México abraza al gas frente a los costos de la energía renovable

En su casa, Isabel Bracamontes usa el gas solo para cocinar. “Tratamos de preparar alimentos que no necesiten cocción, como ensaladas”, dice en la ciudad de Mérida, en el sureste de México.

El cilindro de 20 kilogramos del hidrocarburo dura entre tres y cuatro meses, lo que le permite ahorrar pues su precio ha aumentado los últimos meses. El resto de la electricidad proviene de plantas alimentadas con gas, en esencia metano que tiene 86 veces más capacidad de absorber el calor que el dióxido de carbono en un lapso de 20 años, de ahí su peligrosidad climática.

Activista ambiental y madre de un niño, Bracamontes vive en un barrio de clase media, donde las demás familias enfrentan una situación similar a la suya con el gas.

La suroriental península de Yucatán, habitada por 5,1 millones de habitantes, aporta casi 5 % del producto interno bruto (PIB) mexicano, gracias a la agricultura, el turismo y los servicios.

Compuesta por los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, del que Mérida es su capital, experimenta una paradoja energética, pues recibe ingentes cantidades de sol y viento pero depende del gas para satisfacer sus necesidades eléctricas. La explicación es sencilla: mientras el gas es mexicano y sus formas de utilización están amortizadas, las energías renovables son costosas de implementar y hay dudas de su sostenibilidad.

Atada al gas

De forma silenciosa, ese carburante se expande por la península, una región especialmente vulnerable a las sequías, tormentas intensas y elevación del nivel del mar, fenómenos de la crisis climática que tiene como una de sus grandes causas la quema de combustibles fósiles.

La península recibe el hidrocarburo por el gasoducto Mayakán, con un tendido de 780 kilómetros y propiedad de la italiana Engie. El gas se inyecta desde Ciudad Pemex, en el estado de Tabasco, colindante al oeste de la península, y funciona desde 1999.

En 2020 entró además en operación la ampliación Cuxtal I, con un tendido de 16 kilómetros, que este caso se conecta al Complejo Procesador de Gas Cactus, en el estado de Chiapas, al sur de la península.

La estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) compra el gas a la también estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), para entregarlo a sus termoeléctricas Lerma (Campeche), Valladolid y Mérida II (Yucatán), así como a las plantas privadas de ciclo combinado Mérida III y Valladolid III, que operan con gas y vapor.

La península tiene una capacidad de generación de 2455 megavatios (MW), de los cuales la termoelectricidad de ciclo combinado aporta 1463, el turbogás 368, la térmica convencional 314, la eólica 244, la fotovoltaica 50, y la combustión interna 14, acorde con al Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), del gobierno de Estados Unidos.

Según datos oficiales mexicanos, en tan solo en el estado de Yucatán operan cinco parques solares y eólicos. Pero comunidades opositoras a iniciativas renovables han logrado detener al menos otros seis proyectos de este tipo, debido a su impacto ambiental y falta de consulta indígena.

En diciembre, este estado era el sexto de los 32 mexicanos con cantidad de contratos de instalación de paneles solares residenciales menores a 0,5 MW, con 12 458, por un total de 89 MW. Quintana Roo tenía 3969 y 27 MW, mientras que Campeche era el estado con menor cantidad, con1515 por 11 MW, según cifras de la oficial Comisión Reguladora de Energía.

El total nacional ascendió a 270 506 por 2031 MW.

En toda la península, la CFE requiere de unos 340 millones de pies cúbicos (p3) diarios de gas para sus plantas en esta región, mientras que la demanda total se sitúa en unos 500 millones, incluyendo 160 millones para industrias y comercios, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

Contracorriente en los fósiles

Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de la no gubernamental Greenpeace México, cuestionó ese despliegue del gas en Yucatán y en el resto de México.

“El gran problema es la dirección a la que se encamina el sector energético. No es lo que la transición necesita. La acción climática está llena de falsas soluciones, como tratar de combatir el cambio climático con gas”, dijo a IPS desde Ciudad de México.

México ocupa el puesto 12 como productor de petróleo en el mundo y el 17 de gas. En cuanto a las reservas probadas ostenta el puesto 20 en cuanto al crudo y el 41 en gas natural, pero su industria de hidrocarburos declina por la escasez de depósitos de fácil extracción.

En febrero, la generación eléctrica se basó en 75 % en combustibles fósiles, seguida por la eoloenergía (7,5 7%), la hidroeléctrica (7 %), la fotovoltaica (4,94 %), la nucleoenergía (4,23 %), la geotermia (1,56 %) y la biomasa (0,07 %), según datos del no gubernamental Observatorio de la Transición Energética en México.

En declive

La producción de gas viene en bajada en la segunda economía latinoamericana, pues en febrero de 2020, según datos oficiales,  la extracción totalizó 4930 millones de p3 diarios, 12 meses después, 4838 millones, y en febrero pasado, 4673 millones.

Este déficit obliga a importar ese combustible, especialmente de su vecino al norte, Estados Unidos, del que los últimos tres años, durante cada febrero, incluido el último, se importó entre un máximo de 904,6 millones y un mínimo de 640 millones de p3.

Para su distribución por un territorio de casi dos millones de kilómetros cuadrados, en este país de 131 millones de habitantes se ha desplegado una red de gasoductos, con 27 tendidos estatales y privados. Además, la construcción de otros tres está detenida por oposición de las comunidades por donde deben pasar.

Las receptoras del gas son 50 plantas termoeléctricas, de ciclo combinado y turbogas, tanto estatales como privadas. A ese lote se sumarán otras seis en construcción de ciclo combinado, aquel en que coexisten dos fuentes térmicas: gas y vapor.

Ese esquema exhibe cómo México se ha atado al gas, a pesar de sus efectos climáticos, y las dificultades de abandonarlo a futuro, cuando esa infraestructura tiene una vida útil de décadas. Además, plantea interrogantes por el aumento de las cotizaciones internacionales de la molécula, a causa de la invasión rusa a Ucrania.

Freno a la transición

En México, la transición energética se paralizó desde 2019 debido a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien privilegia los combustibles fósiles y las centrales hidroeléctricas, en detrimento de las nuevas energías limpias.

En septiembre de 2021, López Obrador presentó una propuesta legal para anular las reformas del segmento eléctrico de 2013 que lo abrieron a la participación privada nacional y extranjera, para que el sector público reasuma la dirección de la planificación estratégica del ramo.

Los cambios proyectados favorecen a la CFE y apuntalan al gas como fuente preeminente de electricidad.

A nivel nacional, la CFE adjudicó en enero de forma directa la construcción de seis plantas de ciclo combinado que entrarían en funcionamiento en 2024, para aportar un total de 4000 MW, con 3473 millones de dólares de inversión.

En el caso de la península de Yucatán, CFE necesitaría 200 millones de p3 diarios de gas para dos nuevos ciclos combinados en Mérida y Valladolid, con capacidad de 1519 MW, en consideración al proyectado crecimiento anual de la demanda, de entre 3,2 % y 3,5 %.

Mientras, la península desperdicia los recursos renovables disponibles.

NREL, desde Estados Unidos, indica que Campeche posee un potencial solar de 727 502 MW y eólico de 1599; Yucatán, 757820 y 6125, respectivamente, y Quintana Roo, 168029 y 2035, en ese orden.

Para la península, ese laboratorio estadounidense de renovables sugirió la organización de subastas regionales de energía limpia basadas en zonas competitivas de energía renovable, la introducción de programas de eficiencia energética para edificaciones gubernamentales y pequeñas empresas, el diseño de mecanismos de adquisición de energía para edificios gubernamentales y fomentar el despliegue de energías renovables en territorios comunitarios.

Bracamontes, la ambientalista merideña y representante del movimiento juvenil mundial Fridays for Future México en Yucatán, criticó el desperdicio del potencial renovable.

“Hay muchas alternativas para aprovechar el sol y el viento y los residuos sólidos, cuya generación el estado no ha solucionado. Dejamos a un lado todo el potencial que tenemos. Debemos analizar qué nos conviene más y lo que tenga menor impacto. Si seguimos casados con la idea de que los fósiles son la única forma, estamos mal. El sol es gratuito”, sostuvo.

La población local también se enfrenta a la inestabilidad del esquema energético dominante, pues el barrio donde vive Bracamontes, en el oeste de Mérida, sufrió tres cortos apagones en una semana.

Como otras ciudades en la península, Mérida registra además una tarifa eléctrica alta, incluso con el subsidio público, y una generación eléctrica inestable.

Para Ramírez, de Greenpeace, los ganadores de la contrarreforma eléctrica son Pemex y los empresarios gasíferos.

“Queda borrada la posibilidad de construir una transición a través de fuentes renovables y de generación distribuida. Hablamos de un modelo que tiene implicaciones serias a la salud, de contaminación de aire, suelo y agua, de externalidades climáticas, que no están en la ecuación”, consideró.