Nuevo bono podría endeudar al país sin impulsar su economía

El 13 de noviembre, el flamante Presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, emitió el Decreto Supremo N° 4392, mediante el cual se reglamentó el pago del Bono Contra el Hambre. Una medida que fue anunciada en su campaña electoral como la primera que implementaría al llegar al gobierno, con el ánimo de apoyar a los bolivianos afectados por la crisis económica.

Para financiar el pago de este bono, se contrataron créditos de organismos multilaterales por un valor de $US 650 millones. Este monto, que al tipo de cambio actual representa alrededor de 4.485 millones de bolivianos, alcanzará para pagar 4,5 millones de bonos, ya que el valor individual del mismo será de Bs. 1.000.

Esta transferencia se sumará a los bonos: Universal, Canasta Familiar y Familia que fueron pagados por el anterior gobierno y que todos ellos ‒a diferencia del Bono Dignidad‒ fueron creados específicamente para enfrentar las consecuencias de la pandemia.

El problema, sin embargo, es que si bien es fundamental el apoyo del Estado a las familias que han visto afectada su economía como consecuencia de la pandemia, el enfoque de los bonos distribuidos no ha venido acompañado de una política de potenciamiento del consumo nacional y, por ende, de la producción interna. Hasta el momento, tampoco se conoce una política específica que acompañe al Bono Contra el Hambre en este sentido.

Si este bono no apuntala la producción nacional y solo se convierte en medio para el acceso de productos importados y de contrabando, su efecto positivo será efímero. En poco tiempo la economía podría verse en más aprietos, debido al debilitamiento de su aparato productivo y a una deuda pública creciente.

Un nuevo bono con deuda externa

El Bono Contra el Hambre es una nueva transferencia directa que realizará el Estado boliviano. El mismo hace parte de las medidas para paliar los efectos de la crisis económica que atraviesa el país, como consecuencia de la propagación del nuevo coronavirus en todo el mundo.

Según el D.S. 4392, este bono será pagado a: 1) mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy; 2) personas con discapacidad visual; 3) personas con discapacidad grave o muy grave; 4) beneficiarios del Bono Universal, incluyendo las personas que dejaron de percibir ingresos del sector público o privado en el último tiempo; 5) asegurados independientes en el Sistema Integral de Pensiones. En otras palabras, el bono será repartido a trabajadores del sector informal, a quienes no cuentan con empleo y a sectores vulnerables de la sociedad boliviana.

Es importante recalcar, sin embargo, que desde el año 2015 la balanza fiscal es deficitaria, lo que significa que las cuentas fiscales registran más egresos que ingresos. Según datos del Banco Mundial, para el año 2018 el déficit fiscal alcanzó un 8,1% respecto al PIB, mientras que para el 2019 este déficit fue de 7,2%. Es decir, en los últimos años el país tuvo uno de los déficits fiscales más elevados de la región. Este es el motivo por el cual el Bono Contra el Hambre está siendo financiado con deuda.

El 12 de noviembre, Luis Arce promulgó las Leyes N° 1345 y N° 1346, mismas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en la gestión pasada. La primera de estas dio el visto bueno al contrato de préstamo contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto $US 450 millones.

Por el otro lado, la Ley N° 1346 autoriza el contrato de préstamo contraído con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) ‒perteneciente al Banco Mundial‒ por un monto de $US 200 millones.

En total, el Estado boliviano contará con 650 millones de dólares para pagar el Bono Contra el Hambre, mismo que servirá para cubrir el pago a 4,5 millones de beneficiarios, ya que el monto del bono ascenderá a Bs.1.000. Además, es la primera vez que un bono será directamente depositado en las cuentas bancarias de los beneficiarios, y se habilitarán ventanillas especiales para quienes deban hacer el cobro de manera física.

Los bonos que ya se pagaron también fueron con deuda

Los bonos anteriores, que de manera específica se implementaron para hacer frente a la pandemia, son los siguientes: el Bono Universal (Bs.500), el Bono Familia (Bs. 500) y el Bono Canasta Familiar (Bs. 400). En total fueron 3.658.905 beneficiarios del primer bono, lo que significó un total de Bs. 1.829 millones. En el caso del Bono Familia, se beneficiaron 2.907.048 personas, lo que representa un monto de Bs. 1.453 millones. Finalmente, en el caso del Bono Canasta Familiar, se entregaron 1.050.867 bonos, con un costo de Bs. 420 millones.

En este caso, estos bonos, que en total representan Bs. 3.702 millones, se pagaron con deuda interna, con una porción de los créditos que el gobierno de Añez contrajo con el Banco Central de Bolivia (BCB) para hacer frente a la pandemia. El primero de estos créditos fue por un monto de Bs. 7.000 millones y el segundo por un monto de Bs. 1.800 millones, haciendo un total de 9.800 millones de bolivianos.

Es así que si para diciembre de 2019 el Tesoro General de la Nación (TGN) tenía una deuda con el BCB de Bs. 12.653 millones, al finalizar el primer semestre del año la situación cambió dramáticamente, llegando esta deuda a alcanzar los Bs. 23.292 millones, es decir, prácticamente se duplicó. Este incremento también fue resultado de otros créditos que el gobierno contrajo con el BCB, para subsanar problemas de liquidez que el Estado boliviano arrastra más allá de la pandemia.

Con todo, es importante señalar que estos bonos fueron entregados de manera directa y sin mediar ninguna política relacionada con el fortalecimiento del sector productivo. Lo que significa que si bien existió un impacto positivo en las golpeadas economías familiares de los bolivianos, esto no necesariamente generó un encadenamiento en beneficio del sector productivo nacional.

El gran riesgo: endeudarse sin impulsar la producción nacional

Durante los meses que pasaron, diversos organismos internacionales e instituciones económicas, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señalaron la importancia que las transferencias económicas desde el Estado tienen para enfrentar la crisis, apoyando a los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, la CEPAL propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida”.

El problema, sin embargo, es que estas transferencias caen sobre una situación económica en franco deterioro, como también lo explica la CEPAL: “El consumo privado ha sido uno de los componentes de la demanda más golpeados. Se ha producido un acelerado deterioro del gasto de los hogares como resultado del contexto de confinamiento obligatorio […]. A lo anterior se suma la caída de los ingresos de las familias como consecuencia de la pérdida de sus fuentes laborales”.

En Bolivia esta situación ha significado la pérdida de miles de empleos. Entre enero y agosto la tasa de desocupación se incrementó del 6,64% al 10,57%, mientras que en el mismo periodo la tasa de subocupación pasó del 4,82% al 17,40%. Junto a ello cerraron sus puertas muchas empresas, lo que está afectando al ya de por sí precario aparato productivo del país.

Es así que los bonos que son entregados por el gobierno deberían tener una doble función: 1) apoyar a las familias beneficiarias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pero, al mismo tiempo, 2) la utilización de los mismos debería incrementar la demanda de productos que son producidos en el país, logrando, si no ampliar, por lo menos coadyuvar a conservar la capacidad de ciertos sectores productivos nacionales, lo que permitiría mantener fuentes de empleo, permitiendo una recuperación más pronta de la economía.

De no ser el caso, el Bono Contra el Hambre, al igual que aquellos que ya fueron distribuidos, tendrán un efecto negativo en el mediano y largo plazo, empeorando la situación de la crisis boliviana.

Si estas transferencias son utilizadas para la adquisición de productos que principalmente provienen de la importación y del contrabando, pasarán a dinamizar la economía de otros países. En poco tiempo su efecto en la economía boliviana de disipará, pero lo que no dejará de haber aumentado será la deuda pública que se tendrá que pagar.

Al finalizar el 2019, Bolivia acumuló la deuda externa más elevada de su historia ($US 11.267 millones). Con los créditos acumulados durante este año, lo más probable es que la deuda llegue a superar los 12.000 millones de dólares. En el caso de la deuda que el gobierno tiene con el BCB, como se vio, esta asciende a los Bs. 23.292 millones. Enfrentar los pagos de estas deudas con un aparato productivo deteriorado, podría llegar a ser una situación insostenible.

El apunte

Promover el consumo nacional

Hasta el momento, el nuevo gobierno no ha dado señales de alguna medida específica para promover el consumo de productos nacionales de manera conjunta a la entrega del Bono Contra el Hambre. De no suceder ello, esta transferencia, al igual que las que fueron entregadas por el gobierno de Añez, caerá en una coladera y se perderá la posibilidad de que esos recursos tengan un efecto positivo y duradero en la economía nacional.

Por un lado se necesita implementar una campaña generalizada para el consumo de productos nacionales por sobre los que son importados. Pero, además, también deberían existir incentivos directos para que los bonos se dirijan al consumo interno, beneficiando principalmente a los pequeños productores, los cuales no logran competir en un mercado desigual de productos extranjeros, más aún si estos ingresan por la vía del contrabando.