No matarás

Nadie nunca debería volver a autorizar usar fuego mortal contra bolivianos que se manifiestan en el ejercicio de sus derechos

Se van acabando las fechas dignas de recuerdo por lo que han supuesto en el devenir políticos del país en los últimos años, aunque todavía quedan las más crudas: las que recuerdan las matanzas de Sacaba y Senkata y que el propio Grupo Internacional de Expertos Independientes que envió Naciones Unidas para tratar de esclarecer lo sucedido en todos aquellos días las cataloga así.

Aquellos días murieron más de 50 bolivianos en dos choques con la Policía. En el caso de Sacaba, oficialmente la columna avanzaba para protestar contra el gobierno de Áñez y por el derrocamiento de Evo Morales; en el caso de Senkata los movilizados fueron tales luego de que un convoy lograra sacar combustible de la planta en El Alto. Es importante recalcar en ese segundo caso que los choques vinieron después de que se completara el operativo de YPFB y no antes, y que estos se extendieron durante toda la tarde y noche ante un evidente apagón informativo.

Ambos choques tienen luces y sombras y efectivamente, debe llevarse adelante un juicio justo y contundente para esclarecer todo lo sucedido en dos choques que bien podrían confundirse con un descenso al patíbulo más que con un estallido de rabia, pero hay suficientes evidencias como para saber qué cosas no se deben volver a hacer nunca jamás.

Necesitamos una policía mejor, que sea capaz de controlar el orden público con respeto de los derechos humano

Es verdad que Bolivia debe reformar de una vez por todas su institución policial, sobre todo para que sean capaces de salvaguardar los derechos elementales. El derecho a la protesta en Bolivia está constitucionalizado, no solo institucionalizado, y la Policía debe ser capaz de garantizarlo al mismo tiempo que vela por los derechos de los no movilizados. Que cualquier manifestación o protesta se traduzca en bloqueos buenos o bloqueos malos en función del color político del convocante o su capacidad de fuego, como en el caso de los mineros, es vergonzoso. Que la única forma de controlar esas mismas protestas sea con gases lacrimógenos y bala, como sucedió aquellos negros días, pero también en otros eventos mucho menos desbordados, es intolerable.

Obviamente no fue una actuación gratuita ni a cuenta propia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habían recibido la norma que les eximía de responsabilidad penal para usar armas de fuego en el ejercicio de su función incluso contra población civil. No dudaron en usarla y eso es algo que está sobre los hombros de la presidenta Jeanine Áñez, que deberá responder por ello.

Necesitamos una policía mejor, que sea capaz de controlar el orden público con respeto de los derechos humanos, y en esas, son los políticos quienes deben dar los pasos pertinentes para que así sea. El ejemplo de lo sucedido en 2019 debería servir como palanca que impulse esos cambios, porque no se trata solo de depurar responsabilidades, sino de aprender de los errores y cambiar para que no se vuelvan a producir.


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