De Shell a Shell
El reciente Memorándum de Entendimiento firmado entre Shell Brasil, Shell Bolivia y las autoridades de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, aparece como una posible salvación frente al inminente fin de la época de los grandes mercados y los grandes volúmenes exportados de gas natural. El...
El reciente Memorándum de Entendimiento firmado entre Shell Brasil, Shell Bolivia y las autoridades de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, aparece como una posible salvación frente al inminente fin de la época de los grandes mercados y los grandes volúmenes exportados de gas natural.
El contrato con Brasil vence en 2019, y aunque el Ministro del área Luis Sánchez ha afirmado que se prolongará con menores volúmenes hasta 2022, esto implicará también ingresos significativamente menores a los obtenidos hasta ahora, y con la incertidumbre de los precios siempre presente. Similar situación se vive con un gobierno argentino poco amistoso.
De ahí que vender así sean 4 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) y la posibilidad de unos 10 MMmcd adicionales desde 2022 resulta un alivio, al menos parcial, para las autoridades bolivianas que han tenido un difícil 2018.
Hay, sin embargo, algunos asuntos sobre los que habrá que estar muy alertas. Por ejemplo, no se tiene conocimiento de las condiciones de venta de los primeros 4 MMmcd y menos de los 10 MMmcd: precios, contenidos calóricos, duración, etc.
El supuesto es que al ser destinado a termoeléctricas brasileñas, se enviará gas seco. Pero si el volumen sube a 10 MMmcd se tendrá que incluir en el caudal gas rico en licuables, ya que la planta separadora de líquidos de Río Grande tiene una capacidad de procesamiento de solamente 5,6 MMmcd.
Por otra parte, el acuerdo evidencia que será Shell Bolivia la que venderá el gas a sí misma, la Shell Brasil. Esta es otra evidencia de la incapacidad de YPFB de hacerse cargo de toda la cadena y que sigue dependiendo de las transnacionales, incluso para encontrarle mercados.
Ese detalle también recuerda mucho al mecanismo que en su momento se estableció con Repsol produciendo en Margarita y el mismo Repsol comprando en Campo Durán (Argentina), desde donde se separaban los licuables para abastecer ese mercado.
Este mecanismo generó, en aquel entonces, ciertos incentivos “perversos” que mostraron algunas debilidades y contradicciones del proyecto plurinacional.
Debido a que los precios del mercado interno boliviano son muy inferiores a los que se pagaba en Argentina, a Repsol le convenía la exportación. Entonces se denunció, incluso desde YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos, que la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG-IG) estaba obstaculizando la ampliación del Gasoducto Villa Montes-Tarija, mientras facilitaba el tendido del ducto de exportación de gas a Argentina (gasoducto Juana Azurduy de Padilla).
Todo esto a cambio de 14,8 millones de dólares pagados por Repsol en un fideicomiso del que finalmente la APG-IG nunca se terminó de beneficiar, y que la transnacional reportó como costos recuperables. La gran ganadora fue Repsol.
Salvando las diferencias, la historia demuestra que las transnacionales no son socias. En este mundo capitalista, obviamente, cada quien vela por sus intereses. En este caso la Shell hará lo propio. Está en manos del Ministerio, de YPFB y de las más altas autoridades del Gobierno nacional hacer respetar los intereses de Bolivia, especialmente frente al duro contexto internacional.
El contrato con Brasil vence en 2019, y aunque el Ministro del área Luis Sánchez ha afirmado que se prolongará con menores volúmenes hasta 2022, esto implicará también ingresos significativamente menores a los obtenidos hasta ahora, y con la incertidumbre de los precios siempre presente. Similar situación se vive con un gobierno argentino poco amistoso.
De ahí que vender así sean 4 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) y la posibilidad de unos 10 MMmcd adicionales desde 2022 resulta un alivio, al menos parcial, para las autoridades bolivianas que han tenido un difícil 2018.
Hay, sin embargo, algunos asuntos sobre los que habrá que estar muy alertas. Por ejemplo, no se tiene conocimiento de las condiciones de venta de los primeros 4 MMmcd y menos de los 10 MMmcd: precios, contenidos calóricos, duración, etc.
El supuesto es que al ser destinado a termoeléctricas brasileñas, se enviará gas seco. Pero si el volumen sube a 10 MMmcd se tendrá que incluir en el caudal gas rico en licuables, ya que la planta separadora de líquidos de Río Grande tiene una capacidad de procesamiento de solamente 5,6 MMmcd.
Por otra parte, el acuerdo evidencia que será Shell Bolivia la que venderá el gas a sí misma, la Shell Brasil. Esta es otra evidencia de la incapacidad de YPFB de hacerse cargo de toda la cadena y que sigue dependiendo de las transnacionales, incluso para encontrarle mercados.
Ese detalle también recuerda mucho al mecanismo que en su momento se estableció con Repsol produciendo en Margarita y el mismo Repsol comprando en Campo Durán (Argentina), desde donde se separaban los licuables para abastecer ese mercado.
Este mecanismo generó, en aquel entonces, ciertos incentivos “perversos” que mostraron algunas debilidades y contradicciones del proyecto plurinacional.
Debido a que los precios del mercado interno boliviano son muy inferiores a los que se pagaba en Argentina, a Repsol le convenía la exportación. Entonces se denunció, incluso desde YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos, que la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG-IG) estaba obstaculizando la ampliación del Gasoducto Villa Montes-Tarija, mientras facilitaba el tendido del ducto de exportación de gas a Argentina (gasoducto Juana Azurduy de Padilla).
Todo esto a cambio de 14,8 millones de dólares pagados por Repsol en un fideicomiso del que finalmente la APG-IG nunca se terminó de beneficiar, y que la transnacional reportó como costos recuperables. La gran ganadora fue Repsol.
Salvando las diferencias, la historia demuestra que las transnacionales no son socias. En este mundo capitalista, obviamente, cada quien vela por sus intereses. En este caso la Shell hará lo propio. Está en manos del Ministerio, de YPFB y de las más altas autoridades del Gobierno nacional hacer respetar los intereses de Bolivia, especialmente frente al duro contexto internacional.
