A 11 años de la Ley 348
Aumenta la “efectividad” en la persecución de feminicidas
De los asesinatos de mujeres ocurridos en esta gestión más de un 90% de los autores están recluidos en un centro carcelario. De los suscitados en 2023 el índice a diciembre era del 96%.
A más de una década de la promulgación de la Ley 348 que incorpora la figura de feminicidio al Código Penal, se registraron 1.154 casos hasta el 21 de noviembre de este año. El 2018 se llegó al tope de 130, seguido de una tendencia descendente hasta los 81 en 2023 y 78 en lo que va del 2024.
Lo que sí aumentó es la efectividad en la persecución: de los asesinatos de mujeres ocurridos en esta gestión más de un 90% de los autores están recluidos en un centro carcelario. De los suscitados en el año anterior el índice a diciembre era del 96%.
Cifras
En marzo de 2013 entró en vigencia la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, al año siguiente ya contaba con su reglamentación. La norma implementaba la tipificación de feminicidio dándole la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Los datos del Ministerio Público y de la Policía Boliviana muestran que durante el 2013 se registraron 26 casos, en 2014 subió a 77, en 2015 fueron 110, en 2016 hubo 111, en 2017 bajó levemente a 109, en 2018 subió a 130, en 2019 se redujo a 117, en 2020 que fue un año de confinamiento por el covid llegó a 113, en 2021 bajó a 108, en 2022 fueron 94, en 2023 alcanzó los 81 y hasta el 21 de noviembre de 2024 se registraron 78 hechos. El total es de 1.154 asesinatos de mujeres.
De los 78 ocurridos en esta gestión, la mayor parte está en La Paz con 21, le sigue Cochabamba con 17, Santa Cruz con 14; luego Tarija, Oruro y Potosí tienen siete cada uno, Chuquisaca tiene tres, Beni dos y en Pando no hubo ningún hecho.
La estadística de la Fiscalía General del Estado indica que el 91% de feminicidios ya tiene a los autores identificados y recluidos en una cárcel, ya sea con detención preventiva mientras avanza su proceso o cumpliendo una sentencia.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó en diciembre sobre la gestión pasada y dijo que hubo una efectividad de 96% en la resolución de 78 de los 81 casos y la aprehensión de 99 personas.
Durante el acto de la piedra fundamental para la construcción de la FELCV en El Alto, apuntó la disminución de hechos de los 113 de 2020 a 81 en 2023. Particularmente entre el 2022 y el 2023 hubo una reducción de 14%. Lo atribuyó a “un trabajo mancomunado y de prevención”.
En contraparte, la activista María Galindo hace dos semanas durante una entrevista televisiva lamentó que "cada día las historias se vuelven más sórdidas, van un paso más allá y están generando un contexto de violencia extrema contra todas las mujeres del país".
Tarija
El departamento tiene una situación particular porque subió de cuatro a siete casos del año anterior al actual, mientras a nivel nacional la cifra baja. Sin embargo, sí aumentó la efectividad de persecución a los responsables. Hay un hecho aún no resuelto, pero en los restantes seis los autores fueron capturados, dos de ellos ya tienen una sentencia de 30 años.
La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, calificó este tipo de delitos como de “atención prioritaria” y destacó que durante las últimas gestiones en la mayoría de los casos se concretaron las aprehensiones en las primeras 24 a 48 horas, también que se hayan conseguido sentencias en menos de un año.
Evidentemente se agilizaron las condenas, pero todas se emitieron en medio de vigilias o protestas de familiares y amistades que exigen justicia para cada víctima. Esta presión social contribuye a que se eviten chicanas.
Jurisprudencia: “Sin cuerpo” también hay delito
Un factor que hace algunos años retrasaba los procesos de investigación era que no se pudiera dar con los cadáveres. La defensa podía argumentar que “sin cuerpo no hay delito” y se entraba en pleitos largos y dolorosos que acababan por agotar a las familias de las víctimas y por ende, otorgando impunidad a los feminicidas.
Pero en agosto de 2022 en Oruro se sentó jurisprudencia con la primera condena a Zenón Achacollo por el feminicidio de su esposa, Adriana Tocó. Se demostró que la había matado y usó su vehículo para esconder el cadáver aunque se negaba a reconocerlo.
En octubre de ese año también fue condenado Alejandro Mark Torrico por matar a su esposa, Nancy Villarroel, desaparecida en julio de 2019. Quedó comprobado que el sindicado la mató en su casa y se deshizo del cadaver para evitar el juicio.
Tarija también figura en este hito desde que el 7 de julio de 2023 se sentenció a Pablo Burgos por asesinar a Mariluz Márquez en Bermejo, aunque se negó a confesar dónde la enterró, el hecho quedó suficientemente probado.