¿En qué piensan los pensantes?
Como si no fuera lo suficientemente sensible la situación que atraviesa el país, en las mismas semanas en que se dilucidaba la habilitación de Evo y Álvaro para las elecciones primarias y generales de 2019, los mandamases de la economía boliviana echan dos buenos leños al fuego. Leño...
Como si no fuera lo suficientemente sensible la situación que atraviesa el país, en las mismas semanas en que se dilucidaba la habilitación de Evo y Álvaro para las elecciones primarias y generales de 2019, los mandamases de la economía boliviana echan dos buenos leños al fuego.
Leño número uno: que vía Decreto Supremo 3722, se transfieren al menos 335 millones de dólares confiscados desde 2015 a las Entidades Territoriales Autónomas, Universidades Públicas y otros beneficiarios, al Banco Central de Bolivia (BCB).
Ese dinero pertenecía al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), creado en 2015 por la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, financiado con el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que pertenecía a Gobernaciones, Municipios, Universidades, Indígenas, etc.
No sólo que los resultados de esta confiscación de recursos son prácticamente inexistentes (no hay nuevos descubrimientos significativos, no hay un aumento de reservas de gas), sino que tampoco se tiene conocimiento sobre qué exactamente hará el BCB con esos recursos.
La falta de información, otra vez, ha generado una serie de especulaciones. Unos piensan que se quiere financiar el déficit fiscal, otros que se usará para pagar los aguinaldos de sector público, o que se usará para maquillar la caída de las Reservas Internacionales (RIN), o que es una muestra de que el gobierno no prioriza la exploración de hidrocarburos, y otros etcéteras.
Los actores regionales exigen que si no se va a explorar con el dinero confiscado, este debe ser devuelto a los distintos beneficiarios. En el caso de Tarija el monto supera los 200 millones de bolivianos, según autoridades regionales.
El leño número dos se relaciona al segundo aguinaldo. La Ley del PGE 2019 (ley financial), en la segunda parte de sus disposiciones finales, dice: “Excepcionalmente, siempre y cuando no existan saldos presupuestarios de gasto corriente, se autoriza a las entidades del sector público el uso de saldos de proyectos de inversión, independientemente la fuente de financiamiento para el pago de este beneficio”.
Por un lado, si esto efectivamente afecta la inversión pública, se estará perjudicando el propio motor interno de la economía boliviana: a menor inversión, menor efecto multiplicador y menor crecimiento.
Por otro lado, si las gobernaciones y municipios usan el presupuesto de inversión para el doble agüinado, se podrían producir retrasos en los pagos a empresas privadas que tienen contratos con estas entidades, perjudicando la liquidez de dichas empresas, que ya se verán afectadas por el pago de su segundo agüinado a sus trabajadores.
Tanto la confiscación del 12% del IDH como el segundo aguinaldo eran ya medidas controvertidas y poco populares. Los nuevos matices que el propio gobierno ha dado a ambas difícilmente contribuyen a mejorar los caldeados ánimos. Al contrario, la sensación de inseguridad económica puede precipitar una crisis política. Y el cálculo del momento ha sido “impecable”.
Leño número uno: que vía Decreto Supremo 3722, se transfieren al menos 335 millones de dólares confiscados desde 2015 a las Entidades Territoriales Autónomas, Universidades Públicas y otros beneficiarios, al Banco Central de Bolivia (BCB).
Ese dinero pertenecía al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), creado en 2015 por la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, financiado con el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que pertenecía a Gobernaciones, Municipios, Universidades, Indígenas, etc.
No sólo que los resultados de esta confiscación de recursos son prácticamente inexistentes (no hay nuevos descubrimientos significativos, no hay un aumento de reservas de gas), sino que tampoco se tiene conocimiento sobre qué exactamente hará el BCB con esos recursos.
La falta de información, otra vez, ha generado una serie de especulaciones. Unos piensan que se quiere financiar el déficit fiscal, otros que se usará para pagar los aguinaldos de sector público, o que se usará para maquillar la caída de las Reservas Internacionales (RIN), o que es una muestra de que el gobierno no prioriza la exploración de hidrocarburos, y otros etcéteras.
Los actores regionales exigen que si no se va a explorar con el dinero confiscado, este debe ser devuelto a los distintos beneficiarios. En el caso de Tarija el monto supera los 200 millones de bolivianos, según autoridades regionales.
El leño número dos se relaciona al segundo aguinaldo. La Ley del PGE 2019 (ley financial), en la segunda parte de sus disposiciones finales, dice: “Excepcionalmente, siempre y cuando no existan saldos presupuestarios de gasto corriente, se autoriza a las entidades del sector público el uso de saldos de proyectos de inversión, independientemente la fuente de financiamiento para el pago de este beneficio”.
Por un lado, si esto efectivamente afecta la inversión pública, se estará perjudicando el propio motor interno de la economía boliviana: a menor inversión, menor efecto multiplicador y menor crecimiento.
Por otro lado, si las gobernaciones y municipios usan el presupuesto de inversión para el doble agüinado, se podrían producir retrasos en los pagos a empresas privadas que tienen contratos con estas entidades, perjudicando la liquidez de dichas empresas, que ya se verán afectadas por el pago de su segundo agüinado a sus trabajadores.
Tanto la confiscación del 12% del IDH como el segundo aguinaldo eran ya medidas controvertidas y poco populares. Los nuevos matices que el propio gobierno ha dado a ambas difícilmente contribuyen a mejorar los caldeados ánimos. Al contrario, la sensación de inseguridad económica puede precipitar una crisis política. Y el cálculo del momento ha sido “impecable”.
