Tarija: Campesinos demandarán a bloqueadores por daños al país

Si bien en el departamento de Tarija no se han registrado bloqueos de caminos, exigiendo elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados, el cierre de las vías que conectan al eje central del país ha impedido que los productores agrícolas lleguen con su producción a ciudades como Cochabamba, Oruro o La Paz. Por ese perjuicio, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas no descarta interponer una demanda en contra de los bloqueadores y los promotores de esa medida de presión, que, hasta la fecha, ha provocado pérdidas que suman más de 1.000 millones de dólares.

LEA TAMBIÉN: El primer bloqueo del año ya suma $us 1.000 MM de pérdidas

Esa fue advertencia que hizo el secretario ejecutivo de la organización campesina, Andrés Meriles, quien lamentó que se mantengan los bloqueos, pese a que hay un acuerdo en la Asamblea Legislativa Plurinacional para viabilizar las elecciones judiciales mediante una ley.

“Es así que nosotros, como Federación de Campesinos, no podemos permitir que se esté vulnerando y violando un derecho constitucional, como es el derecho a la libre transitabilidad y al trabajo”, indicó, a tiempo de recalcar que no todas las personas tienen la posibilidad económica de acceder a un vuelo solidario para trasladarse a otro punto del país.

Meriles recordó que en esta época del año a nivel nacional se suele trasladar uva, vino y singani, entre otros productos, comercialización que se ha visto perjudicada por los bloqueos.

“Estamos preparando la presentación de una denuncia formal en contra de los autores materiales e intelectuales de los bloqueos de caminos. Materiales, aquellos que siguen bloqueando, e intelectuales el señor Evo Morales y sus exministros. No podemos dejar que en Bolivia una persona esté causando pérdidas millonarias, de alguna u otra manera debe haber responsabilidad penal, una sanción”, agregó.

Organizaciones sociales de Tarija conminaron a los grupos afines a Evo Morales, que mantienen los bloqueos de caminos en el departamento de Cochabamba, a levantar la medida porque genera perjuicios económicos a toda la población boliviana.