Tarija no recibe Bs 600 MM por la falta del Pacto Fiscal

La necesidad de consensuar la redistribución de recursos a través de un Pacto Fiscal está recogida en la Ley Marco de Autonomías, una de las leyes orgánicas más polémicas de las que desarrollaron el texto de la Constitución Política del Estado y que fue revisada con lupa por la bancada oficialista como recuerda el secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya en diferentes ocasiones, cuando se refiere con cita textual a lo que debe ser el acuerdo según la propia Ley.

Esa Ley indicaba que el mismo debía alcanzarse luego de que se conocieran los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda, que finalmente no se realizó hasta 2012 y cuyos resultados tardaron más de un año en hacerse públicos. Hasta la fecha, no hay acuerdo institucional y todo apunta a que el asunto quedará en la agenda para la próxima legislatura, lo que da un excelente argumento de campaña para aquellos que reclaman un nuevo consenso, como es el caso de Tarija.

Los ingresos por Coparticipación Tributaria vienen a ser el meollo principal del Presupuesto General del Estado y los ingresos que dan sostenibilidad al Tesoro General de la Nación. Son los derivados del pago de impuestos, tasas aduaneras y la actividad empresarial, por lo que son de un carácter más estable y relacionados directamente a la productividad del país. A más dinamismo, mayores ingresos.

En los últimos cincuenta años de republicanismo, el mecanismo de distribución ha ido cambiando en función de criterios poblaciones o regionales, el actual acuerdo deja el 75 por ciento de los ingresos para el TGN, el 20 por ciento se distribuye entre municipios y el 5 por ciento entre universidades. En el recientemente cerrado 2018, los ingresos de coparticipación crecieron un 6,9 por ciento respecto a presupuesto según informó el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Álvaro Ruíz.

La Constitución de 2009 transforma el Estado centralista – descentralizado en un Estado Autonómico donde medio centenar de competencias son delegadas a las gobernaciones departamentales, sin embargo no se acompañan de un plan de financiación adecuado. Las gobernaciones funcionan básicamente con los recursos de la renta petrolera, regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que son eminentemente volátiles y sobre los que no se ejerce ningún control.

El barril de petróleo empezó el año en 44 dólares, cinco menos de lo contemplado en el Presupuesto General del Estado para 2019, y si bien se prevé un repunte en el mediano plazo, el impacto se sentirá en la gestión de las gobernaciones, que o bien deberán de cancelar la prestación de servicios o bien alargar los plazos de ejecución de obra. Tarija es el ejemplo clásico para este tipo de temas, pues todavía no ha salido de la crisis provocada en 2015 con la caída del precio tras la adjudicación de innumerables obras por parte de la Gobernación de Lino Condori y sus provincias.

Propuestas desde los departamentos
Básicamente son tres las Gobernaciones que han presentado observaciones a los planes del Gobierno en la materia fiscal, y que básicamente contemplaban no mover nada. Las tres gobernaciones son por otro lado, opositoras: la de Tarija, la de Santa Cruz y de La Paz. Se da la paradoja de que este nexo de unión que tiene que ver con la visión de país no ha servido para desarrollar un proyecto político alternativo, pues cada uno apoya fórmulas diferentes, mientras el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, ha apostado por la Alianza Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa; Félix Patzi, gobernador de La Paz, encabeza su propia fórmula en Tercer Sistema y Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, ha apostado por una fórmula federalista con base en Santa Cruz que apunta a consolidar una bancada propia decisiva.

La propuesta de la Gobernación de Tarija implica que el Gobierno Nacional rebaje su participación en la coparticipación hasta el 50 por ciento; que los gobiernos municipales la eleven al 27 por ciento; que las gobernaciones opten al 15 por ciento y las universidades opten al 8 por ciento; una distribución que según Ardaya debe acomodarse a las competencias transferidas y que cada institución podría así cumplir con sus compromisos.

En términos económicos, para Tarija sería una inyección de unos 600 millones de bolivianos, aproximadamente un tercio de los ingresos que hoy están contemplados por la renta en los presupuestos de Tarija y el Chaco, pero que dan estabilidad para enfrentar los compromisos esenciales, como el funcionamiento de la salud, y deja la renta para las inversiones extraordinarias. “En Tarija estamos peleando por las cosas no importantes, cuando deberíamos concentrarnos en el Pacto Fiscal” señaló Ardaya con insistencia.

Un cambio de modelo pendiente

Diferentes iniciativas en la Gobernación de Tarija y en los municipios se enfocan en modificar la matriz de desarrollo, dando más iniciativa a los emprendimientos privados. En ese marco se desarrolla la normativa de la Ley de Alianzas Público – Privadas que hasta el momento no avanza en la Asamblea.

El objetivo es superar la dependencia del gas y dinamizar la economía; sin embargo, el actual diseño institucional de financiación no dejará retribución en la Gobernación, puesto que una mayor iniciativa privada que genere más impuestos irían a distribuirse entre Estado, municipios y universidades. Es en ese sentido, que se plantea una modificación del régimen fiscal, para que los esfuerzos sean a su vez los que generen la sostenibilidad de un aparato departamental ya no determinante, pero necesario.