Paz celebra el pacto “50-50”, gobernadores piden concreción

Después de la serenata, paracetamol. Si el acuerdo Gobierno – Gobernadores para enfocar el Pacto Fiscal y una nueva forma de relación institucional del 5 de agosto acabó en una suerte de euforia - ¡refundación del Estado!, ¡golazo!, etc., -, el 6 de agosto fue día de paños fríos y lecturas reposadas. Unos y otros reconocen que el acuerdo es ambicioso y positivo, pero los antecedentes no invitan al optimismo.

El miércoles en la noche se acordó reformar la Ley Marco de Autonomías, la Ley de dominios tributarios, buscar fórmulas para reprogramar deudas, gestionar el acceso directo de las Gobernaciones a la cooperación internacional, entregar una parte de los recursos que entran por coparticipación tributaria a los gobernadores, dejar de legislar sobre IDH ajeno, y otros asuntos de fondo.

El tema ya fue central en el discurso de Rodrigo Paz ante la Asamblea Plurinacional en Sucre. El presidente ya habla de un nuevo pacto entre instituciones para articular el país por encima de acuerdos políticos o partidarios, algo que la mayoría han entendido como una referencia a la cogobernanza con los departamentos. 

Sin respaldo de las organizaciones sociales que le votaron – veremos en qué queda el famoso Consejo Social que volverá a reunirse en septiembre, luego de que entren leyes como la de Inversiones al parlamento -, y con muchas dificultades para gestionar reformas legislativas, a pesar de que los números están de su lado, la foto con los gobernadores camufla de alguna manera la soledad del Gobierno en esta “cruzada”.

Condicionalidad

Amortizada la foto en el 6 de agosto, toca ahora gestionar comunicacionalmente el hecho. Para el Gobierno, como suele suceder en el manual del asesor Fernando Cerimedo, el acuerdo equivale a un tanto anotado, a pesar de que el desarrollo del mismo requiere docenas de mesas, convenios, decretos y leyes. La prudencia no está en el manual.

En esa línea, pero con otro enfoque también se maneja el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, que calificó el acuerdo de histórico: “Hoy Bolivia vive un nuevo capítulo, la profundización de nuestra autonomía que se dio ayer es algo histórico, hemos esperado más de 15 años, pero hemos logrado algo muy importante y lo conseguimos todos los bolivianos. El derecho de administrar lo que con esfuerzo se produce en nuestro territorio, que más grandioso que eso" dijo en el acto público en Santa Cruz. Despojado de eufemismos, Santa Cruz va a exigir desde el día uno la materialización de lo acordado, aunque el acuerdo sea un pacto de buscar fórmulas.

Más conceptual y pragmático fue el vicegobernador de Tarija, Gonzalo Ávila, que pidió dar el siguiente paso: “Porque ahí está el problema real: dimos el paso de la democracia y el paso de la autonomía, pero todavía no completamos esta lucha autonómica” con unas características concretas: “El paso que falta no se impone desde arriba. Se construye desde abajo: primero el municipio, después el departamento, y solo entonces la nación completa. Nadie construye un edificio poniendo primero el techo” e instando a no dormirse: “Este paso no lo pedimos como una exigencia unilateral. Lo proponemos como una conversación entre iguales: Bolivia no se debilita si sus regiones se fortalecen, se debilita si sigue postergando esta conversación”, y es que el problema identificado es que la complejidad de los acuerdos alcanzados lo conviertan en una multiplicidad de comisiones que nunca lleguen a nada.

La autonomía y la distribución

Hay varios puntos que todavía requieren un análisis a profundidad y mucha cintura política. El primero de ellos es que se ha pactado una profundización de la dinámica autonómica, ampliando poderes y capacidad de gestión a los gobernadores, cuando más de la mitad del país no ha logrado redactar y aprobar su Estatuto Autonómico y funcionan en base a una Ley transitoria.

La Paz, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí no tienen Estatuto de Autonomía y no por omisión, sino que los proyectos presentados en 2015 fueron rechazados democráticamente. Esta situación obligaría también a repensar las vías de acceso a las competencias.

El otro asunto central tiene que ver con la financiación, pues actualmente depende de regalías, que son intrínsecamente insostenibles y por tanto, no pueden sostener proyectos a largo plazo. La redistribución de recursos – aunque el presidente insista en el concepto 50-50 para no ser corregido – dependerá de una evaluación y un pacto en función de competencias y criterios.

El alivio de deuda, un compromiso inmediato

Aunque el camino de mediano plazo era importante para los gobernadores, la mayoría también tenían el ojo puesto en las promesas de alivio financiero que en público y privado se venían haciendo desde que tomaron posesión en mayo, pero sin concreción.

El documento plantea estudiar mecanismos de alivio de deuda, y teniendo en cuenta que el principal financiador es el FNDR, se debería encontrar pronto, y aunque el documento no fija plazos concretos, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, se comprometió a ponerlos a disposición en “esta gestión”.