesta licencia ambiental que habría facilitado el ingreso de las empresas petroleras.

Desde el Gobierno Departamental negaron tal aseveración y advierten más un accionar político que de fiscalización. Recuerdan que la aprobación de ese tipo de licencias es competencia del Gobierno Nacional.

Las denuncias de los comunarios de Tariquía han sido constantes. Afirman ser víctimas de atropellos por parte del Gobierno nacional, que, según sostienen, busca justificar la incursión de empresas petroleras en el área. Además, aseguran haber sido abandonados por las autoridades locales y departamentales, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre el futuro de la Reserva.

En una reunión marcada por la tensión, Nayar exigió un informe documentado al secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la Gobernación, Efraín Rivera, sobre las acciones emprendidas para la protección de Tariquía. Sin embargo, la respuesta de Rivera generó incomodidad y molestia en la legisladora.

Rivera explicó que la competencia ambiental en proyectos de categoría 1 y 2, como los de exploración hidrocarburífera, recae exclusivamente en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y que es esta instancia la responsable de otorgar licencias ambientales a través de solicitudes presentadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ya que las actividades petroleras son consideradas estratégicas para el Estado.

Rivera trató de explicar que la Gobernación se limita a recibir la documentación de dichas licencias y, en caso de evidenciar irregularidades, realiza las denuncias correspondientes.

No obstante, la diputada Nayar insistía en conocer qué acción concreta había tomado la Gobernación para defender la Reserva, recordando que centenares de familias en el Cantón de Chiquiacá, municipio de Entre Ríos, se oponen al ingreso de las petroleras a la zona protegida.

Rivera, por su parte, recalcó que la Gobernación no puede emitir informes sobre conflictos sociales, económicos o políticos que no sean de su competencia. Sin embargo, Nayar refutó esta postura y manifestó que, si bien la responsabilidad mayor recae en el Gobierno Nacional, la Gobernación también tiene una obligación con la protección del medioambiente y la población afectada.

Por su parte, Rivera expresó su disconformidad sobre la actitud de la diputada Nayar, argumentando que no está de acuerdo con que una legisladora nacional llegue a Tarija y que en vez de seguir el conducto regular para solicitar información, haga vocería en la plaza principal, hecho que a su parecer no corresponde.

El funcionario de la Gobernación señaló que el accionar de Nayar, pareciera estar más influenciado por tintes políticos que de fiscalización.