Las inexplicables decisiones judiciales
Según la sala, un feminicida-parricida sigue libre porque no encuentran “riesgos procesales” mientras familiares y testigos comparten ciudad aterrorizados
La Justicia en Bolivia sigue siendo la institución más vilipendiada, y con razón. Desde dentro y desde fuera, los escándalos la persiguen por casi cada acto que se realice, pues lejos de considerar que el origen del escándalo es producto de un desconocimiento de las leyes o los procedimientos, lo que parece subyacer es la corrupción simple y llana.
Llegar a juicio se ha convertido desde hace varios años en una misión casi imposible para cualquiera que no tenga los recursos suficientes, y ya no solo el coraje, valor y tiempo para enfrentarlo. Las investigaciones se pierden por el camino, se estiran hasta el infinito, se entra en impugnaciones de jueces, de pruebas, de pericias, y al final lo que hay son resoluciones, pero nada que ver con la necesaria impartición de justicia que consuele a las víctimas.
Esto ha pasado, por ejemplo, en el caso más emblemático de los últimos años, el de la desaparición del periodista Cristian Mariscal, con todos los focos de televisión encima, acabó fracasando en todas y cada una de las pruebas.
Algo parecido pasa en los casos relacionados a la corrupción pública, donde la suerte se imparte en la audiencia cautelar para cargar unas u otras medidas, porque después empieza un largo y embarrado zafarrancho judicial, con todo tipo de presiones y arreglos, y donde el supuesto corrupto suele acabar libre de polvo y paja.
Lo urgente es un cambio ético y cualitativo entre las personas que imparten justicia, y eso es un trabajo largo, pero que debe ser implacable
Sin personalizar, hay ejemplos de todo tipo y en todos los bandos, desde aquel que estuvo preso y acabó diputado o alcalde, hasta aquel que huyó o renunció a candidaturas para acabar sobreseído.
La cadena de apelaciones se ha vuelto una caricatura. De la primera instancia al Tribunal Departamental y de ahí al Supremo, si es que existía materia suficiente. En los últimos años se ha inventado una apelación en casos penales al Tribunal Constitucional que al parecer está generando pingües beneficios para algunos, que no la objetan, aunque tampoco hay donde objetarlo.
Otro caso emblemático que ha padecido esa aberración jurídica es el caso Omaira, víctima de su pareja según sentencias cuando aún no existía la 348, y cuyo padre ha tenido que peregrinar por todo el país pidiendo justicia y acabar con un proceso de más de diez años.
Uno de los últimos escándalos que ha conmocionado también a la sociedad tarijeña es el de Jairo Delgado, sentenciado de parricidio y feminicidio para apropiarse de una herencia y que, sin embargo, no ingresa al penal porque ha cursado apelación al Supremo. Según la sala donde se decidieron las medidas cautelares, no hay “riesgos procesales”, pero sin embargo, fuera hay un puñado de familiares y testigos muertos de miedo para los que el autor es algo más que un “riesgo procesal”.
La reforma de la Justicia es imprescindible. Se debe profundizar en los conceptos que ya instauró la Ley de Procesamiento y completarlo con algunos cambios constitucionales que el Ministro Lima anunció, pero que se ha desviado desafortunadamente en otros asuntos. En cualquier caso lo urgente es un cambio ético y cualitativo entre las personas que imparten justicia, y eso es un trabajo largo, pero que debe ser implacable.
