El “y tú más” como política de Estado
En los patios de los colegios de primaria es habitual contemplar discusiones infantiles en los que el argumento para justificar determinado comportamiento es que el otro ha cometido uno similar, o peor. Debería cuidarse la candidata y presidenta Jeanine Áñez de entrar en esos carruseles...
En los patios de los colegios de primaria es habitual contemplar discusiones infantiles en los que el argumento para justificar determinado comportamiento es que el otro ha cometido uno similar, o peor.
Debería cuidarse la candidata y presidenta Jeanine Áñez de entrar en esos carruseles autoritarios, pues los bolivianos han demostrado muchas veces que no necesitan ni tiranos, ni déspotas.
Esta lógica infantil hace tiempo que se trasladó a las redes sociales, ese altavoz tan democrático que permite a cualquiera vociferar sin asumir responsabilidades o escondido detrás de una cuenta falsa, de esas que vierten amenazas e insultos por todo ello, y que ante el más leve matiz acusa de “censor” a su corrector.
Lo que no parece tolerable es que este razonamiento simplista se convierta en política de Estado, y se amplifique por las redes sociales de los Ministros sin que tenga ninguna penalización, y más al contrario, sea ovacionado por los seguidores más incondicionales e intransigentes como cualquier cosa.
El Gobierno de Transición dejó de ser de Transición hace tiempo, aunque formalmente desde el 24 de enero en el que la Presidenta Jeanine Áñez formalizó su intención de candidatear al frente de la alianza “Juntos” para lograr la Presidencia el 3 de mayo.
Antes, el Gobierno de Transición ya había tomado decisiones de fondo, tal vez justificadas por la situación de emergencia: usar fuego real contra las manifestaciones y liberar de la responsabilidad penal es una de ellas, pero hubo muchas más, por ejemplo, la temporización aplicada en la apertura de casos e investigaciones, que permitieron a los de arriba salir mucho antes que a los de abajo.
El Ministro de Gobierno Arturo Murillo ha personificado esa etapa, lanzando amenazas y dando sentencias anticipadas a cualquiera que supusiera más que una amenaza, un interés para la carrera política. Pero ni siquiera estas cosas se pueden decir.
Se han cometido excesos y no es razonable esconderlo. La “cacería” de Juan Ramón Quintana, por ejemplo, llevó a la carceleta hasta a la niñera de sus hijos, y hay tuiteros, blogueros y opinólogos aprehendidos. Es público lo sucedido con Carlos Romero, responsable último, por cierto, de que el motín policial del 8 de noviembre fuera “un éxito” y que campaba libremente por La Paz hasta que “las pititas” decidieron que eso no podía ser más, y la “Justicia” actuó presta. Es público también como otros, como Álvaro García Linera y otros acusados de “grandes negociados” están tranquilos en su casa o en un laxo exilio.
Argumentar ante una crítica medida del relator de la CIDH sobre los excesos que el anterior Gobierno fue peor es, a priori, un argumento infantil por muy cierto que sea. Exponerlo en una comunicación oficial de la Cancillería resulta una vergüenza diplomática de primer orden, que deja nuevamente los lazos muy tocados.
No conviene olvidar que cualquier dictadura ha basado sus regímenes de represión y recorte de libertades en el miedo a “algo peor”, en la exigencia de priorizar la seguridad a los derechos. Debería cuidarse la candidata y presidenta Jeanine Áñez de entrar en esos carruseles, pues los bolivianos han demostrado muchas veces que no necesitan ni tiranos, ni déspotas.
La reflexión es necesaria, las precauciones también, pues hace casi un siglo que ya lo contaba Bertolt Bretch: cuando vinieron por mí, ya no había nadie.
Debería cuidarse la candidata y presidenta Jeanine Áñez de entrar en esos carruseles autoritarios, pues los bolivianos han demostrado muchas veces que no necesitan ni tiranos, ni déspotas.
Esta lógica infantil hace tiempo que se trasladó a las redes sociales, ese altavoz tan democrático que permite a cualquiera vociferar sin asumir responsabilidades o escondido detrás de una cuenta falsa, de esas que vierten amenazas e insultos por todo ello, y que ante el más leve matiz acusa de “censor” a su corrector.
Lo que no parece tolerable es que este razonamiento simplista se convierta en política de Estado, y se amplifique por las redes sociales de los Ministros sin que tenga ninguna penalización, y más al contrario, sea ovacionado por los seguidores más incondicionales e intransigentes como cualquier cosa.
El Gobierno de Transición dejó de ser de Transición hace tiempo, aunque formalmente desde el 24 de enero en el que la Presidenta Jeanine Áñez formalizó su intención de candidatear al frente de la alianza “Juntos” para lograr la Presidencia el 3 de mayo.
Antes, el Gobierno de Transición ya había tomado decisiones de fondo, tal vez justificadas por la situación de emergencia: usar fuego real contra las manifestaciones y liberar de la responsabilidad penal es una de ellas, pero hubo muchas más, por ejemplo, la temporización aplicada en la apertura de casos e investigaciones, que permitieron a los de arriba salir mucho antes que a los de abajo.
El Ministro de Gobierno Arturo Murillo ha personificado esa etapa, lanzando amenazas y dando sentencias anticipadas a cualquiera que supusiera más que una amenaza, un interés para la carrera política. Pero ni siquiera estas cosas se pueden decir.
Se han cometido excesos y no es razonable esconderlo. La “cacería” de Juan Ramón Quintana, por ejemplo, llevó a la carceleta hasta a la niñera de sus hijos, y hay tuiteros, blogueros y opinólogos aprehendidos. Es público lo sucedido con Carlos Romero, responsable último, por cierto, de que el motín policial del 8 de noviembre fuera “un éxito” y que campaba libremente por La Paz hasta que “las pititas” decidieron que eso no podía ser más, y la “Justicia” actuó presta. Es público también como otros, como Álvaro García Linera y otros acusados de “grandes negociados” están tranquilos en su casa o en un laxo exilio.
Argumentar ante una crítica medida del relator de la CIDH sobre los excesos que el anterior Gobierno fue peor es, a priori, un argumento infantil por muy cierto que sea. Exponerlo en una comunicación oficial de la Cancillería resulta una vergüenza diplomática de primer orden, que deja nuevamente los lazos muy tocados.
No conviene olvidar que cualquier dictadura ha basado sus regímenes de represión y recorte de libertades en el miedo a “algo peor”, en la exigencia de priorizar la seguridad a los derechos. Debería cuidarse la candidata y presidenta Jeanine Áñez de entrar en esos carruseles, pues los bolivianos han demostrado muchas veces que no necesitan ni tiranos, ni déspotas.
La reflexión es necesaria, las precauciones también, pues hace casi un siglo que ya lo contaba Bertolt Bretch: cuando vinieron por mí, ya no había nadie.
