La pobreza, el Instituto y el método
Esta semana la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó un reporte en el que se evidencia que Bolivia tuvo el índice más bajo de reducción de la pobreza en la región entre 2016 y 2017, y que su gasto social está entre los más bajos del continente. Vale aclarar que la...
Esta semana la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó un reporte en el que se evidencia que Bolivia tuvo el índice más bajo de reducción de la pobreza en la región entre 2016 y 2017, y que su gasto social está entre los más bajos del continente.
Vale aclarar que la CEPAL es uno de los organismos internacionales menos adversos al régimen del presidente Evo Morales, y sus estimaciones de crecimiento económico, entre otras, suelen ser las más cercanas a las que se publica oficialmente en Bolivia a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), en comparación con las del Banco Mundial o el FMI por ejemplo.
Los datos presentados por la CEPAL muestran que entre 2016 y 2017 Bolivia solo redujo en 0,1% la pobreza moderada y en 0,3% la pobreza extrema, y que está entre los países que redujeron la pobreza en menos de 1%, junto con Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. En cambio, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y Chile habrían reducido su pobreza en más de 1%. En Brasil la pobreza de hecho aumentó.
Al respecto, el director del INE, Santiago Farjat, afirmó que los datos de la CEPAL no reflejan la realidad boliviana, ya que el organismo utiliza una “metodología diferente” a la que aplica el INE.
Sin embargo ya en 2017 y 2018 se reportó resurgimiento leve de la pobreza extrema y de la pobreza urbana, por lo que los datos de la CEPAL no necesariamente están alejados de la realidad. La reducción de la pobreza en Bolivia no fue estructural y está muy latente el riesgo de retroceder.
El otro punto importante fue el del gasto social per cápita. Según la CEPAL, el gasto per cápita destinado a políticas sociales en Bolivia es de sólo 310 dólares, casi tres veces por debajo de la media en América Latina que alcanza los 894 dólares per cápita. El director nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, Víctor Vacaflores, tuvo que admitirlo, a tiempo de afirmar que se está mejorando.
De cualquier manera, el contraste entre los datos del INE y de la CEPAL en materia de reducción de pobreza sirve para llamar la atención sobre las metodologías de cálculo y medición que se utilizan en las estadísticas oficiales de Bolivia.
Ya los empresarios y analistas han cuestionado los datos del INE respecto al crecimiento económico de Bolivia precisamente porque consideran que no reflejan la realidad.
Y desde otras instancias, como el Índice de Capacidad Estadística Nacional (ICEN) desarrollado por el BID, se confirma que Argentina, Bolivia, El Salvador y Guatemala ocupan las posiciones más bajas del ranking, con puntuaciones inferiores al promedio de la región. En el informe del ICEN se advirtió de cierta “injerencia política” sobre las actividades del INE boliviano y sobre “la publicación o no de algún dato estadístico”.
La credibilidad de diferentes órganos estatales considerados como estratégicos para la institucionalidad y la planificación (INE, TCP, TSE, Defensoría del Pueblo, entre otros) están en un punto bajo. Por eso resulta cuando menos urgente que se restablezca la confianza para que los procesos políticos de este año se desarrollen con tranquilidad. La población lo necesita, pero el gobierno lo necesita aún más.
Vale aclarar que la CEPAL es uno de los organismos internacionales menos adversos al régimen del presidente Evo Morales, y sus estimaciones de crecimiento económico, entre otras, suelen ser las más cercanas a las que se publica oficialmente en Bolivia a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), en comparación con las del Banco Mundial o el FMI por ejemplo.
Los datos presentados por la CEPAL muestran que entre 2016 y 2017 Bolivia solo redujo en 0,1% la pobreza moderada y en 0,3% la pobreza extrema, y que está entre los países que redujeron la pobreza en menos de 1%, junto con Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. En cambio, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y Chile habrían reducido su pobreza en más de 1%. En Brasil la pobreza de hecho aumentó.
Al respecto, el director del INE, Santiago Farjat, afirmó que los datos de la CEPAL no reflejan la realidad boliviana, ya que el organismo utiliza una “metodología diferente” a la que aplica el INE.
Sin embargo ya en 2017 y 2018 se reportó resurgimiento leve de la pobreza extrema y de la pobreza urbana, por lo que los datos de la CEPAL no necesariamente están alejados de la realidad. La reducción de la pobreza en Bolivia no fue estructural y está muy latente el riesgo de retroceder.
El otro punto importante fue el del gasto social per cápita. Según la CEPAL, el gasto per cápita destinado a políticas sociales en Bolivia es de sólo 310 dólares, casi tres veces por debajo de la media en América Latina que alcanza los 894 dólares per cápita. El director nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, Víctor Vacaflores, tuvo que admitirlo, a tiempo de afirmar que se está mejorando.
De cualquier manera, el contraste entre los datos del INE y de la CEPAL en materia de reducción de pobreza sirve para llamar la atención sobre las metodologías de cálculo y medición que se utilizan en las estadísticas oficiales de Bolivia.
Ya los empresarios y analistas han cuestionado los datos del INE respecto al crecimiento económico de Bolivia precisamente porque consideran que no reflejan la realidad.
Y desde otras instancias, como el Índice de Capacidad Estadística Nacional (ICEN) desarrollado por el BID, se confirma que Argentina, Bolivia, El Salvador y Guatemala ocupan las posiciones más bajas del ranking, con puntuaciones inferiores al promedio de la región. En el informe del ICEN se advirtió de cierta “injerencia política” sobre las actividades del INE boliviano y sobre “la publicación o no de algún dato estadístico”.
La credibilidad de diferentes órganos estatales considerados como estratégicos para la institucionalidad y la planificación (INE, TCP, TSE, Defensoría del Pueblo, entre otros) están en un punto bajo. Por eso resulta cuando menos urgente que se restablezca la confianza para que los procesos políticos de este año se desarrollen con tranquilidad. La población lo necesita, pero el gobierno lo necesita aún más.
