ABT, Gestora, UPRE y otras claves del negocio de los hijos de Arce

Una excelente relación parece haberse consolidado entre el banco más cercano a poder empresarial agropecuario y las altas esferas del oficialismo. Por una parte, son ya conocidos los llamativos créditos que obtuvieron los hijos del Presidente de Bolivia. En la vía de retorno, la entidad bancaria recibió, luego de favorecer a los jóvenes veinteañeros, también un notable gesto de confianza: la Gestora Pública de Seguridad Social le confió casi 200 millones de dólares en apenas tres años. La armoniosa relación la completan no sólo todas las autoridades llamadas a fiscalizar movidas financieras, obras públicas y propiedades rurales, sino, incluso hasta candidatos presidenciales. El caso “Adán y Eva” goza, por ahora, de una paradisiaca tolerancia.   

Las tierras del hijo del presidente

Según las revelaciones periodísticas documentadas, confirmadas por el presidente Luis Arce Catacora en reciente entrevista, sus hijos Rafael Ernesto y Camila, obtuvieron, en octubre de 2021, créditos que suman en total 63,1 millones de bolivianos (unos 9,2 millones de dólares al cambio oficial) del Banco Ganadero. Dicho monto les fue otorgado para la compra del predio “Adán y Eva”, de 2.187,8 hectáreas, para el desmonte, la compra de insumos agrícolas, la adquisición de maquinaria y otros destinos no especificados.

Arce, la única autoridad que hasta hoy tocó el tema con seriedad – el ministro Edgar Montaño comparó a los Arce Mosqueira con el fundador de Apple Steve Jobs -, normalizó la situación y consideró innecesario el escándalo. Señaló que en este tipo de inversiones “lo importante es la viabilidad del proyecto y su rentabilidad”. Sin embargo, según otras revelaciones periodísticas, esta rentabilidad no hubiera sido la misma si no hubiera habido ciertas inversiones y permisos adicionales.

El rol de la UPRE y la ABT

Los contratos de créditos y líneas de crédito fueron firmados en noviembre de 2021, momento en el que Rafael Arce Mosqueira compra el citado predio, ubicado entre los municipios de Porongo y la Guardia, en Santa Cruz de la Sierra, a casi 25 kilómetros de la capital departamental.

El crédito fue facilitado por el Banco Ganadero (BG), especializado en este tipo de agronegocios, normalmente rentables, si se cumplen unos requisitos mínimos – volumen de producción y facilidad de acceso – pues tanto el costo del combustible como el uso de semillas transgénicas, e incluso las llaves de la exportación, están protegidas por el Estado. O lo estaban. Valga añadir que el BG es propiedad de una de las familias (Monasterio – Nieme) más ligadas a la producción de soya y ganado del país.

La finca “Adán y Eva” tenía un problema de acceso vial en el pasado. Para mayor sorpresa de quienes han cubierto el tema, aquel obstáculo fue subsanado con la oportuna construcción de un puente de 148 metros. El puente fue construido por el Estado boliviano, vía el programa UPRE, que depende del Ministerio de la Presidencia del Estado. En total invirtió la suma de 21,7 millones de bolivianos (unos 3,1 millones de dólares, según el cambio oficial).

No sólo esa entidad estatal favoreció las cosas a los jóvenes veinteañeros y vástagos del Primer Mandatario. Porque el negocio también generó más rentabilidad a partir de diferentes permisos para desmontes y ampliaciones de la “frontera agrícola” concedidos por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), dependiente de los siempre calientes ministerios de Desarrollo Productivo y de Medio Ambiente, los dos que más cambios y escándalos han padecido en estos años.

Según la investigación periodística original, la ABT “cometió una cadena de ilegalidades al incumplir su propia normativa (PLUS, Resolución Administrativa ABT 129/2020 y Ley Forestal, entre otras) y lo que les llama poderosamente la atención es la velocidad con la que se resolvió la solicitud del hijo del Presidente”.

La relación Gestora y BG

El presidente Luis Arce sostiene que en este tipo de créditos lo importante es el plan de negocios y confía en la independencia del Banco Ganadero y su calidad para haber evaluado bien a sus hijos. Sin embargo, varias fuentes recuerdan que el 52 por ciento de los fondos de la Gestora Pública de Pensiones está invertido en el sistema financiero, entre ellos, el BG.

En diciembre de 2021, año en el que los hermanos Arce Mosqueira obtuvieron los créditos del Banco Ganadero, este banco disponía de los fondos de pensiones administrados aún por las dos AFP (Futuro y Previsión), la suma de 846 millones de dólares (92 por ciento en Depósitos a Plazo Fijo y 8 por ciento en bonos), aunque casi el total son préstamos en moneda nacional.

Al 31 de diciembre de 2024, la Gestora tenía desembolsado a favor del Banco Ganadero (clasificado como banco AA1, que significa “alta calidad crediticia”) la suma de 1.047.042.898 dólares. Es decir, recibió casi 200 millones de dólares más en sólo 3 años. Y acá se abre otra serie de interrogantes ampliada además hacia la entidad bancaria con sello del agropoder.

“¿Cómo fue posible que el Banco Ganadero, ubicado en el octavo puesto en el ranking de bancos de Bolivia, considerando sus activos, aprobara y desembolsara esa cantidad de dinero a favor de dos jóvenes de 20 y 25 años de edad, sin experiencia, antecedentes ni patrimonio documentado? ¿Cómo fue posible esa operación sin que la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) que regula y fiscaliza operaciones bancarias no haya dicho absolutamente nada? ¿Cómo fue posible que la Autoridad de Pensiones (APS), que fiscaliza a la Gestora, que efectúa préstamos al Banco Ganadero en forma de Depósitos a Plazo Fijo y compra de bonos, bonos bancarios y pagarés bursátiles, no haya observado el evidente conflicto de interés que le obliga la ley (art.168, inciso f) “Investigar y sancionar las conductas que generen conflicto de interés”)?”, señala Edith Gálvez, analista en temas económicos.

Gálvez también recuerda que tanto la ASFI como la APS son dirigidas por funcionarios designados por el presidente Luis Arce Catacora. (art. 20 de la Ley 393 de Servicios Financieros para el caso de la ASFI, art.169-II de la Ley 065, para el caso de la APS y art.154 de la Ley de Pensiones No. 065, para el caso de la Gestora).

La generosidad “normal” del Ganadero

Desde el Banco Ganadero, a tono con los silencios oficiales, han descartado que se trate de algún trato de favor y han remitido a formularios concretos para recibir las respuestas pertinentes, que hasta hoy no han llegado. “Todo ha sido normal”, señalan extraoficialmente desde la unidad de comunicación.

El diputado opositor, Enrique Urquidi, anunció hace pocos días que una denuncia vinculada a esa compra de tierras fue admitida a trámite en el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Sin embargo, ese cargo también fue designado por Arce y su ministro recientemente atrapado en redes de corrupción y consorcios, César Siles.

De momento, igualmente guarda silencio el actual fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, quien fue elegido para el cargo en la Asamblea Legislativa Plurinacional en octubre de 2024 con amplia mayoría y votos, aparentemente, de todas las bancadas.