El Gobierno se queda con recursos del reformulado para contrapartes
El Ministerio de Economía y Finanzas determinó que los recursos adicionales que debían incorporarse en el presupuesto del 2018 por parte de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) ya no se atengan a la Ley ni a los reglamentos habituales, sino que se inscriban directamente en las...
El Ministerio de Economía y Finanzas determinó que los recursos adicionales que debían incorporarse en el presupuesto del 2018 por parte de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) ya no se atengan a la Ley ni a los reglamentos habituales, sino que se inscriban directamente en las contrapartes para proyectos concurrentes con el Gobierno Nacional.
El documento firmado por el Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán Chuquimia, “comunica” a las ETA que luego de que se aprobaran las modificaciones al Presupuesto General mediante la Ley 1103, los recursos de IDH y regalías se consignaron en una “estructura programática 97-00-97” titulada “Provisión Para Contrapartes con el Nivel Central del Estado” para cuya reasignación, las entidades deberán coordinar con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
En otro instructivo más reducido, se da cuenta de que los recursos ya son intocables. “La estructura señalada programa 97, actividad 97 estará restringida en el Sistema de Gestión Pública (Sigep), y sólo a través del VIPFE podrá ser levantada dicha restricción. Por tanto cualquier solicitud de liberación de esos recursos deberán enviar su documentación al Ministerio de Planificación del Desarrollo – VIPFE”.
El Presupuesto General del Estado de este 2018 estaba calculado con un barril de petróleo a 45 dólares, pero ha cotizado todo el curso por encima de los 65. Este importe, referencia para calcular el precio de venta de gas y por ende, regalías e IDH de cada departamento, beneficia especialmente a los productores, como Tarija, que aproximadamente recibiría entre un 15 y un 20 por ciento de recursos adicionales que supondrían unos 120 millones de bolivianos. Sin embargo, según señaló el secretario de Planificación, Karym Leyton, solo se habrían inscrito 49,9 millones de bolivianos en esa partida, lo que representa un 6,3% de incremento.
“El comunicado nos preocupa profundamente por la manera abusiva, arbitraria e inconsulta de confiscarle los recursos adicionales a la Gobernación”, señaló Leyton, que compareció secundado por los secretarios de Gestión Institucional, Rubén Ardaya; de Economía, Manuel Figueroa y de Justicia, Yamil García.
El asambleísta Mauricio Lea Plaza dijo que “el Gobierno Nacional de forma abusiva, arbitraria e ilegal está disponiendo mediante norma nacional el destino que deben tener recursos departamentales y municipales, los que según la ley solo pueden ser asignados por las entidades autonómicas. Esta es otra de las violaciones a la Autonomía Fiscal en Bolivia a cargo de los operadores del Centralismo Nacional, que yo ni guardan las formas en este régimen totalitario” e instó a las autoridades departamentales a pronunciarse.
El secretario de Justicia, Yamil García, indicó que con esta acción se pretende “usurpar la administración de recursos que son un derecho departamental constitucionalizado, por tanto dentro de las acciones que se tomarán en adelante se definió que una comisión de Gobernación pueda trasladarse lo antes posible a la ciudad de Sucre para presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la dicha disposición transitoria que habilita al Ministerio de Economía y Finanzas Pública, para realizar tal medida”.
La Gobernación indicó que esos recursos iban a destinarse a salud y a fomentar el empleo, pero sin embargo fueron definidos para otros fines por el Gobierno Nacional.
Del débito a la confiscación de recursos
Con la disposición transitoria incorporada a la Ley de Modificación Presupuestaria, el Ministerio se ha atribuido la posibilidad de decidir el destino de los fondos. En años anteriores, el mismo Ministerio ha optado por el débito automático para cobrarse contrapartes de proyectos.
Entre los proyectos en concurrencia se encuentran proyectos de agua y también los proyectos de los hospitales Oncológico y Materno Infantil, pero también otros productivos en las subgobernaciones. Será el VIPFE quien finalmente determine el destino.
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El documento firmado por el Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán Chuquimia, “comunica” a las ETA que luego de que se aprobaran las modificaciones al Presupuesto General mediante la Ley 1103, los recursos de IDH y regalías se consignaron en una “estructura programática 97-00-97” titulada “Provisión Para Contrapartes con el Nivel Central del Estado” para cuya reasignación, las entidades deberán coordinar con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
En otro instructivo más reducido, se da cuenta de que los recursos ya son intocables. “La estructura señalada programa 97, actividad 97 estará restringida en el Sistema de Gestión Pública (Sigep), y sólo a través del VIPFE podrá ser levantada dicha restricción. Por tanto cualquier solicitud de liberación de esos recursos deberán enviar su documentación al Ministerio de Planificación del Desarrollo – VIPFE”.
El Presupuesto General del Estado de este 2018 estaba calculado con un barril de petróleo a 45 dólares, pero ha cotizado todo el curso por encima de los 65. Este importe, referencia para calcular el precio de venta de gas y por ende, regalías e IDH de cada departamento, beneficia especialmente a los productores, como Tarija, que aproximadamente recibiría entre un 15 y un 20 por ciento de recursos adicionales que supondrían unos 120 millones de bolivianos. Sin embargo, según señaló el secretario de Planificación, Karym Leyton, solo se habrían inscrito 49,9 millones de bolivianos en esa partida, lo que representa un 6,3% de incremento.
“El comunicado nos preocupa profundamente por la manera abusiva, arbitraria e inconsulta de confiscarle los recursos adicionales a la Gobernación”, señaló Leyton, que compareció secundado por los secretarios de Gestión Institucional, Rubén Ardaya; de Economía, Manuel Figueroa y de Justicia, Yamil García.
El asambleísta Mauricio Lea Plaza dijo que “el Gobierno Nacional de forma abusiva, arbitraria e ilegal está disponiendo mediante norma nacional el destino que deben tener recursos departamentales y municipales, los que según la ley solo pueden ser asignados por las entidades autonómicas. Esta es otra de las violaciones a la Autonomía Fiscal en Bolivia a cargo de los operadores del Centralismo Nacional, que yo ni guardan las formas en este régimen totalitario” e instó a las autoridades departamentales a pronunciarse.
El secretario de Justicia, Yamil García, indicó que con esta acción se pretende “usurpar la administración de recursos que son un derecho departamental constitucionalizado, por tanto dentro de las acciones que se tomarán en adelante se definió que una comisión de Gobernación pueda trasladarse lo antes posible a la ciudad de Sucre para presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la dicha disposición transitoria que habilita al Ministerio de Economía y Finanzas Pública, para realizar tal medida”.
La Gobernación indicó que esos recursos iban a destinarse a salud y a fomentar el empleo, pero sin embargo fueron definidos para otros fines por el Gobierno Nacional.
Del débito a la confiscación de recursos
Con la disposición transitoria incorporada a la Ley de Modificación Presupuestaria, el Ministerio se ha atribuido la posibilidad de decidir el destino de los fondos. En años anteriores, el mismo Ministerio ha optado por el débito automático para cobrarse contrapartes de proyectos.
Entre los proyectos en concurrencia se encuentran proyectos de agua y también los proyectos de los hospitales Oncológico y Materno Infantil, pero también otros productivos en las subgobernaciones. Será el VIPFE quien finalmente determine el destino.
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