Concentrarse en la economía
Pasadas las fiestas navideñas propiamente dichas, queda apenas una semana para que expire este año 2019 que pasará a la historia por su convulsión política, y probablemente por ser el peor de la serie en lo económico. En un país todavía tan dependiente de la administración pública,...
Pasadas las fiestas navideñas propiamente dichas, queda apenas una semana para que expire este año 2019 que pasará a la historia por su convulsión política, y probablemente por ser el peor de la serie en lo económico.
En un país todavía tan dependiente de la administración pública, queda apenas una semana para que las instituciones apresuren sus últimos pagos o contrataciones y permitan que la economía nacional de una última vuelta acelerada, pues no parece apropiado que, después de todo lo que ha llovido, algunos opten por salir de vacaciones o postergar los compromisos a los siguientes meses.
La situación es más grave de lo que parece. Las empresas privadas vivieron con el régimen de Evo Morales y su ministro de Economía Luis Arce Catacora momentos de incertidumbre, sobre todo financiera, que perjudicó la expansión del aparato productivo privado ante la “costumbre” de incorporar medidas que dinamitaban el ahorro y la inversión, como el doble aguinaldo o el incremento unilateral de salarios.
El entorno internacional mantiene sus síntomas de estancamiento, que por muy anunciado que estuviera, no deja de amenazar a las economías abrazadas al liberalismo económico, como la boliviana, que nunca dejó de basarse en crecimientos del PIB y consumo. En un contexto de economías deprimidas, los pilares de la economía nacional, basada en la exportación de materias primas, sufrirá.
Lo primero que hizo el TSE fue pedir permiso para saltarse la Ley y no convocar elecciones en 48 horas, mientras el aparato gubernamental sigue nombrando cargos, creando otros y cambiando puestos clave con apenas un mes de ejercicio
El problema es mayor si se tiene en cuenta que 2020 volverá a ser un año electoral, y que el Gobierno, que ya ha olvidado aquello de la “transición rápida”, muestra sus garras en el interés de la continuidad, volverá a actuar de forma cortoplacista y “popular”.
Por alguna extraña razón, los poderes fácticos empiezan a dar por hecho que la posesión de un hipotético nuevo Gobierno será el 6 de agosto, y que eso dejaría para finales de año la posesión de los nuevos Gobiernos subnacionales. Eso supone más de ocho meses de interinato que no se justifica en los intereses de todos los bolivianos sino en el interés de los propios políticos, incluido el propio Movimiento Al Socialismo, que habla de renovación al tiempo que calcula opciones de mediano plazo y teme que cualquier unción de nuevos gurús acabe con el status quo.
Es necesario que el Gobierno y el MAS vuelvan a los acuerdos iniciales que siguieron a los días de convulsión, aquellos que pusieron en orden las prioridades para pacificar el país y qué, básicamente, contemplaban la convocatoria electoral al tiempo que se suministraba el aire suficiente al aparato estatal para no colapsar. Esa era la misión inicial y urgente.
Sin embargo, lo primero que hizo el TSE fue pedir permiso para saltarse la Ley y no convocar elecciones en 48 horas, mientras el aparato gubernamental sigue nombrando cargos, creando otros y cambiando puestos clave con apenas un mes de ejercicio mientras toma decisiones altamente ideológicas.
La tarea es seria y la economía no es sólida. Es imprescindible que los tiempos electorales se aceleren y que, mientras tanto, aquellos que ahora ostentan el poder lo ejerzan con sentido de Estado y nada más.
En un país todavía tan dependiente de la administración pública, queda apenas una semana para que las instituciones apresuren sus últimos pagos o contrataciones y permitan que la economía nacional de una última vuelta acelerada, pues no parece apropiado que, después de todo lo que ha llovido, algunos opten por salir de vacaciones o postergar los compromisos a los siguientes meses.
La situación es más grave de lo que parece. Las empresas privadas vivieron con el régimen de Evo Morales y su ministro de Economía Luis Arce Catacora momentos de incertidumbre, sobre todo financiera, que perjudicó la expansión del aparato productivo privado ante la “costumbre” de incorporar medidas que dinamitaban el ahorro y la inversión, como el doble aguinaldo o el incremento unilateral de salarios.
El entorno internacional mantiene sus síntomas de estancamiento, que por muy anunciado que estuviera, no deja de amenazar a las economías abrazadas al liberalismo económico, como la boliviana, que nunca dejó de basarse en crecimientos del PIB y consumo. En un contexto de economías deprimidas, los pilares de la economía nacional, basada en la exportación de materias primas, sufrirá.
Lo primero que hizo el TSE fue pedir permiso para saltarse la Ley y no convocar elecciones en 48 horas, mientras el aparato gubernamental sigue nombrando cargos, creando otros y cambiando puestos clave con apenas un mes de ejercicio
El problema es mayor si se tiene en cuenta que 2020 volverá a ser un año electoral, y que el Gobierno, que ya ha olvidado aquello de la “transición rápida”, muestra sus garras en el interés de la continuidad, volverá a actuar de forma cortoplacista y “popular”.
Por alguna extraña razón, los poderes fácticos empiezan a dar por hecho que la posesión de un hipotético nuevo Gobierno será el 6 de agosto, y que eso dejaría para finales de año la posesión de los nuevos Gobiernos subnacionales. Eso supone más de ocho meses de interinato que no se justifica en los intereses de todos los bolivianos sino en el interés de los propios políticos, incluido el propio Movimiento Al Socialismo, que habla de renovación al tiempo que calcula opciones de mediano plazo y teme que cualquier unción de nuevos gurús acabe con el status quo.
Es necesario que el Gobierno y el MAS vuelvan a los acuerdos iniciales que siguieron a los días de convulsión, aquellos que pusieron en orden las prioridades para pacificar el país y qué, básicamente, contemplaban la convocatoria electoral al tiempo que se suministraba el aire suficiente al aparato estatal para no colapsar. Esa era la misión inicial y urgente.
Sin embargo, lo primero que hizo el TSE fue pedir permiso para saltarse la Ley y no convocar elecciones en 48 horas, mientras el aparato gubernamental sigue nombrando cargos, creando otros y cambiando puestos clave con apenas un mes de ejercicio mientras toma decisiones altamente ideológicas.
La tarea es seria y la economía no es sólida. Es imprescindible que los tiempos electorales se aceleren y que, mientras tanto, aquellos que ahora ostentan el poder lo ejerzan con sentido de Estado y nada más.
