Apoyo campesino a cambiar Ley del 45% convulsiona la Asamblea

Cuando parecía que el MAS Tarija había logrado un mínimo de tregua tras la llegada del presidente Evo Morales y la, en principio consensuada, propuesta de convocar un nuevo Congreso Orgánico que acabe con las luchas intestinas que amenazan con desangrarlo, llegó Eduardo Fernández, dirigente cívico de Entre Ríos, “activista del 45%” y reconocido aliado del subgobernador de O´Connor Walter Ferrufino, para volver a incendiarlo con una sola frase: “Los campesinos apoyan la redistribución de regalías”.

De esta forma, Fernández blanqueaba una resolución del Ampliado Campesino del pasado jueves que sus integrantes habían decidido no publicitar demasiado, aunque la posición fue corroborada tanto por Paulino Cari como por Miguel Gallardo, vocero oficial de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT).

Eduardo Fernández, junto a Tito Gareca de Bermejo, se cuentan entre los promotores visibles de la Ley de Redistribución de Regalías, que esencialmente pretende dejar sin valor la Ley 3038 que establece que el 45 por ciento de toda la renta petrolera se va al Chaco independientemente donde se la produzca, para lograr un nuevo acuerdo que sí tenga en cuenta este aspecto, que en la coyuntura, no es menor. Los principales campos que se anuncian en Tarija por el Ministerio de Hidrocarburos son los de Boyuy y Huacareta en O´Connor y los de Tariquía en Arce, dos provincias que están por demás apuradas con los muchos compromisos que sus aún subgobernadores firmaron durante la gestión de Lino Condori.

Apoyo y acuerdo
La posición campesina impacta directamente en los acuerdos de la Asamblea Legislativa Departamental y la conformación de su Directiva, cuyos puestos claves fueron copados por el pacto de la Federación y los alcaldes, simbolizados en Guillermo Vega, aliado político de Álvaro Ruíz, alcalde de Uriondo y potencial candidato a la Gobernación en 2020.

La conformación de la Directiva dejó fuera a los chaqueños, que no quieren ni oír hablar del 45 por ciento como dejó expresamente citado el ejecutivo Regional del Chaco, José Quecaña, quien consideró incluso interponer una demanda. Tampoco se contemplaba ninguno de los asambleístas del MAS de Arce ni O´Connor. La interpretación de todas las partes sobre el mensaje coincidía en que el asunto se dilataría luego de que la Comisión de Economía Plural de la Asamblea Plurinacional desestimara tratar el asunto al considerarlo un asunto departamental, argumento que por otra parte coincide con el expresado por el propio presidente Evo Morales, quien también recomendó no tocar el asunto hasta que los pozos fueran exitosos, a lo que no se le ha hecho tanto caso.

La estrategia de la nueva Directiva parecía coincidir con la que el asambleísta plurinacional Ignacio Soruco defendió ayer ante los medios de comunicación: Esperar a que la Asamblea Plurinacional notifique a la proyectista de la Ley, que en este caso era la asambleísta bermejeña Nelly Lenz; de ahí, Lenz debería notificar a la Asamblea Legislativa Departamental sobre el tema, algo a lo que la Directiva respondería con una interconsulta al Tribunal Constitucional para dirimir la competencia, puesto que actualmente el 45 por ciento se soporta en una Ley Nacional y está contemplado en el Estatuto de la Autonomía Regional. El plazo estimado para todo el recorrido podría superar los 18 meses que quedan hasta elecciones.

Lenz, sin embargo, no ha entregado todavía la notificación o petición a la Asamblea, pero no por descuido. “Estamos en busca de consensos con diferentes movimientos sociales, el jueves pasado hemos logrado la adhesión de la Federación de Campesinos con una resolución en la que conmina al presidente a aprobar esta Ley, en caso contrario se va a declarar en estado de emergencia - señaló Fernández quien además cuestionó la argumentación del diputado Soruco sobre el itinerario en consulta al Tribunal Constitucional – Cobra 19.000 bolivianos del Estado y ni se ha enterado de una Ley en su comisión y que afecta a su propia circunscripción”.

Soruco, que no firmó la resolución de la Comisión de Economía Plural, cuestionó que este informe “haya sido ambiguo”, por lo que apoya la consulta al Tribunal Constitucional, pero también consideró que la Ley en 2017 fue rechazada por tres de los cuatro Ministerios a los que se envió en consulta y en 2018 fue devuelta por la falta de fundamentación en la exposición de motivos sobre porqué el 45 por ciento.

Pacto Fiscal regional aguarda momento

Por el momento, el Gobierno Nacional no tiene previsto concluir el Pacto Fiscal exigido por la Ley Marco de Autonomías, esencialmente porque no cuenta con el consenso que se estipula. Las Gobernaciones de Tarija, La Paz y Santa Cruz exigen modificar la Ley de Coparticipación Tributaria para poder financiar las competencias transferidas con recursos más estables.

La Gobernación de Tarija considera esencial cerrar este punto para abrir, si consideran las provincias y la Asamblea, un diálogo sobre el reparto de recursos en el territorio y las competencias que se van a gestionar.
El Gobierno Regional del Chaco rechaza totalmente abrir cualquier diálogo sobre su “conquista histórica”.