Los acusados por la Fiscalía advierten una persecución política
Torres y Sargenti irán a juicio por el caso de la EPI Central
La acusación establece el delito de destrucción de bienes del Estado, por lo ocurrido el 16 de septiembre, cuando se procedió a demoler el muro perimetral que la Policía ordenó construir. Aún no hay fecha de juicio
A casi un año del conflicto por la Estación Policial Integral (EPI) Central, el Ministerio Público emitió la acusación formal para llevar a juicio oral al alcalde, Johnny Torres Terzo, a la presidenta del barrio El Molino, Irina Sargenti, y al vecino Humberto Lema, por el presunto delito de destrucción de bienes del Estado. Esto por la demolición del muro perimetral que estaba en construcción el 16 de septiembre pasado.
Los ahora acusados aseguran que este proceso responde a una persecución política en su contra, por la “agilidad” con la que avanzó la investigación.
Según el Alcalde, la acusación no tiene fundamento, debido a que el Comando Departamental de la Policía estaba levantando un muro perimetral sin contar con la autorización correspondiente de la Dirección de Ordenamiento Territorial.
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“Tienen ustedes uno de los ejemplos más graves de persecución judicial. Esto solo le ocurre al Alcalde opositor (…) Con el imaginario delito de destrucción de bienes del Estado. El comandante (entonces coronel Héctor Pereira) iba a levantar un muro clandestino”, declaró.
El Ejecutivo municipal mencionó que el proceso se remite al acuerdo que se tenía para convertir esos predios en una ampliación de la plaza Lizardi. Sin embargo, en 2022 las autoridades policiales indicaron que la Alcaldía incumplió con la presentación de una propuesta, por lo que comenzó a edificar por su cuenta.
Proceso penal
En el documento de acusación únicamente se tipifica como delito lo que ocurrió el 16 de septiembre, cuando Torres anunció en puertas de la EPI la demolición del muro que ya tenía cerca de un metro de altura.
A la movilización se sumó un grupo de vecinos del barrio El Molino, a la cabeza de Sargenti, quien con sus propias manos tumbó ladrillos del muro. A la medida se sumó el tercer acusado. La misma jornada instalaron una vigilia en puertas de la EPI, pidiendo que el espacio se priorice para un área verde en lugar de oficinas policiales.
Disputa La Alcaldía y dirigencia vecinal aseguran que estos terrenos son del Municipio, la Policía ratifica que los predios les fueron concedidos por Decreto
Al conocer la acusación, Sargenti declaró que la Policía Boliviana no cuenta con documentos que acrediten la propiedad de los predios de la EPI y aseguró que ahora la institución verde olivo pretende quedarse con el inmueble de la Unidad Educativa Carmen Mealla, donde se ubica al momento la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
“Llama la atención, el proceso ha batido récord, pero responde a un tema político (…) Lo que más llama la atención es que se quieren quedar en este predio (U.E. Carmen Mealla) y ahora sabrá Dios cómo los sacamos. Ellos no tienen documentos que acrediten su título de propiedad”, exclamó.
En contraparte a esas afirmaciones, dentro de la acusación figura la recopilación de documentos que incluye el registro de este inmueble en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape) con número de ID Bienes 21137 a nombre de la Policía Boliviana.
Disputa por propiedad
En junio de 2022 se firmó el convenio entre el Comando y la Alcaldía, donde se acordaba la demolición del inmueble ubicado en la calle Campero y 15 de Abril, debido a un riesgo de colapso. El Municipio ordenó el traslado de la FELCV a la U.E. Carmen Mealla.
El acuerdo también establecía que el Ejecutivo presentaría un proyecto para una nueva edificación, que incluya espacios para oficinas policiales y parqueo, pero con un diseño que permita ampliar la plaza Lizardi. Según el excomandante Pereira, se incumplió ese convenio y la institución ordenó la construcción del muro para resguardar los bienes que se encontraban en esos predios.
La Alcaldía y dirigencia vecinal aseguran que estos terrenos son del Municipio, mientras la Policía ratifica que los predios les fueron concedidos mediante Decreto Supremo.
Tras romperse el convenio, en pasados meses el Comando Departamental anunció que en el presupuesto institucional se asignarán recursos para que en ese terreno se edifiquen las oficinas del Programa Bol-110.