Tarija: Piden uso de tobilleras electrónicas para liberar a custodios policiales

Las juntas vecinales de Tarija exigen al Gobierno nacional implementar las tobilleras electrónicas para las personas que cumplan detención domiciliaria y se pueda liberar a unos 70 policías que en la actualidad deben vigilar las 24 horas del día a procesados que se benefician con la detención domiciliaria, restando el personal que debe salir a las calles a velar por la seguridad de la población en su conjunto.

“La verdad es que preocupa mucho esto, porque se destinan hasta dos policías para custodiar a una persona que tiene detención domiciliaria, yo creo que esto el Gobierno nacional debe cumplir, fue una solicitud de mucho tiempo de la Federación, porque al final está más resguardado el que tiene arresto domiciliario porque tiene un policía permanente en su casa todo el día, mientras la población de bien anda desprotegida. Son unos 70 policías que cumplen ese trabajo, según nos informaron”, informa el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Tarija, Cecilio Pimentel.

Mencionó que meses atrás se tuvo una cumbre de seguridad ciudadana en Tarija donde el Viceministro del área se comprometió a implementar las tobilleras electrónicas para los procesados que cumplen detención domiciliaria, pero hasta la fecha no se cumplió.

“En esa cumbre nos reunimos con el Viceministro de Seguridad Ciudadana, quien se comprometió con esto, y estamos esperando que cumpla ese compromiso, porque es la única forma que podamos liberar a nuestros policías para que puedan cumplir el trabajo de patrullaje y liberar a las calles de los malhechores. En Tarija se tiene cinco EPIs que estaba con 12 personas, al final ese mismo personal tiene que ir a custodiar a los que tienen detención domiciliaria en su jurisdicción”, precisó.

Piden generar otros mecanismos 

El jefe de personal del Comando Departamental de la Policía de Tarija, Efraín Gutiérrez, afirma que los jueces deberían ver otras alternativas para garantizar que los que tienen detención domiciliaria puedan cumplir con esa medida sin resguardo policial, teniendo en cuenta que el Comando no cuenta con efectivos para destinar a esas labores y ve como buena alternativa las tobilleras electrónicas.

“Si no se cuenta con personal los jueces deben generar otro tipo de mecanismos que asegure la presencia de esa persona en detención domiciliaria, por ejemplo, garantía personal, garantía real (…). El sistema electrónico de control que se puede generar a futuro es una alternativa”, precisó.

Según Gutiérrez, poner un efectivo a custodiar a alguien que tiene detención domiciliaria genera inseguridad para el mismo funcionario policial.

 “Desde mi punto de vista se está generando inseguridad para el servidor policial que tiene que realizar esta tarea, puesto que estamos hablando de un solo policía que tiene que hacer escolta a una persona que muchas veces está en compañía de sus familiares, entonces hay un riesgo para el servidor policial (…)”, indica.

El jefe policial precisó que el personal del Comando Departamental tiene como tareas específicas el de la prevención, auxilio e investigación de delitos, no el de resguardar a detenidos domiciliarios.

De acuerdo a información oficial, unos 70 policías cumplen el trabajo de escoltas de personas que tienen detención domiciliaria.

En el departamento de Tarija se tienen 1.762 policías, de ellos en Cercado están unos 1.000, en Villa Montes 71, en Bermejo 84 y Yacuiba unos 386, el resto en otros municipios más pequeños.

Policías
En el departamento de Tarija se tienen 1.762 policías, de ellos en Cercado están unos 1.000

Gobierno cuenta con 500 dispositivos electrónico

De acuerdo a información de la agencia oficialista ABI, el Gobierno nacional cuenta con 500 dispositivos para empezar a ejecutar la vigilancia electrónica de detenidos preventivos a partir de la aprobación de la futura ley de uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia que se tramita en el Legislativo.

“En este momento tenemos 500 tobilleras, artefactos electrónicos ya disponibles para ser usados una vez aprobado este proyecto normativo”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

De acuerdo a informe oficial, hasta enero de 2023 las personas privadas de libertad en Bolivia, entre recluidas sin determinación de culpabilidad o inocencia en detención preventiva o sentenciadas, alcanzan aproximadamente a 24.913, de las cuales 8.553 (34,33%) cuentan con sentencia y 16.360 (65,67%) son detenidos preventivos.