Ante movilizaciones, la ALDT frena la ley de emergencia financiera

El pedido de la Gobernación de Tarija de aprobar la Ley de Emergencia Financiera ha desatado un conflicto social y político en el departamento. Varios sectores han salido a las calles en rechazo a esta normativa, exigiendo que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) no la apruebe sin un debate amplio y participativo. La principal preocupación es la posible afectación directa a programas sociales, como la canasta alimentaria para los adultos mayores y personas con discapacidad, el Programa Solidario Comunal (Prosol) para los campesinos y la continuidad de ítems en el sector salud.

El viernes pasado, la ALDT tenía prevista una sesión en la que se esperaba abordar el proyecto de Ley de Emergencia Financiera enviado por la Gobernación. Sin embargo, la manera en que se intentó introducir la normativa generó susceptibilidad, ya que se había solicitado su tratamiento por dispensación de trámite, es decir, que la norma podría ser aprobada sin pasar por el proceso regular de análisis en las comisiones legislativas ni ser socializada con los sectores afectados.

Ante esta situación, más de un centenar de personas marcharon hasta las puertas de la ALDT exigiendo transparencia en el proceso. Incluso establecieron una especie de vigilia hasta que terminó la sesión y se rechazó el tratamiento de esta norma.

La Fedjuve

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Celestino Barro, expresó su preocupación por la falta de información sobre la ley y alertó sobre los posibles impactos en los sectores vulnerables. Según Barro, la normativa podría suprimir la entrega de canastas alimentarias, reducir los fondos del Prosol y eliminar ítems de salud financiados por la Gobernación.

Barro advirtió al legislativo, que en caso de dar curso esta nueva normativa y derogar las anteriores leyes que garantizan beneficios sociales para los sectores más vulnerables, van a intensificar las movilizaciones y hacer cerrar la Asamblea.

En el caso de salud, señaló que la afectación puede ser a nivel departamental, ya que son 628 ítems que están en los diferentes municipios, de los cuales en el caso de Cercado hay 104, y en caso de suprimirlos, se avizora consecuencias negativas para el sistema de salud público.

Si bien la Gobernación había señalado que estos ajustes son necesarios para adecuarse a la nueva realidad económica de Tarija, Barro planteó que las autoridades se bajen el sueldo, pero que no afecten estos programas.

Personas con discapacidad

El presidente de la Federación Tarijeña de las Personas con Discapacidad, Moisés Choque García, señaló que su sector se ha movilizado ante la posibilidad que el legislativo aborde el tratamiento del paquete de leyes que el Gobernador había pedido dejar sin efecto, entre las que se encuentra la ley del paquete alimentario.

Choque recalcó que su sector ha sido bastante tolerante con la Gobernación, ya que, pese a que la norma establece que se les debe entregar 12 paquetes alimentarios al año, han aceptado que se les dote de siete, por lo que ya no están dispuestos a que les dejen sin beneficio.

Un ajuste necesario

Frente a la ola de críticas, el gobernador Oscar Montes defendió la propuesta de la ley de emergencia financiera, argumentando que busca una reestructuración presupuestaria ante la crisis económica que atraviesa el departamento. Según Montes, la ley no elimina programas, sino que busca adecuarlos a la nueva realidad financiera de Tarija.

En cuanto al Prosol, Montes indicó que la propuesta es fijar un monto porcentual de las regalías departamentales, en lugar de asignaciones fijas. Respecto a las canastas alimentarias, el Gobernador planteó que estas no se entreguen a personas que ya reciben una jubilación. Además, Montes mencionó que los ítems de salud financiados por la Gobernación podrían migrar al Sistema Único de Salud (SUS), argumentando que las alcaldías tienen recursos suficientes para asumir esos costos.

“No hay ningún cierre de programas, solo estamos haciendo una adecuación necesaria para este momento económico”, aseguró.

El Gobernador argumentó que cuando se crearon estas leyes, la Gobernación administraba 160 millones de bolivianos por mes, lo que significaba que en el interinato de Lino Condori tenían 8 millones de bolivianos para gastar por día.

“Hoy tenemos 20 millones de bolivianos al mes, no tenemos ni siquiera 1 millón por día, entonces necesitamos adecuarnos a esta nueva realidad, de 160 que había antes, ahora apenas tenemos 20, hemos bajado ocho veces y necesitamos adecuarnos”, apuntó.

Tensión en la Asamblea

La presentación e intento de tratamiento de la ley, ha pillado en contra ruta a varios asambleístas que han pedido primero conocer el contenido de la norma, para recién llevarla al pleno para su tratamiento.

Los legisladores que han expresado su rechazo a esta norma han sido de la bancada del MAS y de Comunidad de Todos, quienes han demandado primero una socialización con las organizaciones sociales antes de ingresar a su tratamiento.

Al concluir la sesión y luego de rechazar el tratamiento de esta norma, varios legisladores fueron aplaudidos por las personas movilizadas afuera del legislativo.