Sin reserva estratégica, la exportación ya no es para celebrar
La preocupación sobre las reservas de gas se extiende, mientras autoridades del gobierno intentan calmar a la opinión pública con declaraciones optimistas pero sin presentar nada de información. A las denuncias de políticos opositores sobre el agotamiento del hidrocarburo se sumó la...
La preocupación sobre las reservas de gas se extiende, mientras autoridades del gobierno intentan calmar a la opinión pública con declaraciones optimistas pero sin presentar nada de información.
A las denuncias de políticos opositores sobre el agotamiento del hidrocarburo se sumó la estimación del exgerente de Exploración de YPFB en la primera gestión de Morales, Edmundo Pérez Peralta, cuyo cálculo coincide con lo denunciado: las reservas actuales estarían en poco más 4 TCF.
Finalmente el Ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, se inmutó y salió a afirmar que hay 132 TCF de gas convencional, mil por ciento más que lo certificado en 2013, algo difícil de creer incluso sumando las reservas probada, probables y posibles.
Lo más probable es que, siendo optimistas, las reservas actuales igualen a las de 2013, cuando se certificaron 10,45 TCF.
El ministro Sánchez, por fin, ha anunciado que se conocerá el informe final para la segunda mitad de agosto.
Mientras esperamos el plazo para verificar si las autoridades del sector cumplen con su palabra –y con la ley-, la preocupación es la misma que teníamos hace 4, 5, 8 o 10 años: no existe una reserva estratégica para Bolivia.
“Antes era impensable exportar cero de nada con un ratio menor a los 20 años. Ahora tenemos ratios menores a 10 años y seguimos exportando”, advertía ya el año 2014 el director del CEDIB, Marco Gandarillas.
Un año antes, el ex ministro de Hidrocarburos de Evo Morales, Andrés Soliz Rada, más reflexivo planteaba que el volumen a exportarse sea limitado a las reservas probadas existentes, de modo que se garantice gas para los bolivianos durante al menos 40 años.
Lo que el gobierno nacional hizo, tanto antes como después de estas advertencias y planteamientos, fue todo lo contrario.
A finales de la década pasada, Bolivia formalizó un contrato de exportación de gas a Argentina por 20 años, para enviarle hasta 27 millones de metros cúbicos diarios. Y se firmó una adenda al contrato con Brasil para exportar 2 millones de metros cúbicos diarios adicionales.
Años después, justamente en 2014, el gobierno celebraba triunfante el aumento de los volúmenes de exportación a Argentina y la inauguración del caudaloso pozo Margarita 6, acelerando aún más la extracción y exportación sin que estén funcionando los principales proyectos industrializadores. En sus anuncios de prensa, el gobierno celebraba este vaciamiento energético como un éxito.
Hoy, ninguno de los dos mercados puede ser abastecido plenamente, el mercado interno se empieza a preocupar, y los anhelados proyectos de industrialización, cual repetición tragicómica de la historia boliviana, han quedado postergados una vez más.
Lo anterior supone un incumplimiento de los mandatos de la nacionalización de hidrocarburos. Y también pone en riesgo el cumplimiento de la tan pisoteada Constitución Política del Estado, que en su Artículo 20 garantiza el derecho al “acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”.
A diferencia de hace 4 años, el gobierno ya no celebra la exportación. Sin reserva estratégica, el gas se va haciendo gas.
A las denuncias de políticos opositores sobre el agotamiento del hidrocarburo se sumó la estimación del exgerente de Exploración de YPFB en la primera gestión de Morales, Edmundo Pérez Peralta, cuyo cálculo coincide con lo denunciado: las reservas actuales estarían en poco más 4 TCF.
Finalmente el Ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, se inmutó y salió a afirmar que hay 132 TCF de gas convencional, mil por ciento más que lo certificado en 2013, algo difícil de creer incluso sumando las reservas probada, probables y posibles.
Lo más probable es que, siendo optimistas, las reservas actuales igualen a las de 2013, cuando se certificaron 10,45 TCF.
El ministro Sánchez, por fin, ha anunciado que se conocerá el informe final para la segunda mitad de agosto.
Mientras esperamos el plazo para verificar si las autoridades del sector cumplen con su palabra –y con la ley-, la preocupación es la misma que teníamos hace 4, 5, 8 o 10 años: no existe una reserva estratégica para Bolivia.
“Antes era impensable exportar cero de nada con un ratio menor a los 20 años. Ahora tenemos ratios menores a 10 años y seguimos exportando”, advertía ya el año 2014 el director del CEDIB, Marco Gandarillas.
Un año antes, el ex ministro de Hidrocarburos de Evo Morales, Andrés Soliz Rada, más reflexivo planteaba que el volumen a exportarse sea limitado a las reservas probadas existentes, de modo que se garantice gas para los bolivianos durante al menos 40 años.
Lo que el gobierno nacional hizo, tanto antes como después de estas advertencias y planteamientos, fue todo lo contrario.
A finales de la década pasada, Bolivia formalizó un contrato de exportación de gas a Argentina por 20 años, para enviarle hasta 27 millones de metros cúbicos diarios. Y se firmó una adenda al contrato con Brasil para exportar 2 millones de metros cúbicos diarios adicionales.
Años después, justamente en 2014, el gobierno celebraba triunfante el aumento de los volúmenes de exportación a Argentina y la inauguración del caudaloso pozo Margarita 6, acelerando aún más la extracción y exportación sin que estén funcionando los principales proyectos industrializadores. En sus anuncios de prensa, el gobierno celebraba este vaciamiento energético como un éxito.
Hoy, ninguno de los dos mercados puede ser abastecido plenamente, el mercado interno se empieza a preocupar, y los anhelados proyectos de industrialización, cual repetición tragicómica de la historia boliviana, han quedado postergados una vez más.
Lo anterior supone un incumplimiento de los mandatos de la nacionalización de hidrocarburos. Y también pone en riesgo el cumplimiento de la tan pisoteada Constitución Política del Estado, que en su Artículo 20 garantiza el derecho al “acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”.
A diferencia de hace 4 años, el gobierno ya no celebra la exportación. Sin reserva estratégica, el gas se va haciendo gas.
