La difícil tarea de emprender
Como no es lo mismo crear que copiar, no podemos decir que es lo mismo emprender que comerciar. En Bolivia tenemos una gran capacidad de auto sostenimiento en tiempos duros, una capacidad innata para buscar la sobrevivencia, pero estamos lejos de tener capacidades para emprender negocios que...
Como no es lo mismo crear que copiar, no podemos decir que es lo mismo emprender que comerciar. En Bolivia tenemos una gran capacidad de auto sostenimiento en tiempos duros, una capacidad innata para buscar la sobrevivencia, pero estamos lejos de tener capacidades para emprender negocios que realmente aporten al desarrollo nacional.
El comercio informal se ha multiplicado en los últimos años al calor del relajo político y sus acuerdos y en respuesta a una situación de vaciamiento que no llega a ser la de los tiempos de la capitalización, pero parecería va por el camino. Que el Gobierno hable de una dinamización económica nacional a través del doble aguinaldo y luego obligue a gastar apenas un 15% en productos nacionales dice mucho de cuál es el principal destino de esos recursos; y de todos.
El sector informal se ha multiplicado hasta límites insospechados. El Fondo Monetario Internacional hablaba a mediados de agosto de que más del 50 por ciento de la economía real trabajaba en esos parámetros, y a casi todos los analistas les pareció que se quedaba corto.
Que un Estado limite la capacidad de sus ciudadanos de emprender sus propios negocios no es algo nuevo ni propio del socialismo, como algunos insisten en señalar, sino que es evidentemente la más antigua forma de sometimiento de los pueblos. Los absolutismos nunca quisieron ni creyeron en la libre competencia ni en el esfuerzo como mecanismo de superación.
De aquellos charcos, estos lodos; las hegemonías económicas se fueron transformando, que no destruyendo, y el sistema se fue abriendo reservando para los de arriba las grandes parcelas del negocio. Aquellos Estados, o pueblos convertidos en Estados, con menos iniciativa o creatividad, se abonaron a la reproducción de modelos y guardaron para las élites los privilegios.
En esta Bolivia del siglo XXI y de Gobierno confuso, el reparto de roles no es diferente, y con la permanencia desmedida en el poder, se han ido acentuando. Los grandes sectores de negocio han pasado a manos de potencias extranjeras que simplemente no sean estadounidenses o a los amigos más o menos alineados; mientras tanto la pequeña y mediana industria languidece entre la represión tributaria y las ocurrencias electorales. El Gobierno del MAS, como ningún otro, ha incentivado el comercio informal al tiempo que ha destruido el tejido productivo.
Es cierto que el sector formal necesitaba ser más productivo y que las medidas de incrementos salariales por encima de la inflación o la discrecionalidad del doble aguinaldo – en lugar de incorporar la recomendación de 14 pagas de la OIT – ha provocado un ajuste en ese sentido, arrojando numerosos profesionales y trabajadores no cualificados a la informalidad.
Es necesario que desde los poderes públicos se incentive la actividad privada y la producción industrial a todos los niveles para precisamente ocupar a una fuerza laboral que se ha refugiado en el comercio, cuando no en la delincuencia. Reducir las trabas burocráticas, facilitar el acceso a las licencias, racionalizar los impuestos, facilitar la financiación, etc., son algunas de las medidas más repetidas, sin embargo, en demasiadas ocasiones, bastaría con aplicar el sentido común.
El comercio informal se ha multiplicado en los últimos años al calor del relajo político y sus acuerdos y en respuesta a una situación de vaciamiento que no llega a ser la de los tiempos de la capitalización, pero parecería va por el camino. Que el Gobierno hable de una dinamización económica nacional a través del doble aguinaldo y luego obligue a gastar apenas un 15% en productos nacionales dice mucho de cuál es el principal destino de esos recursos; y de todos.
El sector informal se ha multiplicado hasta límites insospechados. El Fondo Monetario Internacional hablaba a mediados de agosto de que más del 50 por ciento de la economía real trabajaba en esos parámetros, y a casi todos los analistas les pareció que se quedaba corto.
Que un Estado limite la capacidad de sus ciudadanos de emprender sus propios negocios no es algo nuevo ni propio del socialismo, como algunos insisten en señalar, sino que es evidentemente la más antigua forma de sometimiento de los pueblos. Los absolutismos nunca quisieron ni creyeron en la libre competencia ni en el esfuerzo como mecanismo de superación.
De aquellos charcos, estos lodos; las hegemonías económicas se fueron transformando, que no destruyendo, y el sistema se fue abriendo reservando para los de arriba las grandes parcelas del negocio. Aquellos Estados, o pueblos convertidos en Estados, con menos iniciativa o creatividad, se abonaron a la reproducción de modelos y guardaron para las élites los privilegios.
En esta Bolivia del siglo XXI y de Gobierno confuso, el reparto de roles no es diferente, y con la permanencia desmedida en el poder, se han ido acentuando. Los grandes sectores de negocio han pasado a manos de potencias extranjeras que simplemente no sean estadounidenses o a los amigos más o menos alineados; mientras tanto la pequeña y mediana industria languidece entre la represión tributaria y las ocurrencias electorales. El Gobierno del MAS, como ningún otro, ha incentivado el comercio informal al tiempo que ha destruido el tejido productivo.
Es cierto que el sector formal necesitaba ser más productivo y que las medidas de incrementos salariales por encima de la inflación o la discrecionalidad del doble aguinaldo – en lugar de incorporar la recomendación de 14 pagas de la OIT – ha provocado un ajuste en ese sentido, arrojando numerosos profesionales y trabajadores no cualificados a la informalidad.
Es necesario que desde los poderes públicos se incentive la actividad privada y la producción industrial a todos los niveles para precisamente ocupar a una fuerza laboral que se ha refugiado en el comercio, cuando no en la delincuencia. Reducir las trabas burocráticas, facilitar el acceso a las licencias, racionalizar los impuestos, facilitar la financiación, etc., son algunas de las medidas más repetidas, sin embargo, en demasiadas ocasiones, bastaría con aplicar el sentido común.
