Un año más, la petroquímica sigue en la incertidumbre

A punto de concluir el 2018, la petroquímica del Gran Chaco sigue siendo uno de los proyectos inciertos alguna vez anunciados por el Gobierno y actualmente al borde de la cancelación. El año inició con un sobresalto: el presupuesto desapareció de las cuentas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a pesar de tener comprometido un crédito del Banco Central de Bolivia con respaldo en las Reservas Internacionales Netas (RIN), al concluir no solo no se ha repuesto, sino que la viabilidad se ha complicado.

Las RIN se han reducido en un 40 por ciento y bordean los 8.000 millones de dólares; la petroquímica se estima cueste unos 2.000 millones de dólares por lo que la fórmula empieza a ser cuestionada por los sectores más ortodoxos de la economía al interior del partido de gobierno. Sin embargo, el problema mayor no parece ser la financiación, sino la propia definición.

Licitación bajo sospecha
En 2017 el ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez abortó la adjudicación del proyecto de petroquímica a construirse en Yacuiba en medio del escándalo que descabezó a la estatal petrolera por un turbio asunto de adquisición de tres taladros perforadores, para avanzar en la soberanía de la cadena hidrocarburífera. Denunciado el sobreprecio, cayó el entonces presidente Guillermo Achá y doce de sus más altos colaboradores, de refilón, cayó la adjudicación del proyecto más ambicioso de la historia de YPFB y que por entonces – marzo de 2017 – ya contaba con un informe de adjudicación luego del concurso desarrollado desde 2016.

A la licitación se presentaron las principales compañías petroquímicas del mundo, incluida la Kellog norteamericana, la Samsung coreana o las principales industrias chinas, pero la recomendación de adjudicación fue para la asociación accidental conformada por Técnicas Reunidas y Tecnimont.

La española Técnicas Reunidas es la empresa que construyó la planta Separadora de Líquidos del Gran Chaco, desde donde se suministra la materia prima a ser tratada en la petroquímica, por lo que tenía un conocimiento amplio y preciso del proyecto.
La también italiana – Drillmec, la empresa del escándalo de los taladros era de esa nacionalidad – Tecnimont había sido la encargada de realizar los dos estudios previos de definición, estudio de viabilidad y selección de tecnologías a emplear, por lo que tenía un conocimiento todavía más amplio y más preciso del proyecto.

Al ministro Sánchez no le gustaron esas preferencias y optó por anular la convocatoria. Era junio de 2017 y se comprometió una revisión y nueva reposición de la licitación.
En enero de 2018, cuando este diario develó que el proyecto se había esfumado del presupuesto de YPFB, Sánchez habló con El Deber y precisó que no volvería a licitar hasta que no estuviera seguro de que los mercados eran seguros y las tecnologías las más adecuadas, es decir, que no se fiaba del trabajo previo de Tecnimont, que claramente pudo direccionar sus estudios previos con la intención de adjudicarse posteriormente la construcción. Cabe recordar que Sánchez fue antes de Ministro, Vicepresidente de Contratos y Fiscalización de YPFB hasta 2014.

Ante las dudas sobre la continuidad del proyecto, el Gran Chaco presionó porque se le dieran fechas concretas, puesto que a pesar de nunca haber tenido un gran involucramiento en la gestión del proyecto, el mismo es de la suficiente envergadura como para tratar de orientar el desarrollo regional hacia el rubro petroquímica, lo que implica desde la implementación de carreras técnicas y becas hasta la construcción de un parque industrial adecuado, y un largo etcétera. Sánchez y el presidente de YPFB, Óscar Barriga, se fueron hasta Yacuiba para señalar que efectivamente no se fiaban del proyecto licitado y que hasta el mes de agosto se licitarían nuevos estudios, lo que en sí implicaba ya un retraso de la factoría hasta al menos 2024. A la fecha ni siquiera se han licitado esos estudios.

Futuro incierto
Además de los problemas en la definición del proyecto, un problema mayor subyace en el subconsciente colectivo, y es la escasa credibilidad en la sostenibilidad, producto de una certificación de reservas poco esperanzadora. Por el momento Bolivia no tiene previsto constituir una reserva estratégica de gas, pero las actuales reservas apenas permiten garantizar abastecimientos a ritmo actual para trece años más. Las exploraciones no funcionan y la apuesta por el fracking en la cuenca alta del río de La Plata parece demasiado riesgosa. Por el momento, el proyecto no avanza.

El modelo industrial basado en el gas

Diferentes analistas han cuestionado que durante la última década se ha profundizado la dependencia del gas de la economía boliviana, puesto que ya no solo depende de la exportación del energético, sino que los proyectos de industrialización se han basado sobre la transformación del gas y sus licuables en urea, amoniaco – que ya está operando –, GLP – que funciona a medias -, y teóricamente en el corto plazo de propileno y etileno. En ese sentido, la falta de nuevos hallazgos pone en riesgo la sostenibilidad.

Otros países lo han resuelto conformando una reserva estratégica de gas, que solo puede utilizarse para proyectos internos y no para su exportación. En cualquier caso, los mercados naturales de Bolivia – Brasil y Argentina - se vienen cerrando en los últimos meses sin que se haya completado la transformación de la matriz.