CEPB y su oportunidad de oro: ¿Qué hará ante el nuevo gobierno?

Ya lo hizo en 1994 a 1997, al respaldar las políticas privatizadoras del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL). Carlos Calvo Galindo, ex presidente de ASOBAN entre 1974 y 1975 y ex ministro de Finanzas de Hugo Banzer entre 1976 y 1977, fue presidente de la CEPB en dos ocasiones: entre 1989 y 1992, durante las privatizaciones del gobierno de Jaime Paz Zamora, y entre 2000 y 2004, durante la agonía del modelo “capitalizador” de GSL. Lo mismo que Fernando Illanes de la Riva, presidente de esa institución entre 1982-1985 y entre 1992-1993, para luego pasar a ser ministro de GSL y coejecutor de la “capitalización”.

La CEPB, que agrupa a federaciones de empresarios de casi todos los departamentos del país, así como a cámaras sectoriales de diversa vocación, respaldó sin dudar la “capitalización” impulsada por GSL, que consistió en la venta a extranjeros (no a empresarios bolivianos) de paquetes de acciones de empresas estratégicas, como YPFB, ENDE, ENFE, LAB, ENTEL y otras, a cambio de compromisos de inversión bajo el manto protector de contratos de administración con cláusula de confidencialidad.

El resultado contable se dejó ver a corto plazo: entre 1998 y 2002 el Estado tuvo que aprobar al menos dos “perdonazos” tributarios y varias autorizaciones de reprogramación y refinanciamiento de deudas bancarias. La economía del día a día se secó. Cada factura de combustible, energía o telefonía drenaba dinero que se iba en forma de divisas a las casas matrices de los “inversionistas extranjeros”.

Auditorías llevadas a cabo por el tarijeño Juan Carlos Virreira durante el inestable gobierno de Carlos Mesa, entre 2003 y 2004, aclararon algo el panorama: no trajeron inversiones, usaron el flujo de caja de cada una de esas empresas, pero efectuaban compras de servicios, tecnología y equipos a sus propias casas matrices o afines. Los bolivianos pagamos la factura y ellos se quedaron con las acciones de las empresas “capitalizadas”. “Valientemente puso al descubierto los manejos nada transparentes de las petroleras transnacionales”, atestiguó Vladimir Avila-Reese, un entrañable amigo suyo.

Los empresarios bolivianos pagaron las consecuencias: cierre de empresas, ejecuciones judiciales de hipotecas, ejecuciones tributarias y pagos compulsivos de cargas sociales fueron sus tormentos. Frente a ese panorama, las nuevas dirigencias de la CEPB atinaban a invocar diálogos con los gobiernos débiles de turno. Al mismo Calvo Galindo le tocó esa penosa tarea, hasta que Evo Morales ganó elecciones en diciembre de 2005 y juró en el Palacio Quemado en enero de 2006.

El crecimiento silencioso del Fondo de Pensiones

En medio del trajín político y la tortura económica subyacente, sigilosamente crecía el Fondo de Pensiones con el aporte de los mismos empresarios bolivianos y los trabajadores de sus empresas formales que desde 1997 cotizaron en el nuevo sistema de capitalización individual gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), contratadas en el gobierno de GSL. Entre 1997 y 2006, el Fondo de Pensiones creció de 0 a Bs. 15.140.454.161,95. Sus primeros beneficiarios fueron el Tesoro General de la Nación y el Banco Central.

En 1998 se aprobó la Ley del Mercado de Valores. Ya existía la Bolsa Boliviana de Valores S.A., que se fundó el 20 de octubre de 1989 en la sede de la CEPB. La reglamentación permitió que las Agencias de Bolsa, intermediarias obligatorias para acceder al Mercado de Valores, fueran de propiedad de bancos, lo que orientó el ahorro previsional hacia la banca y hacia los accionistas extranjeros que se hicieron de las empresas estratégicas bolivianas, en lugar de promover la emisión de valores bursátiles de empresas bolivianas.

Ahorro previsional
El Fondo de Pensiones tiene USD 30 mil millones: 52% en banca, 33% Estado, el resto en empresas extranjeras.

Mientras la crisis cerraba empresas nacionales, Telecel, Cobee, Sinchi Wayra, la banca privada, la colombiana Gravetal, la argentina Prolega, Textiles TSM, la peruana Alicorp (Aceites Fino), Empresa Ferroviaria Andina, Ferroviaria Oriental (ambas en poder del accionista mayoritario, el venezolano Carlos Gill Ramírez) y otras más, fueron las beneficiarias principales del “modelo”.

Y ese modelo funcionó a la perfección hasta hoy, sin pausa, sin ruido.

Entre 2006 y 2019 hubo liquidez en la economía porque se sintieron los efectos concretos de la Ley Hidrocarburos No. 3058 de mayo de 2005, que incrementó los ingresos por explotación de hidrocarburos del 18% al 50%, y luego del decreto supremo de la tercera nacionalización de hidrocarburos No. 28701, de mayo de 2006, que subió el aporte de los megacampos Sábalo y San Alberto hasta el 82% del valor de la producción gasífera por algo más de un año. Fue un período de bonanza.

En ese período el Fondo de Pensiones creció de los 2.175 millones de dólares en 2006 a casi 30 mil millones de dólares en 2025. El 52% de ese monto está en poder de la banca, un 33% en el Tesoro General del Estado y el resto básicamente en poder de las empresas extranjeras citadas. Muy poco, un monto marginal, en empresas de capital boliviano.

De 2020 a hoy, agotadas las reservas de gas, la bonanza acabó. El actor central de la gestión de las reservas de divisas y del Mercado de Valores, que fue ministro de Economía desde 2006 a 2019, y luego presidente del Estado de 2020 a noviembre de 2025, Luis Arce Catacora (incluido Evo Morales y Álvaro García Linera), no solo no modificó el “modelo” heredado de GSL, sino que lo prorrogó y profundizó, al punto que su propia familia está sospechada de beneficiarse del mismo, con millonarios créditos insólitos, según denuncias radicadas en estrados judiciales.

Entretanto, mientras el ahorro interno fluye hacia el exterior, incluso con préstamos a empresas matrices en paraísos fiscales, las empresas bolivianas, de capital y esfuerzo nacionales, enfrentan falta de divisas, falta de combustible y un mercado interno agónico.

Cambio de gobierno, ¿cambio de modelo?

El reciente resultado electoral que definió que el próximo presidente de Bolivia sea Rodrigo Paz Pereira y su vicepresidente Edmand Lara, ha provocado expectativa en el sector empresarial boliviano. Se han puesto en marcha la CEPB y el agropoder cruceño, que tiene sus propias organizaciones empresariales no afiliadas a ésta.

Un comunicado de prensa anunció tal expectativa al confirmar que recibieron una invitación a una reunión en Santa Cruz, denominada “Primer Encuentro Nacional con el Sector Empresarial y Productivo” que se celebró el pasado 25 de octubre de 2025 en el Campo Ferial de Santa Cruz, a la que asistió el actual presidente de la CPEB, Giovanni Ortuño Camacho.

“El presidente de la CEPB informó que se espera la participación de los representantes de los 29 sectores que integran la entidad nacional, a lo que será la primera reunión que alcance ese nivel de participación entre el nuevo gobierno y el sector privado. Ortuño expresó además su plena coincidencia con la afirmación del presidente Paz que en su carta señala que ‘ningún proyecto nacional puede construirse sin la participación activa de quienes generan riqueza, empleo y desarrollo para nuestra Patria’”.

“La CEPB es la máxima instancia de representación empresarial del país y está conformada por entidades de los rubros de comercio, industria, construcción, banca, microfinanzas, seguros, valores, minería, industria farmacéutica, automotores, electricidad, hidrocarburos, construcción, exportadores y otros, además de ocho federaciones departamentales de empresarios”, dice parte del comunicado de prensa.

Concluida la reunión en “terreno” cruceño, la CEPB no expresó ningún criterio sobre su desarrollo y contenido, aunque se pautó la próxima reunión para el 7 de noviembre, un día antes de la juramentación formal al cargo presidencial y vicepresidencial de Paz y Lara.

“Anunciarles que, a través del esfuerzo del empresariado nacional, pero con las capacidades instaladas, las capacidades de organización en Santa Cruz, el 7 de noviembre generaremos un gran encuentro del empresariado nacional, pero también con aquel empresariado internacional que llegará para la convocatoria de ese encuentro, pero a su vez también para la toma de posesión el 8 de noviembre”, declaró Paz Pereira al concluir su primer encuentro con los empresarios bolivianos.

Nadie se refirió al uso del Fondo de Pensiones, a los casi 30 mil millones de dólares que alimentan la banca y las operaciones de las empresas extranjeras que no trajeron “inversión extranjera directa”.

Preguntas a responder para ganar

El País envió un cuestionario detallado a la CEPB, abordando aspectos fundamentales como la ausente cotización de acciones de empresas bolivianas en el Mercado de Valores, pese a la legislación vigente desde 1998; o el financiamiento de operaciones de las empresas extranjeras con ahorro interno del Fondo de Pensiones, sin traer sus propios recursos para invertir en Bolivia.

Se planteó el conflicto de interés: Asoban, cuyos bancos son accionistas de las Agencias de Bolsa que canalizaron el ahorro interno hacia los bancos; la presencia de empresas extranjeras, como las mineras Sinchi Wayra y San Cristóbal, en comisiones de la CEPB; el caso de Tigo (Telecel), empresa “aliada” de la CEPB, que capta ahorro nacional vía bonos y luego envía dinero a Millicom en calidad de préstamo; y cómo esto se relaciona con la vocación de la CEPB de “armonizar sus intereses particulares con los intereses superiores de la nación”.

La historia muestra que las empresas bolivianas quedaron marginadas del acceso al ahorro interno que ellas mismas, junto a sus trabajadores, generaron. Ante un nuevo gobierno, es necesario saber si la CEPB repetirá el respaldo a políticas que favorezcan al capital extranjero y a la banca sobre los empresarios bolivianos, o si asumirá una posición diferente al silencio institucional.

"Hay modelos probados que Bolivia puede adaptar”

“Lo revelado en los reportajes de El País muestra que Bolivia necesita reorientar su economía. La CEPB, la CAO y los empresarios bolivianos tienen la oportunidad histórica de liderar ese cambio”, señala Edith Gálvez, analista financiera. “El ahorro previsional puede invertirse en empresas bolivianas, usando títulos de deuda e instrumentos de renta fija, y abriendo espacio a la renta variable, como hicieron las AFP chilenas”.

Gálvez toma el ejemplo de Donald Trump, que en septiembre de 2025 implementó una orden ejecutiva que obligó a ByteDance, matriz china de TikTok, a escindir completamente sus operaciones en una venta forzada a capitales estadounidenses, valuada en 14.000 millones de dólares, con control estatal sobre seguridad y datos. “Cuando Estados Unidos defiende su seguridad económica nacional, se le llama pragmatismo. Ese mismo pragmatismo puede y debe aplicarse en Bolivia”, explica Gálvez.

“Francia nacionalizó 1.450 empresas de electricidad, gas, mineras, Renault, Air France, 34 aseguradoras después de la Segunda Guerra Mundial. En los ochenta, Mitterrand nacionalizó 39 bancos completos. Hoy, empresas francesas con participación estatal son exitosas y rentables, como Orange, Renault, Airbus. Canadá mantiene Hydro-Quebec con control estatal desde 1962. Son modelos que funcionan”, detalla.

“La CEPB puede estudiar estos casos y proponer un modelo boliviano donde el ahorro interno financie a empresarios nacionales”, propone Gálvez. “La decisión puede ejecutarse con cambios reglamentarios, casi de inmediato, sin necesidad de leyes. Bolivia puede lograr que sus empresarios y trabajadores sean accionistas de empresas bolivianas exitosas potenciadas por su propio ahorro interno. Ese debería ser nuestro norte”.