Al final... ¿Quién miente con el gas?
El embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, ha cambiado dos veces su versión respecto a las buenas intenciones pretendidas con Bolivia respecto al contrato de compra venta de gas vigente hasta 2026. La semana pasada, tan sorprendido como todos por las violentas declaraciones de su...
El embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, ha cambiado dos veces su versión respecto a las buenas intenciones pretendidas con Bolivia respecto al contrato de compra venta de gas vigente hasta 2026. La semana pasada, tan sorprendido como todos por las violentas declaraciones de su secretario/ministro de Energía Javier Iguacel, que acusó a Bolivia de incumplir la provisión de gas y anunció que no necesitará más de nosotros en dos años, Álvarez se puso de perfil y apeló a las buenas relaciones, alegando una posible mala interpretación de las palabras y señalando que el contrato – obviamente – se debe cumplir.
Una semana después, el embajador asumió su cargo de avanzada y empezó a ejercer: “Argentina va a pagar como se dijo, inclusive en estos días el envío de gas está en el orden de 12 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), no sé si está acordado o no, es a partir del mes pasado que está entre 15 y 12 MMmcd”, señaló en una declaración cargada de intención.
El contrato de Argentina contempla, por estas fechas unos máximos de 20 millones de metros cúbicos de gas que puede nominar el país vecino, estableciendo un margen de +/- 3 en las cláusulas “toma o paga”, por lo que Álvarez señala vendría a apuntalar la idea central que Iguacel exprime y que en Bolivia, el Ministro de Hidrocarburos, sortea sin la determinación necesaria: que Bolivia no es un socio fiable y que por lo tanto, es necesario modificar el contrato de compra venta reduciendo los volúmenes.
Argentina debe cerca de 400 millones de dólares por facturas impagadas por el gas exportado desde el mes de mayo. Sueltos de cuerpo, sus diplomáticos aseveran que pagarán en noviembre, mientras en Bolivia se mantiene la calma pese a ser bien conscientes de cuál es la situación real que atraviesa el vecino país, rescatado por el Fondo Monetario Internacional y con una escasez de dólares crónica.
En estas fechas de espera, contrasta la paciencia del Ministro Sánchez y sus colaboradores con la nula tolerancia que tuvo Argentina cuando un problema técnico en Margarita en otoño de 2016 dificultó el suministro por tres días al norte del país. En aquella ocasión Argentina aplicó la multa sin reparos. Dos millones de dólares – insignificantes respecto a los volúmenes que mueve el sector -, que sobre todo sirvieron para crear un precedente de hostilidad en la relación bilateral.
Desde la llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina se ha enrarecido una relación que siempre había sido conveniente para ese país, tanto por los licuables gratuitos, como por las condonaciones de compromisos adquiridos. El precio del gas boliviano, aún sin licuables – aunque la mayoría siguen llegando a ese mercado por la incapacidad de poner en marcha los proyectos de industrialización – sigue siendo más competitivo que el GNL o el extraído por técnicas no convencionales.
Lo cierto es que no hablamos de minucias. Las acusaciones de Argentina son graves más allá de que se enmarquen en una estrategia de desgaste al gobierno boliviano, hiperdependiente de ese mercado dada la nula capacidad de abrir nuevos o ejecutar los proyectos de industrialización importantes. YPFB no está siendo ni claro ni contundente a la hora de rebatir las informaciones argentinas y desde julio no actualiza sus propios datos en la web de información pública. Es necesaria una explicación técnica, sin fantasmas y sin promesas.
Una semana después, el embajador asumió su cargo de avanzada y empezó a ejercer: “Argentina va a pagar como se dijo, inclusive en estos días el envío de gas está en el orden de 12 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), no sé si está acordado o no, es a partir del mes pasado que está entre 15 y 12 MMmcd”, señaló en una declaración cargada de intención.
El contrato de Argentina contempla, por estas fechas unos máximos de 20 millones de metros cúbicos de gas que puede nominar el país vecino, estableciendo un margen de +/- 3 en las cláusulas “toma o paga”, por lo que Álvarez señala vendría a apuntalar la idea central que Iguacel exprime y que en Bolivia, el Ministro de Hidrocarburos, sortea sin la determinación necesaria: que Bolivia no es un socio fiable y que por lo tanto, es necesario modificar el contrato de compra venta reduciendo los volúmenes.
Argentina debe cerca de 400 millones de dólares por facturas impagadas por el gas exportado desde el mes de mayo. Sueltos de cuerpo, sus diplomáticos aseveran que pagarán en noviembre, mientras en Bolivia se mantiene la calma pese a ser bien conscientes de cuál es la situación real que atraviesa el vecino país, rescatado por el Fondo Monetario Internacional y con una escasez de dólares crónica.
En estas fechas de espera, contrasta la paciencia del Ministro Sánchez y sus colaboradores con la nula tolerancia que tuvo Argentina cuando un problema técnico en Margarita en otoño de 2016 dificultó el suministro por tres días al norte del país. En aquella ocasión Argentina aplicó la multa sin reparos. Dos millones de dólares – insignificantes respecto a los volúmenes que mueve el sector -, que sobre todo sirvieron para crear un precedente de hostilidad en la relación bilateral.
Desde la llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina se ha enrarecido una relación que siempre había sido conveniente para ese país, tanto por los licuables gratuitos, como por las condonaciones de compromisos adquiridos. El precio del gas boliviano, aún sin licuables – aunque la mayoría siguen llegando a ese mercado por la incapacidad de poner en marcha los proyectos de industrialización – sigue siendo más competitivo que el GNL o el extraído por técnicas no convencionales.
Lo cierto es que no hablamos de minucias. Las acusaciones de Argentina son graves más allá de que se enmarquen en una estrategia de desgaste al gobierno boliviano, hiperdependiente de ese mercado dada la nula capacidad de abrir nuevos o ejecutar los proyectos de industrialización importantes. YPFB no está siendo ni claro ni contundente a la hora de rebatir las informaciones argentinas y desde julio no actualiza sus propios datos en la web de información pública. Es necesaria una explicación técnica, sin fantasmas y sin promesas.
