Era su vecino
Le dan 22 años de cárcel por violar a una discapacitada
En un juicio instalado en el Tribunal Tercero de Sentencia de la Capital se demostró la responsabilidad de este sujeto en el hecho ocurrido la pasada gestión.
Un sujeto fue sentenciado a una pena de 22 años de privación de libertad, luego de que en juicio se demostrara su culpa en el delito de violación en contra de una mujer con discapacidad mental, hecho que ocurrió hace un año. Ahora deberá cumplir la pena en el penal de Morros Blancos.
Este juicio se instaló de manera virtual hace más de 20 días en el Tribunal Tercero de Sentencia de la Capital, el mismo concluyó la pasada jornada con la determinación de una pena de 17 años por violación más 5 por el agravante de la discapacidad de la víctima.
“Es un hecho de violación agravada, tomando en cuenta que la persona que ha sido víctima es una persona mayor de edad, pero que tiene una discapacidad mental del 71 por ciento, entonces sería como una niña de 6 o 7 años”, explicó el abogado de la familia de la víctima, Jimmy Orihuela.
Este caso se remonta a 2019 cuando el ahora sentenciado abordó a la víctima en su vehículo y la llevó a un descampado fuera de la mancha urbana con el fin de agredirla, aprovechando su estado de indefensión. Este sujeto, si bien no es familiar de la mujer, sí sería parte de un entorno cercano porque las viviendas de ambos están a menos de 100 metros.
“No existía una relación familiar, pero de acuerdo a las investigaciones que se ha hecho esta persona vivía en la misma cuadra que la víctima, entonces sería tal vez una relación de vecindad. Es por eso que hemos planteado que se trata de un hecho planificado”, agregó.
Como parte de la investigación se realizaron bastantes pericias como la revisión médico forense, tomando muestras en las partes íntimas de la víctima, donde se encontró dos rasgos genéticos. Uno de los perfiles genéticos era el de la mujer y el otro del acusado, con lo que se demostró su participación. Esa habría sido la prueba de mayor peso para la valoración de las autoridades del tribunal.
Orihuela concluyó señalando que en realidad la familia de la mujer pedía la pena máxima consistente en 25 años de privación de libertad. Es por eso que evaluarán si es que presentan una apelación restringida o si aceptan el dictamen.