ENDE Brasil: la empresa sin rostro que vive en una oficina de contabilidad y no responde preguntas

Este jueves 30 de abril de 2026, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, tiene previsto anunciar el plan de transparencia para las empresas públicas, en cumplimiento del Decreto Supremo 5600 firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira.

Ese mismo decreto choca, sin embargo, con una realidad que los estados financieros auditados de ENDE Transmisión S.A. al 31 de diciembre de 2025 hacen explícita: el auditor independiente Encinas Auditores y Consultores incluyó un párrafo de énfasis señalando que los estados financieros “no incluyen la consolidación de los estados financieros de sus sociedades controladas” y que, “para una evaluación de la situación financiera del conjunto económico que conforman la Sociedad y sus subsidiarias, se deben preparar estados financieros consolidados de acuerdo con la Norma de Contabilidad No 8”. El informe de 2024, auditado por Delta Consult, no incluyó ese párrafo de énfasis, aunque sí registró una salvedad de alcance equivalente para ENDE Guaracachi.

La advertencia no modifica la opinión del auditor. Pero la existencia de una filial brasileña con ingresos de compensaciones estatales —cuya disposición permanece indefinida— sin que sus cuentas aparezcan en ningún balance público boliviano, convierte la promesa de transparencia en una operación contable incompleta.

La norma, promulgada el 6 de abril, abroga las autorizaciones que permitían a las entidades del Estado contratar bienes y servicios de manera directa, al margen de las reglas ordinarias, y ordena una revisión de todos esos procesos en busca de posibles hechos de corrupción. Es una promesa de orden después de años en los que la opacidad fue la regla.

A cuatro mil kilómetros de La Paz, en una oficina de contabilidad del centro de Brasilia, esa promesa encuentra su prueba más inmediata. En la Quadra 02 del Sector Hoteleiro Norte funciona ENDE Brasil Energia Ltda., la empresa que el Estado boliviano creó para recibir el pago en energía —y eventualmente en dinero— que Brasil le debe por la operación de la central hidroeléctrica de Jirau en la llamada Cota 90.

La compañía comparte dirección, teléfono y correo electrónico con Vector Contadores Associados, la firma de Elizer Soares de Paula, quien es a la vez su administrador legal. La ausencia de información pública sobre la estructura de gobierno corporativo, la falta de publicación de estados financieros consolidados y la imposibilidad de verificar si la empresa cuenta con personal técnico propio capacitado para gestionar operaciones energéticas de esta envergadura son los elementos que los documentos societarios no resuelven.

La sociedad fue constituida con un capital de diez millones de reales. Sus dueños directos no son ENDE Corporación, la matriz estatal, sino dos filiales: las empresas eléctricas Guaracachi y Transmisión.

Las filiales que mandan en Brasil

La elección de ENDE Guaracachi y ENDE Transmisión como accionistas directas de ENDE Brasil no fue administrativa ni neutra. Ambas son subsidiarias de ENDE Corporación que cotizan bonos en la Bolsa Boliviana de Valores, lo que las obliga a publicar información financiera periódica ante el regulador. Eso las hace, paradójicamente, más fiscalizables que la propia empresa madre. Pero esa transparencia regulatoria tiene un límite preciso, y ese límite coincide exactamente con lo que la sociedad brasileña debería revelar.

ENDE Guaracachi —antes controlada por el consorcio privado Guaracachi America Inc. con el 50,001% del capital, y nacionalizada en 2010 mediante el Decreto Supremo 493— es la mayor generadora termoeléctrica del Sistema Interconectado Nacional boliviano. Opera las centrales de Guaracachi (250 MW), Aranjuez (32 MW) y Karachipampa (14 MW), e incorporó en 2023 la planta solar fotovoltaica de Uyuni (60 MW), con una inversión reconocida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad de 62,8 millones de dólares. En 2024, sus ingresos operativos rozaron los 351 millones de bolivianos y su activo total superó los 2.584 millones. Pero la utilidad neta de ese año fue de apenas 13,5 millones de bolivianos, lo que arrojó una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) del 0,58 por ciento —menos que una cuenta de ahorro en el sistema financiero boliviano—. Lo que sí muestra el balance de Guaracachi es una liquidez robusta: razón corriente de 2,24 y un ratio deuda/EBITDA de 0,70, bajísimo para el sector energético. La empresa tiene músculo de corto plazo; lo que no tiene es rentabilidad que justifique una expansión internacional.

La otra propietaria de ENDE Brasil, ENDE Transmisión S.A., es el monopolio regulado de transporte de energía eléctrica en Bolivia. Heredera de la privatizada Transportadora de Electricidad S.A. (TDE), fue nacionalizada en 2012 mediante el Decreto Supremo 1214. Su capital pagado creció de 362 millones de bolivianos en 1997 a 2.357 millones en 2025, fundamentalmente mediante la capitalización de utilidades acumuladas, lo que el análisis financiero de la compañía califica como un “fortalecimiento patrimonial agresivo”. Sus ingresos provienen de peajes regulados —tarifas fijas que el Estado reconoce por el uso de la red de alta tensión—, lo que le garantiza flujos estables independientemente del ciclo económico. En 2025, por primera vez en su historia reciente, la Junta de Accionistas decidió no distribuir las utilidades de ese ejercicio (Bs 350,1 millones), manteniéndolas íntegras en la cuenta de Resultados Acumulados. Sí se pagaron en ese mismo año los dividendos correspondientes a la gestión 2024 (Bs 344,2 millones), aprobados en la asamblea ordinaria de accionistas.

Lo que hacen las dos empresas juntas en la estructura de ENDE Brasil —y esto es lo que revela la revisión de sus documentos societarios— es aportar la cobertura de solvencia que la sociedad brasileña no podría demostrar por sí sola: Guaracachi aporta el historial operativo en generación; Transmisión aporta el respaldo patrimonial y la experiencia en contratos internacionales.

Pero la opacidad no nace de la ausencia de registros, sino de su ubicación en la “letra pequeña” que el poder político prefiere no explicar. Contrario a la narrativa de una inversión invisible, la Nota 12 (Inversiones en Participaciones de Capital) de los estados financieros auditados de ENDE Transmisión al 31 de diciembre de 2024 revela el esqueleto financiero del desembolso. El documento oficial, firmado el 27 de marzo de 2025 —un año antes de lo que el directorio admitiría públicamente—, detalla que la transportadora posee el 40% del capital de ENDE Brasil Energia Ltda., con un valor de cuotas de capital de Bs 6.388.288.

Los estados financieros auditados de ENDE Guaracachi al 31 de diciembre de 2024, revisados por esta investigación, revelan la otra mitad de la inversión. La generadora termoeléctrica registra una participación del 60% en ENDE Brasil, con un valor de Bs 9.835.822. Ese monto incluye no solo el aporte de capital —R$ 6.000.000, según el acta constitutiva— sino también Bs 3.010.845 en “cargos cambiarios y de transferencia en la constitución”. La auditora Delta Consult, que firmó el informe el 23 de enero de 2025, incluyó una salvedad explícita: “La Sociedad aún no cuenta con estados financieros auditados de la subsidiaria, estando en etapa de organización dicha empresa, por lo que no nos ha sido posible verificar documentación soporte suficiente para poder evaluar la razonabilidad del saldo”. El auditor, en otras palabras, no pudo certificar que esos casi 10 millones de bolivianos estén bien gastados. 

Sin embargo, el debut de la filial en las cuentas bolivianas no fue auspicioso: antes de cumplir su primer año, la inversión ya registraba una pérdida por diferencia de cambio de Bs 1.884.599 debido a la devaluación del real brasileño. Los estados financieros de la matriz confirman, además, que para este cálculo se utilizaron los “Estados Financieros de ENDE Brasil al 31 de diciembre de 2024”, lo que prueba que la “empresa sin rostro” sí genera balances contables que el Gobierno boliviano recibe, pero no hace públicos.

Los estados financieros preliminares de ENDE Brasil al 31 de diciembre de 2024 —no auditados, pero existentes— muestran una empresa que era, en ese momento, pura estructura sin operación comercial: activo de R$ 10.146.360, pasivo de R$ 10.097.610, patrimonio de apenas R$ 97.610 y un resultado del ejercicio de R$ (242.239). Cero ingresos por ventas, cero egresos operativos. Pero esa fotografía cambió en la gestión 2025.

Según la Nota 34 de los estados financieros auditados de ENDE Transmisión, “en enero de 2026, ENDE Brasil comunicó que los ingresos que sustentan los resultados al cierre de la gestión 2025 corresponden a compensaciones efectuadas por la República Federativa del Brasil al Estado boliviano, encontrándose pendiente la definición sobre la apropiación y disposición de dichos recursos conforme a la participación en el capital, lo que podría afectar una eventual distribución de dividendos”. La empresa ya no es una estructura inerte: recibe fondos de un gobierno extranjero, pero ni sus accionistas bolivianos ni la opinión pública conocen cuánto ingresó, en qué cuenta bancaria reside, o quién decidió su destino.

El precedente que completa el cuadro tiene veinte años. En julio de 2004, mientras ENDE Guaracachi aún era controlada por el consorcio privado norteamericano, su directorio aprobó la constitución de Guaracachi International S.A., una subsidiaria pensada para el desarrollo de “proyectos en el extranjero”. La operación quedó consignada en notas a los estados financieros de aquella gestión. Dos décadas después, ningún balance de esa entidad ha salido a la luz en los archivos públicos disponibles del Registro de Comercio boliviano. No se sabe si sigue activa, si fue liquidada o cuánto capital recibió. ENDE Brasil Energia Ltda. nace, en ese sentido, de una genealogía de subsidiarias sin rendición de cuentas.

Esa genealogía tiene un espejo actual en la otra filial internacional del grupo. ENDE Transmisión Argentina S.A. (ETASA), creada en 2018 para la interconexión eléctrica con ese país, sí fue constituida mediante decreto supremo y sí aparece en los estados financieros de su matriz boliviana. Pero la simetría termina ahí. Los estados financieros auditados de ENDE Transmisión al 31 de diciembre de 2025 revelan que, en febrero de 2026, ETASA “comunicó la existencia de dificultades financieras significativas, señalando la cercanía a una situación de iliquidez y la imposibilidad de captar recursos para sostener sus operaciones, situación que podría afectar la recuperabilidad de la inversión y del préstamo otorgado por la Sociedad”. El 17 de marzo de 2026, el Directorio de ENDE Transmisión instruyó formalmente a su gerencia gestionar “la situación económica y patrimonial” de ETASA en la misma sesión en que hizo lo propio con ENDE Brasil. Las dos subsidiarias internacionales del grupo energético boliviano presentan, simultáneamente, estados patrimoniales que inquietan a sus accionistas. La opacidad de ENDE Brasil no es, entonces, un fenómeno aislado: es el síntoma de una estrategia de internacionalización sin controles de riesgo ni rendición de cuentas consolidada.

Preguntas sin respuesta

El Diario El País envió un cuestionario a Soares de Paula, que hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta. También este medio dirigió un oficio al Directorio de ENDE Corporación, a las autoridades ejecutivas de la empresa, al Ministro de Hidrocarburos y Energías —que es a la vez presidente de ese Directorio— y al Ministro de Economía. El documento solicitaba información sobre la creación y gobernanza de la subsidiaria brasileña, las características técnicas del acuerdo por la Cota 90, los estados financieros, las cuentas bancarias y las salvaguardas ante conflictos de interés.

Se invocó para ello la Ley 341 de Participación y Control Social y el derecho constitucional de acceso a la información, pues resulta de interés público conocer si la creación de ENDE Brasil fue aprobada por alguna resolución del Directorio de ENDE Corporación o mediante un decreto supremo específico, y si esa decisión fue informada a la Asamblea Legislativa. También sobre la metodología para cuantificar el aporte hidrológico boliviano al embalse de Jirau —base técnica de la compensación—, sobre la existencia de un estudio de impacto ambiental actualizado para la operación en Cota 90 en territorio boliviano, y sobre si se habían realizado consultas previas a las comunidades indígenas de Beni y Pando, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Se preguntó asimismo si existían declaraciones juradas de ausencia de conflicto de interés de los funcionarios que negociaron y supervisan el acuerdo, en cumplimiento de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción. Se recordó el antecedente de ENDE Transmisión Argentina S.A. (ETASA), otra subsidiaria de ENDE Corporación en el exterior, cuya creación sí fue aprobada mediante decreto supremo y que sí aparece en los estados financieros consolidados de la matriz, a diferencia de su par brasileña.

El cuestionario también preguntó por qué ENDE Guaracachi no consolida a ENDE Brasil en sus estados financieros pese a reconocer, en la Nota 2.g de sus cuentas auditadas, que posee “control” sobre la subsidiaria: tenencia del 60% de acciones, influencia en decisiones de directorio, y poder sobre la distribución de dividendos. La norma contable boliviana —la Norma de Contabilidad N° 8 del CTNAC— exige la consolidación cuando existe control. Guaracachi, sin embargo, valúa la inversión al “Valor Patrimonial Proporcional” y presenta estados financieros “separados” como “principales”. Esa decisión contable, tomada por la administración de Rodrigo Corrales Arciénega, tiene el efecto práctico de que los pasivos, los ingresos y los gastos de ENDE Brasil no aparecen en ningún balance público boliviano.

La decisión de no consolidar a ENDE Brasil no encuentra sustento en ninguna norma del ordenamiento contable boliviano vigente. La Norma de Contabilidad N° 8 del CTNAC —vigente desde 1995 y ratificada por la Resolución 01/2012, sin modificaciones hasta la fecha— establece que los estados financieros “deben ser consolidados” cuando existe control permanente, definido como la tenencia de más del 50% de acciones o la influencia significativa en la aprobación de estados financieros y distribución de dividendos. Guaracachi reconoce ambas condiciones en su Nota 2.g, pero alega que “para efectos legales en Bolivia, los estados financieros principales son los estados financieros separados”, sin citar la norma que así lo disponga. Ni el Sistema Uniforme de Cuentas del sector eléctrico (Resolución 222/1999, vigente), ni la Ley 466 de la Empresa Pública (2013, sin reformas), ni la Resolución AETN 298/2022 sobre indicadores de eficiencia (vigente) contemplan excepción alguna a la consolidación. La omisión no es un vacío legal: es una decisión deliberada que convierte a ENDE Brasil en una subsidiaria invisible dentro de los balances públicos de la empresa termoeléctrica.

La omisión no es una anomalía detectada por la prensa: el propio auditor independiente de ENDE Transmisión la señaló en su informe de 2025. Encinas Auditores, firma que reemplazó a Delta Consult en la auditoría de esa empresa, destacó explícitamente que “los estados financieros individuales de ENDE TRANSMISIÓN S.A. han sido preparados para cumplir con las disposiciones legales a las que está sujeta la Sociedad como ente independiente. Por lo tanto, no incluyen la consolidación de los estados financieros de sus sociedades controladas”. La advertencia, lejos de ser una mera formalidad, establece que ningún usuario de los estados financieros públicos de ENDE Transmisión —regulador, acreedor, contralor o ciudadano— puede conocer la situación patrimonial completa del grupo. El auditor no modificó su opinión, pero la inclusión de un párrafo de énfasis sobre este punto eleva la alerta de una práctica contable inconveniente a una señal de riesgo de gobierno corporativo. 

Al cierre de esta edición, el plazo de quince días hábiles otorgado para la respuesta venció sin que ninguna de las instituciones requeridas haya acusado recibo del cuestionario ni solicitado una prórroga. El silencio administrativo que rodea a la empresa brasileña se produce mientras el propio gobierno ha colocado la transparencia en el centro de su agenda.

El Decreto Supremo 5600, firmado por el presidente Paz Pereira, ordena que los ministerios realicen un relevamiento de los procesos de contratación directa efectuados bajo normativas que ahora quedan abrogadas, con el objetivo expreso de “identificar posibles hechos de corrupción”. El artículo segundo de la norma detalla que ese relevamiento debe abarcar tanto los procesos realizados por los propios ministerios como aquellos ejecutados por las entidades bajo su tuición o dependencia. ENDE Corporación, como empresa pública nacional estratégica, depende del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, cuyo titular —Sergio Medinaceli Monrroy, ahora Marcelo Blanco Quintanilla— ocupa simultáneamente la presidencia del Directorio de la empresa.

Resta conocer si esa revisión alcanzará a ENDE Brasil Energia Ltda., una compañía que fue creada antes de que se firmara el memorando que le dio razón de ser y que, dos años después, sigue sin aparecer en los estados financieros consolidados de su propietaria estatal.

A pesar del silencio ante las preguntas, el Gobierno boliviano ha difundido información sobre la creación de ENDE Brasil y los beneficios esperados del acuerdo. El mismo 9 de julio de 2024, tras la firma del memorando en Santa Cruz, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías emitió una nota de prensa titulada “Bolivia y Brasil firman acuerdo de energía limpia que beneficiará a 58 mil hogares en el norte amazónico boliviano”, en la que anunciaba la constitución de la subsidiaria brasileña y un ahorro estimado de 69 millones de dólares anuales por la sustitución del diésel.

La cifra de 69 millones de dólares merece un escrutinio técnico que el gobierno boliviano no ha proporcionado. Según la Ordenanza 2.946 del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, la operación a cota 90 metros constante genera un incremento promedio de 121 MWmed para el Sistema Interconectado Nacional brasileño, con picos de hasta 236,5 MWmed. Si Bolivia recibe un tercio de esa energía adicional, el volumen anual oscilaría entre 353.320 MWh (escenario promedio) y 690.580 MWh (escenario pico). El gobierno boliviano calcula el “ahorro” comparando con el costo de generación diésel en la Amazonía norte, que puede alcanzar entre 150 y 300 dólares por MWh. A un costo de diésel de 195 dólares por MWh, los 353.320 MWh anuales del escenario promedio equivalen efectivamente a unos 69 millones de dólares. Sin embargo, ese mismo volumen de energía, si se comercializara en el mercado brasileño al precio de liquidación de diferencias (PLD) —que en 2024 promedió 127,95 reales por MWh (aproximadamente 24,87 dólares) y en 2025 tiene un piso de 58,60 reales (unos 11,39 dólares)— tendría un valor de mercado entre 4 y 17 millones de dólares anuales. La diferencia entre el “ahorro” contable y el valor de mercado es abismal: el Estado boliviano estaría recibiendo una compensación que, en términos de precios reales de mercado, vale entre cuatro y ocho veces menos de lo anunciado. 

Esta distorsión metodológica no es trivial. Si ENDE Brasil Energia Ltda. pretende monetizar esa energía en el mercado libre brasileño —como declaró el presidente de ENDE Corporación, Mauricio Arevey, en marzo de 2025— los ingresos reales podrían no superar los 10 millones de dólares anuales, una cifra insuficiente para justificar la creación de una subsidiaria en el extranjero y que deja en evidencia que el acuerdo de la Cota 90 es, en términos económicos estrictos, una operación de beneficio ambiental y político más que una fuente de ingresos fiscalmente relevante para el Estado boliviano.

Meses después, el 5 de marzo de 2025, el presidente de ENDE Corporación, Mauricio Arevey, declaró durante una rendición pública de cuentas —recogida por la Agencia Boliviana de Información (ABI)— que ENDE Brasil “tendrá dos objetivos centrales: comercializar energía en Brasil y abastecer la región norte de Bolivia” con energía limpia. El 5 de abril de 2025, un nuevo comunicado institucional, titulado “Bolivia avanza en la integración energética con Brasil para fortalecer el suministro eléctrico”, reiteró que la empresa fue constituida en abril de 2024 para gestionar la autorización de comercialización ante la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL) y anunció estudios para una interconexión desde la provincia Germán Busch. Ninguna de esas comunicaciones oficiales aclara por qué la inversión en ENDE Brasil no aparece en los estados financieros públicos de sus propietarias bolivianas, ni por qué su administrador único es un contador brasileño sin vínculo laboral con el Estado.

Este medio aún no ha obtenido información de las autoridades brasileñas competentes —la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE) y el Ministerio de Minas y Energía de Brasil— sobre el registro de ENDE Brasil como agente comercializador, las salvaguardas ambientales incorporadas a la nueva autorización de operación a cota 90 metros, ni la metodología de compensación acordada. Una investigación paralela está en curso. 

Así, el presente de la integración energética entre Bolivia y Brasil se revela en la distancia que va de un decreto que promete transparencia a una oficina contable que no responde preguntas. Pero entender cómo se llegó a este punto —cómo un proyecto hidroeléctrico concebido como la joya de la infraestructura sudamericana terminó envuelto en advertencias ignoradas, inundaciones históricas y una maraña societaria— exige recorrer la historia completa del Complejo del Río Madeira. Una historia que comienza dos décadas atrás, cuando la Amazonía boliviana alzó la voz, y que encuentra su origen en la ambición energética de Brasil y en la sombra de un escándalo de corrupción que sacudió a todo el continente.

El río que iba a ser domado

En 2001, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso autorizó los primeros inventarios hidroeléctricos del río Madeira. El gigante sudamericano buscaba asegurar su demanda eléctrica para las décadas siguientes, y el Madeira era la opción más viable: un caudal promedio de 17 mil metros cúbicos por segundo en su tramo medio, navegable, con un desnivel que permitía generar energía sin necesidad de un gran embalse. La idea original contemplaba una sola gran represa, pero pronto se dividió en dos —Santo Antônio y Jirau— para evitar que el embalse se extendiera hasta Bolivia y complicara la relación bilateral.

Los estudios de factibilidad quedaron en manos de un consorcio formado por Furnas, la estatal eléctrica brasileña, y la constructora Norberto Odebrecht. Ambas empresas conocían el terreno: Odebrecht ya operaba en Bolivia desde 1987 y en 2004 había solicitado —sin éxito— licencias para realizar estudios en los ríos Mamoré, Madera y Beni. El gobierno boliviano, bajo la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé, les cerró el paso en 2005 con el Decreto Supremo 28389, que suspendió el otorgamiento de licencias hidroeléctricas en toda la cuenca del Madera hasta que se definiera una política nacional de aprovechamiento integral.

En Brasil, en cambio, el proyecto avanzó. En mayo de 2008, el consorcio Energia Sustentável do Brasil (ESBR), liderado por la francesa GDF Suez, ganó la subasta de Jirau con una propuesta que sorprendió al mercado: mover el eje de la represa nueve kilómetros río abajo para abaratar costos. La central, con 3.750 megavatios de capacidad instalada, se convertiría en la cuarta más grande de Brasil. Las 50 turbinas tipo bulbo entraron en operación comercial entre 2013 y 2016, y Jirau fue celebrada como un hito de la ingeniería en la Amazonía. Hoy, sus accionistas son la francesa ENGIE (40%), Eletrobras (40%) —rebautizada recientemente como Axia Energía— y la japonesa Mitsui (20%).

Pero esa historia de éxito se construyó sobre advertencias que fueron sistemáticamente desoídas.

Voces de la Amazonía sin escucha

En octubre de 2006, mucho antes de que se vertiera la primera tonelada de hormigón en el río, los representantes de comunidades campesinas, indígenas, pescadores y autoridades locales del norte amazónico boliviano se reunieron en Riberalta. Convocados por la alarma de lo que se proyectaba río abajo, emitieron un pronunciamiento que hoy se lee con la claridad de un presagio cumplido: “Los pobladores de la amazonía boliviana seremos afectados con el deterioro de nuestras condiciones de vida”, escribieron entonces. “Estos cambios que se avecinan van a espantar a los peces y les van a traer enfermedades y muerte”. El documento, de 2006, forma parte de los archivos del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, FOBOMADE.

Esa organización, junto con científicos bolivianos y brasileños, se convirtió en la principal voz de alerta sobre los impactos transfronterizos del Complejo del Río Madeira. En 2007, el hidrólogo Jorge Molina Carpio publicó un análisis técnico de los estudios de impacto ambiental de las represas. Su conclusión fue inequívoca: “Contrariamente a lo que afirman esos estudios, el tramo afectado incluirá el sector binacional aguas arriba de Abuná”. El fenómeno de remanso —la elevación del nivel del agua provocada por la acumulación de sedimentos en la cola del embalse— extendería la inundación a territorio boliviano, especialmente durante los períodos de aguas bajas y medias. El estudio advertía también que los afluentes del Madera, como el río Abuná, no habían sido considerados en las simulaciones hidráulicas.

A esas voces se sumó la del biólogo estadounidense Philip Fearnside, uno de los mayores expertos mundiales en la Amazonía, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía (INPA) de Brasil. En sucesivos artículos científicos entre 2013 y 2015, Fearnside detalló los impactos que el sistema de represas tendría sobre la pesca, la calidad del agua y la salud pública. El bloqueo de los grandes bagres migratorios —como la dourada— afectaría a comunidades pesqueras en Bolivia, Perú y Brasil. La metilación del mercurio acumulado en los sedimentos por décadas de minería aurífera se aceleraría en los embalses, contaminando la cadena alimenticia. La eliminación de las variaciones estacionales del nivel del río inundaría de forma permanente las tierras de cultivo ribereñas y los bosques de castaña, de los que dependen miles de familias en Pando y Beni. Los criaderos del mosquito Anopheles, transmisor de la malaria, se multiplicarían en las aguas estancadas de los afluentes.

FOBOMADE, con sus investigadores Patricia Molina y Pablo Villegas, sistematizó y difundió esas advertencias. En el libro “El Norte Amazónico de Bolivia y el Complejo del Río Madera”, publicado en 2007, se detallaba la vulnerabilidad de una región ya marcada por la pobreza extrema: más del 90% de la población rural de Pando con necesidades básicas insatisfechas, departamentos enteros sin energía eléctrica, dependientes de generadores diésel, y una de las tasas de malaria más altas del continente. Frente a ese panorama, las represas no solo representaban un riesgo ambiental, sino una amenaza concreta a la salud y a la supervivencia económica de las comunidades.

En febrero de 2007, las organizaciones sociales del norte amazónico se declararon en emergencia y exigieron al presidente Evo Morales “no negociar ni firmar ningún tipo de acuerdo” con Brasil. Pero el gobierno boliviano, aunque inicialmente rechazó el proyecto, fue modulando su posición. En marzo de 2007, el canciller David Choquehuanca escribió a su par brasileño Celso Amorim pidiendo información. Brasil respondió con la creación de un comité binacional, pero las obras continuaron su marcha.

Mientras tanto, el proyecto avanzaba en medio de un escándalo de corrupción que pronto envolvería a sus principales constructores. Entre 2001 y 2016, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de América Latina y África, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En Brasil, el esquema destapado por la Operación Lava Jato reveló que la constructora financió ilegalmente a partidos políticos y funcionarios para obtener contratos, incluidos los de las hidroeléctricas del Madeira. En Bolivia, una comisión legislativa investigó en 2018 los sobornos relacionados con la carretera Roboré-El Carmen, adjudicada a Odebrecht y a Camargo Corrêa, otra de las constructoras que participó en Jirau y Santo Antônio. Los nombres de exministros y exfuncionarios de los gobiernos de Evo Morales fueron ventilados en el caso. Odebrecht fue expulsada de Bolivia en 2008, readmitida en 2010 y finalmente catalogada como una organización estructurada para la corrupción, con un “departamento de coimas” que operaba el sistema informático Drousys para gestionar los pagos ilegales.

La inundación que confirmó todo

A principios de 2014, lluvias excepcionales en el centro-norte de Bolivia y el sureste de Perú elevaron el caudal del río Madeira a niveles nunca registrados. En Porto Velho, el agua alcanzó los 19,74 metros el 30 de marzo, tres metros por encima del nivel de emergencia. La inundación afectó a más de 30 mil familias en 17 barrios y tres distritos de la capital de Rondônia. El estado de Acre quedó aislado por la inundación de la BR-364. Las centrales de Santo Antônio y Jirau se vieron obligadas a cerrar compuertas y detener turbinas.

La pregunta que surgió de inmediato fue si las represas habían agravado el desastre. En marzo de 2014, el juez Herculano Martins Nacif, del Tribunal Ambiental y Agrario de Rondônia, emitió una sentencia histórica. Tras analizar la evidencia, determinó que la operación de las hidroeléctricas había contribuido a la inundación al modificar la curva de remanso del río y gestionar de manera tardía el vaciado de los embalses. El fallo obligó a los consorcios de Santo Antônio y Jirau a proveer vivienda, alimentación, transporte, educación y salud a todas las familias damnificadas, y a rehacer los estudios de impacto ambiental bajo supervisión del Ministerio Público. La multa por incumplimiento se fijó en cien mil reales diarios —unos 45 mil dólares de la época—.

El fallo reveló que la Agencia Nacional de Aguas (ANA) había advertido a la empresa Santo Antônio Energia, mediante la Nota Técnica 48 de 2012, que “el agotamiento incontrolado del caudal podría provocar pérdidas aguas abajo” y que la variación de caudal que la empresa aplicaba era muy superior a la registrada históricamente. Pese a ello, la empresa retrasó el inicio del vaciado hasta que el nivel del agua ya estaba en el máximo. La conclusión del informe técnico conjunto de CREA-RO y SENGE-RO fue categórica: la situación “se ve agravada por las centrales hidroeléctricas de Santo Antônio y Jirau”.

En Bolivia, el mismo año, el presidente Evo Morales atribuyó las inundaciones al calentamiento global y a la “exagerada industrialización de algunas potencias”. “Se requiere una profunda investigación para saber si en verdad afectan las plantas de Brasil”, dijo a la prensa en abril de 2014. El canciller Choquehuanca sostuvo que “primero tenemos que tener información científica concreta”. No hubo demanda, ni juicio, ni reclamo formal de compensación ante tribunales internacionales. Las aguas bajaron, y el tema se diluyó en la agenda bilateral. El investigador Pablo Villegas escribió entonces en las páginas de FOBOMADE: “Los daños quedan a merced de los intereses de los políticos de turno y sus disputas”.

El memorando de entendimiento firmado en julio de 2024 no incluye, al menos en sus versiones públicas, nuevas salvaguardas hidrológicas ni mecanismos de monitoreo binacional que eviten la repetición de los eventos de 2014. La Ordenanza 2.946/2025 del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, que formaliza la operación a cota 90 metros constante, tampoco menciona obligaciones de vaciado anticipado de los embalses durante períodos de lluvias extremas ni establece un protocolo de alerta temprana con las comunidades ribereñas bolivianas. La ausencia de estas cláusulas convierte la historia de las inundaciones en una advertencia no resuelta, no en un antecedente superado. 

El acuerdo de la Cota 90 y la oportunidad perdida

Nueve años después de la inundación, la relación energética entre Bolivia y Brasil dio un giro. El 9 de julio de 2024, en Santa Cruz de la Sierra, los ministros Alexandre Silveira, de Brasil, y Franklin Molina, de Bolivia, firmaron un memorando de entendimiento para modificar la operación de Jirau. La central, que hasta entonces debía bajar su cota a 82,5 metros durante la estación seca para evitar impactos en Bolivia, podría ahora operar de manera constante a 90 metros durante todo el año.

El acuerdo partió en dos la energía adicional generada: dos tercios para Brasil, un tercio para Bolivia. El Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) brasileño formalizó la división el 1 de octubre de 2025. La Ordenanza 2.946 del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, de mayo de 2025, calculó un aumento promedio de 121 megavatios para el Sistema Interconectado Nacional brasileño, con picos de hasta 236 megavatios en operación plena. Eso equivale, en términos prácticos, a construir una nueva hidroeléctrica de 500 megavatios sin mover una piedra.

Para Bolivia, el beneficio declarado fue la recepción de un tercio de esa energía adicional, valorizada en aproximadamente 69 millones de dólares anuales según estimaciones del gobierno. Una cantidad que, bien administrada, podría haber representado una fuente de ingresos significativa para un Estado con crónicos problemas fiscales. El acuerdo no exigía a Bolivia invertir un solo centavo en la generación: Jirau ya estaba construida, operada y financiada por sus acreedores brasileños y europeos.

Pero había una condición tácita. Para recibir esa energía y eventualmente monetizarla en el mercado eléctrico brasileño, Bolivia necesitaba una empresa constituida en Brasil, registrada como agente comercializador ante la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE). El 19 de abril de 2024 —dos meses y medio antes de la firma del memorando—, esa empresa fue creada en Brasilia. Se llamó ENDE Brasil Energia Ltda.

Los estados financieros de Guaracachi confirman esa anticipación: en la Nota 3.j, la empresa detalla que su inversión en ENDE Brasil incluye gastos de “organización del proyecto de integración energética” registrados como activo corriente. Es decir, Guaracachi ya estaba desembolsando dinero para montar la operación brasileña antes de que el acuerdo de la Cota 90 tuviera firma oficial. La secuencia: primero la empresa, luego el acuerdo; primero el gasto, luego la autorización. 

La autorización que precedió a ese gasto no fue un decreto supremo, sino una resolución de directorio que los estados financieros de ENDE Transmisión hacen pública de manera indirecta. La Nota 12 de los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 señala que la participación del 40% en ENDE Brasil se constituyó “de acuerdo a la Resolución de Directorio No 014/2023 de ENDE Matriz del 18 de diciembre de 2023”. Esa resolución, anterior a la creación de la filial por más de cuatro meses, demuestra que la decisión de internacionalización fue tomada por el directorio de la empresa estatal sin necesidad de trámite legislativo ni decreto presidencial.

La coincidencia de fechas sugiere que el gobierno boliviano conocía de antemano el inminente acuerdo sobre la Cota 90. La ley brasileña exige rigurosos requisitos para operar en el mercado eléctrico, y constituir una empresa con dos meses de anticipación —justo antes de la firma del memorando— parece más una jugada estratégica que una casualidad administrativa. ENDE Brasil Energia nació, así, como la llave jurídica para que el Estado boliviano pudiera cobrar los beneficios de un acuerdo que todavía no se había firmado.

Aquí es donde los caminos de la transparencia y la realidad administrativa boliviana se bifurcan.

ENDE Brasil Energia Ltda. no se registró como sucursal de ENDE Corporación, la empresa pública nacional estratégica que encabeza el sector eléctrico boliviano. Sus socios directos son dos filiales: Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A. y ENDE Transmisión S.A. El capital social declarado es de diez millones de reales —aproximadamente 1,8 millones de dólares—, una fracción mínima de los casi 70 millones de dólares anuales que, según el gobierno boliviano, debería gestionar.

Los números que no cuadran

Señalada la distorsión metodológica en el cálculo del “ahorro” de 69 millones de dólares anuales, los estados financieros auditados de ENDE Transmisión aportan una segunda distorsión contable.

La inversión de Bs 6.388.288 (40% del capital) registrada por ENDE Transmisión en 2024 implica, si se proyecta proporcionalmente, un capital social total de aproximadamente Bs 15,97 millones. Sin embargo, los estados financieros de ENDE Guaracachi registran una inversión de Bs 9.835.822 por el 60%, que proyectada implica un capital total de Bs 16,39 millones. La diferencia entre ambas cifras —cerca de Bs 250.000— no se explica en los documentos públicos de ninguna de las dos empresas. Si Guaracachi incluyó en su saldo “cargos cambiarios y de transferencia” no reflejados en los registros de la matriz, la contabilidad de la operación brasileña no solo no está consolidada: es asimétrica entre sus dos propietarias.

Además, la pérdida por diferencia de cambio que ENDE Transmisión registró en 2024 —Bs 1.884.599— se redujo a Bs 1.314.199 en 2025, a pesar de la volatilidad del real brasileño en ese período. Esa reducción de Bs 570.400 no tiene explicación en las notas a los estados financieros, que solo indican que la participación de capital “se encuentra constituida en moneda extranjera, en reales brasileños”. Un activo que pierde valor por devaluación cambiaria en un año, pero menos de lo esperado en el siguiente, sin operación comercial que lo justifique, es un indicio adicional de que los números de ENDE Brasil resisten el escrutinio público.

Doble purga sin explicación

El representante legal de Guaracachi ante ENDE Brasil es Rodrigo Corrales Arciénega, quien gestionó esa empresa durante cinco años. Su gestión incluyó hitos que, vistos en retrospectiva, construyeron el andamiaje legal para la internacionalización de EGSA: en noviembre de 2022, representó a la empresa en la modificación de sus estatutos para ampliar el objeto social e incluir expresamente “proyectos de energía alternativa en Bolivia y el extranjero”; en 2023, gestionó un aumento de capital social a 913 millones de bolivianos vinculado a la regularización de aportes por la Planta Solar Uyuni. El 2 de diciembre de 2025 —casi dos años después de la creación de ENDE Brasil— se presentó ante el SEPREC la revocatoria total de su poder de representación legal en la empresa boliviana, y se otorgó mandato al nuevo gerente general, David Antonio Fernández Román.

Su contraparte por ENDE Transmisión es Héctor Maldonado Cardozo, quien asumió la gerencia general de esa empresa en febrero de 2025 y fue removido el 28 de noviembre del mismo año, apenas nueve meses después. La causal invocada fue el artículo 327 del Código de Comercio —remoción por decisión del directorio sin expresión de motivo—. Lo que siguió fue más revelador que la propia remoción: entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se produjo la desvinculación en cadena de los gerentes de Administración y Finanzas (Yuvenka Condori), Planificación (Raúl Rojas / Eliana Ávila) y Operaciones (Rubén Guamán / Jorge Heredia) de ENDE Transmisión. La plana mayor de la empresa que creó ENDE Brasil fue reemplazada en su totalidad en el lapso de tres meses.

Los estados financieros auditados de 2025, bajo la Nota 33 (Cambios en la administración), confirman que la gestión estuvo a cargo de tres gerentes generales: Filiberto Soto Encinas (desde el 1 de enero), Héctor Maldonado Cardozo (desde el 24 de febrero) y Jorge I. Candia Quiroga (desde el 28 de noviembre). La permanencia de Soto Encinas durante casi dos meses de 2025 completa el cuadro de una empresa cuya dirección ejecutiva cambió tres veces en un solo ejercicio contable —justo cuando sus filiales en Argentina y Brasil comenzaban a reportar dificultades.

El acta del 17 de marzo de 2026 publicada por ENDE Transmisión como Hecho Relevante en la Bolsa Boliviana de Valores contiene siete resoluciones sobre administración interna: reglamentos de compras, poderes notariales y convocatoria a asamblea. En ningún punto menciona a ENDE Brasil ni a ETASA. La instrucción de gestionar la situación económica y patrimonial de ambas subsidiarias —acreditada en la Nota 34 de los estados financieros auditados— fue reconocida ante el auditor, pero no comunicada a los inversores que tienen bonos de la empresa. Una decisión que el propio directorio consideró relevante para consignarla en las notas auditadas no mereció, sin embargo, el estatus de Hecho Relevante. Esa asimetría entre lo que se dice al auditor y lo que se dice al mercado es, en sí misma, un problema de gobierno corporativo.

La velocidad del giro es inusual incluso para los estándares de la empresa pública boliviana. El 24 de marzo de 2026, la Junta de Accionistas de ENDE Transmisión ratificó por unanimidad a su directorio completo, incluido Mauricio Arevey, quien a la vez presidía ENDE Corporación y había defendido públicamente la creación de ENDE Brasil. Treinta y cuatro días después, el 27 de abril, la misma Junta los removió a todos por el artículo 327 del Código de Comercio —sin expresión de motivo— y nombró un directorio enteramente nuevo. Entre una sesión y la otra no hubo ningún Hecho Relevante que explicara el cambio de criterio. El accionista mayoritario —ENDE Corporación, con el 99,94% del capital— votó en ambas ocasiones.

Hay una secuencia que los documentos públicos de la empresa narran con una precisión involuntaria. El 24 de marzo de 2026, la Junta General Ordinaria de Accionistas de ENDE Transmisión —reunida con el 99,99% del capital— aprobó los estados financieros del ejercicio, decidió no distribuir las utilidades de 2025 y, en el mismo acto, ratificó a los cinco directores titulares y al síndico. Entre ellos, Mauricio Arevey Mejía, quien como presidente de ENDE Corporación había defendido públicamente la creación de ENDE Brasil apenas un año antes. El 27 de abril —34 días después, sin que mediara ningún Hecho Relevante que explicara el cambio— la misma Junta los removió a todos. El accionista que votó en ambas sesiones es el mismo: ENDE Corporación, con el 99,94% del capital. Lo que cambió entre el 24 de marzo y el 27 de abril no consta en ningún documento público.

La distribución aprobada ese mismo 27 de abril —Bs 266.073.660, en cuatro cuotas hasta septiembre— tampoco proviene de las utilidades 2025, que permanecen íntegramente retenidas en la cuenta de Resultados Acumulados. Es dinero de gestiones anteriores que la empresa había ido acumulando. Los Bs 332,6 millones de utilidades distribuibles de 2025 siguen dentro de la empresa, junto a un saldo total de Resultados Acumulados que, tras esa distribución, supera los Bs 767 millones. Una empresa con esa reserva, dos subsidiarias en dificultades y un contador brasileño custodiando fondos soberanos sin definición de destino.

Esta investigación no ha podido establecer, hasta el cierre de esta edición, una relación causal directa entre las remociones de Corrales y Maldonado y la creación o gestión de ENDE Brasil. No obstante, la simultaneidad de ambas destituciones, sumada a la posterior desvinculación en cadena de la plana mayor de ENDE Transmisión, exige una explicación del Estado boliviano. 

Tanto Corrales como Maldonado —ambos removidos de sus cargos ejecutivos bolivianos antes de que terminara 2025— figuraban al cierre de esta investigación como representantes legales activos de ENDE Brasil Energia Ltda. en el Cuadro de Sócios e Administradores de la Receita Federal brasileña. No existe constancia pública de que esos mandatos hayan sido formalmente revocados ante las autoridades brasileñas. Sin cargo ejecutivo en Bolivia, pero con poderes vigentes —o al menos no revocados documentalmente— para actuar en nombre del Estado boliviano ante el mercado eléctrico de Brasil, ambos funcionarios se encuentran en una situación jurídicamente ambigua.

Esa inestabilidad no se limitó a los gerentes. El 17 de marzo de 2026, el Directorio de ENDE Transmisión dio una muestra adicional de fragilidad institucional: revocó un poder general de administración conferido apenas cuatro meses antes, el 28 de noviembre de 2025, y otorgó uno nuevo al mismo gerente interino, Jorge Ignacio Candia Quiroga. Una semana después, el 25 de marzo, la Junta de Accionistas ratificó a los directores titulares —Jorge Vidal Challapa, Mauricio Arevey Mejía, Cristhian Escalante y Elías Mamani— y al síndico Luis Orlando Vargas. Esa confirmación duraría apenas un mes.

El 27 de abril de 2026, la misma Junta de Accionistas removió a la totalidad de los directores titulares y al síndico, y nombró una nueva directiva encabezada por Roberto Arellano Cortez. Entre los removidos figuraba Mauricio Arevey Mejía, quien en su doble condición de presidente de ENDE Corporación y director de ENDE Transmisión había defendido públicamente la creación de ENDE Brasil apenas un año antes. La purga alcanzó así el máximo nivel de gobierno corporativo.

La pregunta que esa ambigüedad genera es de fondo: ¿quién tomó las decisiones de ENDE Brasil entre noviembre de 2025 y la fecha de esta publicación? ¿Actuaron Corrales y Maldonado por inercia, sin que sus empresas madres —ya con nuevas gerencias— les impartieran instrucciones? ¿O siguieron operando por cuenta propia, con poderes que nadie revocó formalmente? Y si nadie tomó decisiones, ¿quién custodia las cuentas bancarias en el exterior que ENDE Transmisión habilitó en diciembre de 2024?

La administración brasileña

Y en el centro de toda esta estructura, como administrador único, aparece el nombre de Elizer Soares de Paula.

Soares de Paula no es un funcionario de carrera del Estado boliviano. Tampoco es un diplomático, ni un ingeniero eléctrico, ni un alto ejecutivo del sector energético. Es un contador brasileño que administra Vector Contadores Associados Ltda., una firma con sede en Brasilia que ofrece servicios de contabilidad, registro empresarial y domicilio fiscal. La dirección de ENDE Brasil ante la Receita Federal —SHN Quadra 02, Bloco I, Loja 03, Asa Norte— es exactamente la misma que la de Vector. El número de teléfono registrado es el mismo. El correo electrónico de contacto es una cuenta personal de Soares de Paula en el dominio de Vector. No existe, después de dos años de creada la empresa, una dirección de correo institucional de ENDE Brasil.

El vínculo entre la matriz en Bolivia y la oficina de Soares de Paula en Brasilia no es solo administrativo; es de dependencia financiera. Según la Nota 7 (Otras cuentas por cobrar empresas relacionadas) de los estados financieros de ENDE Transmisión al 31 de diciembre de 2024, la matriz registró un saldo de Bs 190.130 por concepto de “pagos a cuenta a ser reembolsados por ENDE Brasil Energia Ltda.”. Este flujo de dinero se ratifica en el apartado de Precios de Transferencia (Nota 33), donde se admite que la matriz boliviana realiza habitualmente “pagos realizados por cuenta de la empresa vinculada”. En la práctica, ENDE Brasil no opera como una unidad de negocio autónoma, sino como una entidad subsidiada desde La Paz que, al menos hasta finales de 2024, era incapaz de cubrir sus propios gastos operativos básicos de funcionamiento.

En enero de 2026, esa dependencia adquirió una dimensión operativa que no existía al cierre de la investigación original. ENDE Brasil informó a su matriz boliviana que había recibido “compensaciones efectuadas por la República Federativa del Brasil al Estado boliviano” —es decir, fondos públicos de un gobierno extranjero depositados en una cuenta de una empresa domiciliada en una oficina de contabilidad de Brasilia. La “apropiación y disposición de dichos recursos”, según los estados financieros de ENDE Transmisión, permanece “pendiente” sin resolución de accionistas. El administrador de una firma contable privada no solo gestiona la estructura de una empresa estatal boliviana: custodia, al menos transitoriamente, pagos soberanos entre dos Estados, sin que exista un registro público de su monto ni un mecanismo de control sobre su uso.

El caso de ENDE Brasil guarda semejanzas inquietantes con el escándalo de BoTrading, la sociedad fantasma creada por el exgerente de Bolivia TV, Carlos Achá, en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Aquel caso, destapado en 2016, mostró cómo un funcionario público podía desviar fondos mediante una empresa opaca, sin que los controles estatales detectaran la maniobra durante años. En ambos casos, la estructura societaria se diseñó para eludir el escrutinio: en BoTrading, mediante un entramado offshore; en ENDE Brasil, mediante una subsidiaria domiciliada en una oficina de contabilidad de Brasilia.

Pero también hay diferencias. BoTrading fue una operación clandestina desde su origen, creada sin conocimiento del directorio de la empresa estatal, con cuentas bancarias en el exterior y transferencias que los fiscales bolivianos tardaron meses en rastrear. ENDE Brasil, en cambio, fue constituida legalmente y registrada en los sistemas públicos brasileños. La Receita Federal le asignó un CNPJ, y sus datos societarios figuran en el Quadro de Sócios e Administradores. Sin embargo, la transparencia termina ahí: sin oficina propia, sin correo institucional, sin estados financieros públicos.

La lección de BoTrading fue que la opacidad en las empresas públicas bolivianas no es un defecto del sistema, sino una característica que permite que los dineros del Estado circulen sin control. La promesa del decreto de Rodrigo Paz Pereira es, precisamente, romper con esa característica. Pero mientras el administrador de una empresa clave para los intereses energéticos de Bolivia se niegue a responder preguntas básicas —¿ha recibido pagos de Jirau?, ¿dónde se depositan los fondos?, ¿quién le da instrucciones?—, la promesa de transparencia corre el riesgo de quedarse en el papel.

El Decreto Supremo 5600 prometió transparencia en las empresas públicas. Pero mientras ENDE Brasil Energia Ltda. opere desde una oficina de contabilidad de Brasilia con ingresos estatales no apropiados, la transparencia seguirá siendo una promesa que se cumple en los papeles de La Paz y se incumple en las cuentas de un contador de la Quadra 02.

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El juicio que sí se dio en Brasil

En marzo de 2014, mientras las aguas del río Madeira anegaban Porto Velho, el juez Herculano Martins Nacif dictó una sentencia que marcó un antes y un después en la responsabilidad ambiental de las hidroeléctricas.

El fallo obligó a los consorcios de Santo Antônio y Jirau a cubrir todas las necesidades básicas de los damnificados —vivienda, alimentación, transporte, educación y salud— y a rehacer los estudios de impacto ambiental. La decisión judicial se basó en informes técnicos que demostraron que la gestión tardía del vaciado de los embalses y la modificación de la curva de remanso agravaron los efectos de la inundación.

Sin embargo, esa decisión judicial no tuvo eco en Bolivia, a pesar de que las mismas causas —sedimentación acelerada, elevación del nivel del río, desborde sobre afluentes como el Abuná— operaban en su territorio. Ni el gobierno de Evo Morales ni el de Luis Arce iniciaron acciones legales ante tribunales brasileños o internacionales para reclamar compensaciones por daños en el lado boliviano de la frontera.

La razón, según documentos y testimonios recogidos por FOBOMADE en aquellos años, fue una combinación de desinterés político, falta de estudios propios y una diplomacia que priorizó no confrontar con Brasil en el marco de la relación gasífera.

La megarrepresa que nació de la corrupción

El Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira no fue solo un proyecto de ingeniería; fue también un escenario donde operaron los mismos actores que protagonizaron el mayor escándalo de corrupción de América Latina. Odebrecht, que intentó obtener licencias para construir represas en Bolivia en 2004, fue una de las empresas que realizó los estudios de factibilidad de Jirau y Santo Antônio. Camargo Corrêa, que construyó la central de Jirau, también figura en las investigaciones por sobornos en la región.

Los registros judiciales brasileños revelaron que Odebrecht operaba un sofisticado “departamento de coimas” que utilizaba los sistemas MyWebDay y Drousys para gestionar pagos ilegales a funcionarios en doce países. En Bolivia, la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa investigó en 2018 pagos ilegales relacionados con la carretera Roboré-El Carmen y señaló a exministros del gobierno de Evo Morales.

La paradoja es que, mientras las empresas que construyeron las represas enfrentaban procesos judiciales en Brasil, Perú y Estados Unidos, en Bolivia el debate sobre Jirau se centró exclusivamente en los beneficios energéticos, sin que las autoridades plantearan un escrutinio sobre el origen de los proyectos que afectaban su territorio.

El diésel de Riberalta

A 450 kilómetros en línea recta de la represa de Jirau, las ciudades bolivianas de Riberalta y Guayaramerín encienden sus focos a diésel. No existe una línea de transmisión que conecte esas poblaciones con el Sistema Interconectado Nacional boliviano, ni con Brasil. La empresa que genera electricidad en esa zona es ENDE Guaracachi, exactamente la misma que figura como accionista de ENDE Brasil Energia Ltda. Lo hace con motores de combustión interna que queman diésel subsidiado y que, en cualquier falla, dejan a decenas de miles de personas sin suministro durante horas.

Según fuentes en la Gobernación del Beni y residentes de Riberalta consultados para esta investigación, quienes pidieron no ser identificados, el acuerdo de la Cota 90 no ha cambiado nada en la realidad eléctrica local. La energía que Bolivia prometió recibir de Jirau no ingresaría a Riberalta ni a Guayaramerín: entraría al Sistema Interconectado Nacional —que no llega a esas ciudades— y se comercializaría en el mercado mayorista brasileño. El resultado es una paradoja que los números no muestran pero que los habitantes viven: las comunidades bolivianas más cercanas a la represa que originó el acuerdo, las que más sufrieron los impactos de su construcción y operación —inundaciones, sedimentación, colapso de la pesca—, no recibirán ni un vatio de la compensación negociada.

La pregunta que Bolivia no hizo

Entre los casos que la justicia brasileña resolvió tras la inundación de 2014, destaca el de Severino Nobre, un líder comunitario de Cujubim Grande que perdió sus cultivos centenarios y su vivienda. “Fue cuando más lloré, todos los días lloré. Perdí todo”, declaró. En Nova Mutum Paraná, el distrito construido para relocalizar a los afectados por Jirau, el proyecto urbanístico fue presentado por la empresa como un modelo de compensación.

Pero la otra cara de la moneda es la que no se vio: las comunidades bolivianas de la cuenca del Madera, como Nueva Esperanza o Arca de Israel, no fueron reasentadas ni compensadas. La modelación del escenario de daños que Bolivia nunca reclamó muestra que, con una estrategia legal similar a la del Ministerio Público de Rondônia, el Estado podría haber demandado compensaciones por las cosechas perdidas de castaña y productos ribereños, el desplazamiento de pescadores, el aumento de los casos de leptospirosis y malaria registrados durante la inundación de 2014, y los costos de infraestructura dañada.

El valor estimado de esos daños puede aproximarse aplicando la misma metodología que sustentó el fallo brasileño de 2014. El Ministerio Público de Rondônia usó parámetros de daño material por familia afectada y de daño moral per cápita derivados de jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia; aplicados a las entre 8.000 y 15.000 familias bolivianas que los informes de FOBOMADE y Pablo Villegas identificaron como afectadas en Beni y Pando, el rango de compensación equivalente —en reales de 2014, convertidos al tipo de cambio promedio del año— se sitúa entre 120 y 440 millones de dólares, una suma equivalente a entre dos y seis años de los beneficios que Bolivia espera recibir por la Cota 90.

El escalón superior incorpora el daño ambiental colectivo sobre la pesca comercial y la actividad castañera, rubros que los peritos del Ministerio Público de Rondônia consideraron con un multiplicador de entre 1,5 y 2 veces el daño familiar directo. Ni el gobierno de Evo Morales ni el de Luis Arce promovieron una acción legal equivalente. El resultado neto es que, una década después, el Estado boliviano se sienta a recibir una compensación energética sin haber resuelto la deuda histórica con sus propias comunidades amazónicas.

La caja negra de las filiales

La opacidad de ENDE Brasil no es un fenómeno aislado en la estructura de ENDE Corporación. En la Junta del 24 de marzo de 2026, la Junta de Accionistas de ENDE Transmisión decidió por unanimidad no distribuir las utilidades del ejercicio 2025: los Bs 332.592.075 distribuibles —resultado neto auditado de Bs 350,1 millones menos la reserva legal obligatoria del 5%— quedaron íntegramente registrados en la cuenta de Resultados Acumulados.

Esa cuenta acumulaba al 31 de diciembre de 2025 un total de Bs 1.033.158.106, producto de años de capitalización de utilidades. La hipótesis de que parte de esos fondos sirve para sostener filiales con dificultades —Brasil y Argentina— está respaldada por la simultaneidad de los eventos: el mismo directorio que en febrero de 2026 recibió la notificación de iliquidez de ETASA y en enero de 2026 tomó conocimiento de los ingresos sin destino definido de ENDE Brasil, fue el que en marzo propuso no distribuir las utilidades del año. Lo que no hizo fue comunicarlo así al mercado: la instrucción de gestionar la situación económica y patrimonial de ambas subsidiarias, reconocida en la Nota 34 de los estados financieros auditados, no fue publicada como Hecho Relevante ante la Bolsa Boliviana de Valores. El acta del 17 de marzo que sí se comunicó públicamente contiene siete resoluciones sobre administración interna; ninguna menciona a ENDE Brasil ni a ETASA.

La Junta del 27 de abril aprobó distribuir Bs 266.073.660 —en cuatro cuotas entre mayo y septiembre de 2026— pero con una precisión que los comunicados oficiales omiten: ese dinero no proviene de las utilidades de 2025, que permanecen íntegramente retenidas, sino de resultados acumulados de gestiones anteriores. Descontada esa distribución, el saldo estimado en Resultados Acumulados supera los Bs 767 millones. Una empresa con esa reserva y dos subsidiarias internacionales con problemas patrimoniales activos tiene razones operativas para no repartir —pero no las ha explicado públicamente.

Lo que hoy desafía al decreto de transparencia de Rodrigo Paz Pereira no es la inexistencia de datos, sino el silencio oficial sobre una realidad ya auditada. Los estados financieros de 2024 demuestran que Bs 16,2 millones de dinero público ya cruzaron la frontera (6,4 millones de ENDE Transmisión y 9,8 millones de ENDE Guaracachi, a los que se suman pérdidas cambiarias por casi 2 millones de bolivianos) y que la matriz boliviana paga los gastos operativos de la oficina en Brasilia. Los de 2025, por primera vez, registran que ENDE Brasil generó ingresos reales —compensaciones del gobierno brasileño— y que esos ingresos están sujetos a una “definición sobre la apropiación y disposición” que los accionistas aún no han tomado. La filial dejó de ser una empresa inerte para convertirse en una empresa con fondos flotantes: recibe dinero de un Estado, lo administra un contador privado, y su matriz boliviana no consolida sus cuentas ni decide qué hacer con sus recursos.

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