La necesaria reforma de la Justicia
Esta justicia que hoy libera a los involucrados aliados del gobierno entrante es la misma que instaló los procesos con patadas al código de procesamiento penal y atenazados por la presión del gobierno saliente
En medio de toda la crisis política que el país ha atravesado en los últimos cuatro años, la Justicia ha quedado todavía más malparada de lo que estaba. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya se reconoce que el sistema de elección directa de los magistrados no ha resuelto ninguno de los problemas que se arrastraban y necesitará del consenso social y político para acometer una reforma que se hace necesaria.
La recta final del Gobierno de Jeanine Áñez está suponiendo un colofón al triste devenir de los responsables de administrar la Justicia, y no porque sus determinaciones no se atengan a derecho, que sí lo hacen, sino porque las han guardado hasta los últimos días, como para intentar congraciarse con el gobierno entrante luego de no haber querido molestar al gobierno saliente.
Los pocos procesos que Jeanine Áñez y su ministro Arturo Murillo lograron instalar contra algunos de los altos cargos del Gobierno de Evo Morales se empiezan a caer, aunque técnicamente, la mayoría de las últimas decisiones tienen que ver con la sustitución de medidas preventivas o anulación de aprehensiones más que con la extinción de los procesos en sí. Es decir, que los procesos siguen, pero los involucrados podrán defenderse en libertad.
La Justicia necesita una reforma integral, y ojo porque algunas de sus nuevas bases, como la elección directa, está contemplada en la Constitución.
En realidad, esta justicia que hoy libera a los involucrados es la misma que instaló los procesos con patadas al código de procesamiento penal y atenazados por la presión del Gobierno, que no ha dudado en instalar juicios por prevaricato contra cualquiera que dictara sentencias distintas a sus designios.
El último liberado ha sido Carlos Romero, el exministro de Gobierno y a quien Áñez le debe gran parte de su llegada al poder por la gestión que hizo de la Policía, que acabó amotinándose. La Fiscalía – no los jueces – han anulado la imputación que pesaba en su contra por irregularidades en una unidad de lucha contra el narcotráfico.
Las contradicciones llegan a todos los niveles. El Gobierno de Jeanine Áñez buscó legitimidad en una resolución del Tribunal Constitucional, que avaló el autonombramiento de la Presidenta utilizando jurisprudencia preconstitucional. Ese mismo Tribunal Constitucional es el que miró para otro lado con las protestas sobre la habilitación de Evo Morales en 2019 en base a la sentencia que dictaron sus antecesores.
En enero de 2018 se anuló el Código Penal trabajado expresamente por el Ministerio de Justicia y sin mucho consenso y una Ley transitoria ha permitido agilizar algunos de los procesos obsoletos, incluso seguir funcionando en pandemia. En cualquier caso, la Justicia necesita una reforma integral, y ojo porque algunas de sus nuevas bases, como la elección directa, está contemplada en la Constitución.
Resulta imprescindible que el Gobierno y los parlamentarios hagan un esfuerzo por asegurar de una vez por todas una reforma judicial que garantice eso, la administración de Justicia, pues en el último tiempo ha quedado claro que alimentando un monstruo, nadie gana. Mucho menos los ciudadanos.
