Drogas en América: de la criminalización al modelo de salud

El 17 de junio de 1971 el presidente estadounidense Richard Nixon declaró el abuso de drogas como el “enemigo público número uno de Estados Unidos”. Fue diez años después de que la Convención de Naciones Unidas prohibiera la producción y suministro de diversas sustancias. Nixon ofreció una ofensiva mundial con el fin de acabar con este “enemigo” y con los problemas relacionados con las fuentes de suministro.

Este es el motivo por el que, habitualmente, se escoge esta fecha para situar el inicio de la “Guerra contra las Drogas”.

¿En qué consiste esta estrategia? En primer lugar, en un enfoque de criminalización del consumo y la posesión de drogas. En segundo lugar, en una política intervencionista global para frenar la producción de estas sustancias, particularmente en Latinoamérica como suministrador principal de drogas a los Estados Unidos y otros países occidentales.

Los resultados de la Guerra contra las drogas

Esta estrategia, continuada por Ronald Reagan y activa aún en nuestros días, ha derivado en un elevado número de personas encarceladas en Estados Unidos por consumo, posesión o tráfico de drogas, particularmente afroamericanos e hispanos. Pero también ha tenido consecuencias en Latinoamérica y, sobre todo, en Centroamérica, por el intervencionismo político y militar para acabar con los poderosos cárteles que producen y transportan drogas desde países como México o Colombia.

Cincuenta años después, se calcula que Estados Unidos ha gastado más de un billón (millón de millones) de dólares en la guerra contra las drogas.

Diversos países centroamericanos viven una constante inestabilidad y corrupción política, así como conflictos e inseguridad ciudadana derivada de las batallas del narcotráfico, mientras en casos como el de México son miles los fallecidos. Mientras tanto, los países norteamericanos y de la esfera occidental siguen liderando el consumo de alcohol y otras drogas, en un fracaso evidente del control de la oferta.

No es de extrañar por ello que en los últimos años haya ido creciendo el consenso en torno al fracaso de la guerra contra las drogas, con diversas entidades abogando por políticas centradas en la salud. En palabras de Kofi Annan, cuando era secretario general de las Naciones Unidas (1997-2006), “las medidas basadas en ideologías represivas deben ser sustituidas por políticas más humanas y eficaces a partir de evidencias científicas, principios de salud pública y respeto a los derechos humanos”.

Retomando aquel día de 1971, es interesante recordar que Nixon propuso algo más, que pasó bastante inadvertido: una nueva organización de las agencias del Gobierno responsables de la rehabilitación de las personas con adicciones, con el objetivo de trabajar juntas en investigación y educación.

De la criminalización a la construcción de un modelo sanitario

La propuesta de crear un nuevo modelo de salud se fundamenta en dos pilares. Por una parte, la descriminalización del consumo. Por otra, la implementación de estrategias sanitarias. Su eficacia y eficiencia constituyen el modelo a seguir.

Uno de los ejemplos de descriminalización es el de Portugal. A finales del siglo pasado, este país despenalizó las pequeñas posesiones de drogas. Pero, además, desplegó un modelo sanitario y de reducción de daños con programas de sustitución de heroína por metadona e incluyendo la atención a los consumidores en el sistema sanitario. Los usuarios dejaron de ser tratados como delincuentes desde las instituciones para pasar a la esfera sanitaria, con resultados muy positivos.

Lamentablemente, algunas medidas fueron revertidas y este modelo aún requiere de mejoras en áreas como la reducción de daños. No obstante, este enfoque claramente más humanizado ha logrado reducir el estigma y ha facilitado la recuperación.

La otra estrategia necesaria es el desarrollo de una red de apoyo social y sanitaria para los consumidores. Esto debe incluir tanto estrategias de prevención basadas en la evidencia como el acceso a tratamientos eficaces.

Pero ¿qué es la prevención basada en la evidencia? Se trata de estrategias y programas preventivos adecuadamente evaluados y validados, de eficacia probada, conforme a estándares internacionales. En los últimos años hemos visto el éxito de experiencias ambiciosas como ‘Planet Youth’, que, más que un programa en sí mismo, se trata de una metodología de elaboración de programas.

¿Cómo funciona este modelo? En primer lugar, se realiza una evaluación de las necesidades específicas de cada comunidad. A continuación, se despliegan múltiples actuaciones preventivas eficaces adaptadas a estas necesidades, en las que se integren las instituciones locales y regionales.

En función de la comunidad, estas medidas podrán incluir: formación en prevención a personal sanitario, policías y otros profesionales, aumento de la oferta de ocio saludable y actividades culturales gratuitas para los jóvenes, escuelas para padres, puntos informativos en zonas de ocio nocturno, toques de queda para menores de ciertas edades, etc. Su aplicación, en distintos países del mundo (incluido Chile) suponen un buen modelo de trabajo.

Cómo mejorar este modelo de salud

Sabemos que las estrategias de control de la oferta (subida de precios, limitación de acceso, reducción de la disponibilidad o control estatal de la oferta) son medidas eficaces para la reducción del consumo y el uso problemático de drogas. Pero no son la única estrategia.

Debemos desplegar también programas de prevención con carácter social y comunitario y basados en la evidencia. También estrategias de reducción de daños, asistencia sanitaria y tratamientos eficaces y accesibles. Para ello, es necesario disponer de instituciones comprometidas con estos objetivos, a nivel local y nacional, pero también internacional ya que, por supuesto, se necesitan recursos.

Además, estas estrategias deben implementarse primero en los países occidentales (principales consumidores), con el fin de reducir la demanda de sustancias. Pero también en América Latina.

La inestabilidad política, la corrupción, la debilidad institucional, la falta de recursos o el analfabetismo funcional en las zonas más vulnerables son grandes obstáculos para el abordaje de los problemas de adicción en muchos países. Pero incluso en estos contextos, con los medios adecuados, la prevención y particularmente la prevención comunitaria puede ser eficaz.

El prohibicionismo y las estrategias de guerra contra las drogas no parecen arrojar buenos resultados tras décadas de inversiones milmillonarias y daños sociales incalculables. Las medidas de control son necesarias, pero no deben ser la única estrategia.

Las adicciones son un problema de salud pública y como tal requieren medidas sanitarias. Este enfoque, más humano, permite proteger y rehabilitar a los consumidores, ofreciéndoles recursos eficaces y reconstruyendo sus comunidades para darles un futuro mejor.

Polémica por enfoque de lucha en Bolivia

La lucha contra las drogas en Bolivia siempre ha generado suspicacias y animadversión y aunque el cambio de enfoque con la llegada del gobierno de Evo Morales en 2006 pareció dar algunos resultados positivos, hoy vuelven a apreciarse los efectos de la criminalidad en el territorio.

La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apunta en su informe anual sobre los cultivos de hoja de coca en Bolivia, que el país tiene más de 20.000 hectáreas legales. Una extensión que se concentra en dos áreas principales: la zona de las Yungas, en el Departamento de La Paz; y la zona de Chapare, en el Trópico de Cochabamba. Sobre eso, se estima que hay otra cantidad similar de hectáreas sembradas por encima de lo autorizado, por lo que habría unas 40.000 hectáreas en producción, además, con un mayor rendimiento por hectárea que hace 20 años.

El cambio de paradigma ha reivindicado el uso ancestral de la hoja de coca en Bolivia y ha reivindicado este aspecto de forma universal, incluso en Naciones Unidas. El consumo de hoja de coca ciertamente se conserva en Bolivia e incluso ha ido creciendo en determinadas zonas no tradicionales como el Chaco y Santa Cruz y también se viene experimentado con nuevas aplicaciones industriales, aun así, no se explica el destino de las más de 20.000 hectáreas no reguladas.

Las recientes declaraciones del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, inicialmente parte del mismo conglomerado político de Evo Morales y las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, pero a las que acusó de forma genérica de cooperar con el narcotráfico, además de las diferentes acusaciones cruzadas sobre encubrimiento ha vuelto a reabrir un debate inacabado sobre el enfoque a aplicar en el país.

Las “nuevas” amenazas del narco en Bolivia

La guerra entre cárteles brasileros

Después de unos años de cierta tranquilidad, los dos grandes carteles brasileros han penetrado en el oriente de Bolivia: El Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, nacidos en las cárceles en los 70 y 90 respectivamente y que han llegado a controlar las grandes rutas del continente tras el declive de los carteles de los 80. La violencia con la que se emplean empieza a hacerse notar en Bolivia, donde proliferan los ajustes de cuentas.

El consumo creciente en la adolescencia

La teoría del “país de tránsito” de drogas habla de una tradición comercial en el país en el que se acumulaban cargamentos para cruzar la frontera en el momento adecuado. Eran lo que se denominaban los bodegueros. Pronto cambiaron las fórmulas y los pagos dejaron de hacerse en efectivo. Los bodegueros pasaron a convertirse en comercializadores locales. Hoy el negocio del microtráfico se expande por todas las clases sociales.

Las fronteras porosas

Diferentes medidas económicas implementadas en los últimos 15 años han convertido a Bolivia en un país atractivo para el contrabando, por lo que mucha mercadería argentina y brasilera ingresa masivamente en el país. Ese auge del tráfico fronterizo ilegal ha beneficiado en última instancia al narcotráfico, que aprovecha el alto trasiego para camuflarse mejor y enfrentar la empresa del traslado de droga con menos riesgos.

Países con regulación de drogas en América

Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú cuentan con leyes que regulan el uso medicinal y terapéutico del cannabis. Uruguay es el único que además permite su consumo recreacional.

De momento no hay iniciativas para regular otro tipo de drogas más duras, aunque sí se ha abierto la reflexión sobre la necesidad de cambiar el enfoque de criminalización hacia los países demandantes más que a los productores.