Urgen más medidas de fomento a la producción nacional

El 17 de diciembre, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo N° 4424, el primero de este gobierno que se enfoca específicamente en el apuntalamiento de la industria nacional, la cual ha resentido el embate de la crisis económica mundial como consecuencia de la pandemia y de las medidas para frenar su propagación.

Dicho decreto delega al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural la creación de dos fideicomisos destinados a la “Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional”. Estos fideicomisos, que serán gestionados por el Banco Unión y por el Banco de Desarrollo Productivo, servirán para otorgar créditos blandos a diversos sectores productivos nacionales.

Sin embargo, si bien el acceso a este tipo de préstamos es un factor relevante para apoyar a la industria nacional, no es suficiente. La reactivación de la misma no podrá ser impulsada solo a través de mecanismos financieros, más en una economía en la que el sector informal es preponderante ‒y que emplea a por lo menos 70% de los trabajadores del país‒.

Es fundamental, entonces, considerar políticas mucho más decididas para apoyar la producción nacional, desde el direccionamiento en la utilización de los bonos para consumir productos bolivianos, hasta el apoyo directo a los sectores productivos que han sido más golpeados por la crisis económica.

El alcance del D.S. 4424

Según el Decreto Supremo N° 4424, se establecerán dos fideicomisos, el primero gestionado por el Banco de Desarrollo Productivo, por un monto de 468,4 millones de bolivianos; mientras que el segundo estará a cargo del Banco Unión, por un monto de 442,7 millones de bolivianos. Es decir, entre ambos fideicomisos se hace un total de 911,1 millones de bolivianos.

Asimismo, el fondo establece que: “La finalidad de los Fideicomisos es dar financiamiento a las personas naturales o jurídicas del sector productivo, para la sustitución de importaciones”. Y más adelante se establece que “el destino de los créditos será el financiamiento de capital de operaciones y/o de inversión que tengan por finalidad la elaboración de materias primas, insumos y manufacturas que sustituyan importaciones”.

Sobre este tema, será el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural ‒en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas‒ el que determinará “los sectores de los complejos productivos priorizados a ser beneficiados por los Fideicomisos”. De la misma manera, se establecerán los criterios para identificar los procesos productivos que serán considerados como sustitución de importaciones.

La tasa de interés de estos créditos, tanto para capital de operaciones como para inversiones, será de 0,5% anual y la vigencia máxima de los mismos será de 15 años, ya que ese es el periodo de duración de los fideicomisos.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro puntualizó que este "decreto se suma al paquete de medidas que viene implementando el Gobierno del presidente Luis Arce. [Es un] apoyo al aparato productivo para generar productos e insumos nacionales que sustituyan importaciones y que va a permitir la dinamización de varios sectores de la economía con materias primas nacionales”.

Asimismo, el presidente Luis Arce, en el acto de promulgación, señaló que la sustitución de importaciones es “un desafío que cuenta con todo el apoyo del gobierno nacional, que es en la de convertirnos en productores […] que sustituyan productos importados tanto de bienes finales como de materias primas que usamos en nuestra industria. Donde apuntamos es a sustituir todo lo que en Bolivia ya estamos produciendo, no nos estamos inventando”.

Si bien esta es una medida que sin duda permitirá incrementar el financiamiento de sectores productivos nacionales que han sido fuertemente golpeados por la pandemia, aún se debe conocer la reglamentación a detalle que elaborará el Ministerio de

Desarrollo Productivo y Economía Plural en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para dimensionar el alcance real y los mecanismos por medio de los cuales se canalizarán los prestamos hacia actividades que garanticen una verdadera sustitución de importaciones.

Una medida insuficiente para enfrentar el problema El D.S. N° 4424 presenta una respuesta limitada para una problemática que, desde distintos sectores productivos nacionales, se ha venido enfatizando respecto a la necesidad de potenciar la industria nacional. Para ello, efectivamente, una de las principales tareas es la de promover la sustitución de importaciones; es decir, producir en Bolivia lo que ahora se importa de otros países.

En este sentido, financiar a los sectores productivos nacionales para que puedan producir lo que se produce afuera se presenta como un primer paso. Es sobre este aspecto que ahonda la medida presentada por el gobierno.

Sin embargo, hay muchos más elementos que considerar. Como ejemplo, durante el mes de diciembre de 2019 ‒pese a los conflictos sociales de los meses precedentes‒ Bolivia registró importaciones por un valor de $US 1.034 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Fue el mes de ese año que más se importó.

Pero si se revisa detalladamente los productos que influyeron en este incremento de las importaciones, se puede evidenciar que aquellos relacionados con las fiestas de fin de año tienen un peso sustancial. Por ejemplo, los “bienes semiduraderos” se importaron 90% más en el mes de diciembre que en el mes de noviembre, pasando de 24,3 millones de dólares a 46,7 millones de dólares.

Algo similar ocurre con los “bienes no duraderos” o con los “alimentos y bebidas elaborados destinados principalmente al consumo de los hogares”, cuyo incremento en el valor importado ascendió de 25,6 millones de dólares en noviembre de 2019 a 57 millones de dólares en diciembre de ese mismo año.

Estas variaciones en las importaciones permiten evidenciar el grado de dependencia que tiene el país a bienes de consumo final que se producen en el extranjero. Frente a un escenario tan recurrente como las fiestas de fin de año, el país incrementa las importaciones, en vez de fomentar el consumo de mercancías del mercado interno.

En este sentido, una verdadera política que apoye la sustitución debe tener varias aristas. Quizá la primera y de corto plazo, tiene que ver con implementar políticas que desincentiven las importaciones de productos que ya se producen en Bolivia y, principalmente, frenar drásticamente el contrabando.

Si se pone de ejemplo a los alimentos, un estudio de la Fundación Tierra revela que el volumen de importación de alimentos en 2010 alcanzaba casi 152 mil toneladas métricas (TM), mientras que para 2018 ese volumen alcanzó las 219 mil TM. “Esto sin considerar las internaciones por contrabando que, según diversos estudios del INE no publicados, representan hasta un tercio de las importaciones legales”.

En distinto grado, este problema afecta a gran parte de los sectores económicos del país, lo que hace que los productores bolivianos se vean en la dificultad de competir con estos productos, muchos de los cuales ingresan sin pagar ningún tipo de arancel.

Pero en el largo plazo el desafío es más profundo y pasa por mejorar la competitividad de la industria nacional: los precios de los productos nacionales muchas veces son más caros que aquellos que son importados, debido a los problemas de baja productividad que acarrea la estructura económica del país.

Una respuesta temporal para enfrentar este problema puede ser la de implementar transferencias y subvenciones directas a distintos sectores económicos, principalmente a pequeños productores nacionales. Esta medida cobra aún más sentido debido a la delicada situación generada por la pandemia.

Otro elemento que se tiene que tomar en consideración es el tipo de cambio. Si bien en este momento la estabilidad cambiaria es considerada fundamental para la estabilidad económica nacional ‒opinión en la que coinciden muchos economistas‒, se debe asumir una de las consecuencias de tener una moneda sobrevaluada: en términos relativos los productos bolivianos terminan siendo más caros que los productos extranjeros. En este sentido, es fundamental la implementación de medidas complementarias para subsanar esta brecha en los precios, sin afectar el bolsillo de la población.

No se considera al sector informal

Como señala el D.S. N°4424 : “Serán beneficiarios de los créditos otorgados por los Fideicomisos, las personas naturales o jurídicas que cuenten con Número de Identificación Tributaria - NIT activo, del Régimen Tributario Simplificado o Régimen General”. Es decir, los créditos blandos que el gobierno promueve a través de la última normativa beneficiarán principalmente al sector formal de la economía.

El problema, sin embargo, es que es el sector informal el que emplea a la mayor parte de los trabajadores bolivianos. Como señala el PNUD al respecto del trabajo en Bolivia: “La ausencia de cambio de la matriz económica productiva provoca […] que un gran contingente de la población continúe inserto en trabajos precarios de baja productividad y calidad en el sector informal de la economía, que en 2019 ascendía a 76.2% a nivel nacional y a 67.2% solo en el área urbana”.

Es así que gran parte de la economía nacional ‒incluido el sector agropecuario campesino‒ no se beneficiará de esta medida y no cuenta con políticas específicas para hacer frente a un proceso de sustitución de importaciones.

Salir de la crisis fortaleciendo la economía nacional

En el actual escenario de crisis, se presenta la disyuntiva de si la economía debe ser abandonada a las fuerzas del mercado (como sugieren varios organismos internacionales) o si, en cambio, debe haber una participación mucho más activa del Estado, procurando el bienestar de la población. Al respecto, el que fuera uno de los intelectuales más reconocidos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, en una analogía con Corea del Sur, señala la importancia que para esa economía tuvo romper con el esquema del libre mercado:

“Lo paradójico del caso reside en que los tecnócratas del FMI y del Banco Mundial atribuyen el milagro coreano a las políticas de libre comercio, cuando sucedió exactamente lo contrario. Esta es la síntesis de las políticas del gobierno de Seúl: Férrea intervención estatal que dirigió el proceso de industrialización, aranceles proteccionistas y subvenciones para enfrentar a la competencia extranjera, sustitución de importaciones, control del Estado sobre el sector Bancario, planificación económica a través de planes, [etcétera]”.

En otras palabras, si bien el D.S. 4424 es una medida que va en este sentido, es solo una arista de un programa más amplio de políticas que el gobierno debería implementar para salir de la crisis apostando por la economía nacional.