Alcohol y violencia en Tarija: en 2 meses se registraron 93 hechos

La violencia hacia la mujer se dispara en Tarija, y el alcohol está presente en la mayor parte de los casos según coincide el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de apoyo a la mujer y los diferentes organismos policiales involucrados en la atención de estos casos.

Gabriela Ávila, directora del SLIM, informó que desde el inicio de la gestión 2022 hasta la fecha se registraron 93 casos de violencia contra la mujer, en el Municipio de Cercado, es decir, más de un hecho al día. A su vez explicó que los tipos de agresión más frecuentes son: violencia física, psicológica y abuso sexual. La funcionaria sugirió a la población tarijeña tomar conciencia sobre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas teniendo presente que sería la principal causa para cometer actos de violencia contra las mujeres.

Ávila puntualizó que la edad promedio en que las mujeres son más vulnerables a sufrir violencia son las de entre 25 y 45 años de edad, un dato que rompe algunos convencionalismos sobre la edad y los cambios generacionales respecto a la violencia.

El nuevo Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la violencia (FELCV) Coronel DESP Sergio Omar Pascual Saavedra, informó el jueves 3 de marzo que en todas las Estaciones Policiales del Municipio de Cercado Tarija se atendieron al menos 20 casos de violencia por día durante los cuatro días de feriado por el Carnaval chapaco 2022. De igual manera sostiene que el consumo excesivo de alcohol es el principal detonante para cometer actos delincuenciales de violencia, y como factor secundario sería el dominio o poder que ejerce el hombre en el seno familiar, Saavedra afirmó que son pocos los hombres que asumen su rol y conocen que todos los deberes y responsabilidades del hogar son compartidos.

El SLIM y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia desplegaron en estos días de Carnaval el Plan “Protege a tu familia”, cuyos resultados están siendo evaluados.

Denunciar sin dudar

Pedro Luis Quintanilla, abogado de profesión, señaló que la Ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; “es importante que las mujeres conozcan sus derechos y garantías para protegerse y prevenir cualquier hecho de violencia que se suscite”, además indicó que “las formas de violencia más recurrentes son: la violencia física, psicológica al igual que la económica.

Quintanilla asegura que la violencia de género en muchos de los casos es a causa de las bebidas alcohólicas y que en el peor de los casos terminan en feminicidios e infanticidios. “Hay parejas que amenazan a su cónyuge con quitarle a sus hijos, si llega a denunciar o incluso a matarlos por arranque de celos, también, se puede observar que los agresores al momento de estar conscientes entran en un periodo de arrepentimiento, porque según su testimonio estaban en estado de ebriedad y, no se acuerdan de lo sucedido, este tipo de casos son muy frecuentes dentro de la sociedad” asevera.

La familia en el apoyo

Liliana Torrez, que procede de una provincia, fue víctima de violencia doméstica. Relata con dolor que sufrió en carne propia violencia física, afirma aún con miedo en sus ojos que su agresor la golpeaba y amenazaba de muerte, e incluso intentó forzarla a tener relaciones sexuales, lo que la empujó definitivamente a denunciar ante las autoridades policiales después de un año y medio de vejaciones por parte de su expareja.

Sin embargo, Liliana señala que fue su familia el principal apoyo para poder frenar las constantes agresiones físicas a través de las denuncias presentadas en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) instancia que la derivó a la Fiscalía Departamental de Tarija, instituciones que se hicieron cargo del caso, pero la sanción se quedó en una orden de alejamiento.

Consultada sobre si conoce la Ley 348, que ampara a las mujeres contra todo acto de violencia de cualquier tipo, la afectada dijo conocer la Ley, “pero en mi caso hubo una injusticia, porque no se cumplió con la sanción estipulada por la norma”.

Esta situación llevó a la víctima a un estado de depresión - no solo sufrió violencia física sino también psicológica -, ella relata que tenía miedo a los hombres y que le costó confiar nuevamente, al punto de no poder soportar ningún tipo de discusiones o riñas, no obstante, gracias a la ayuda especializada que recibió, dice, “paso a paso”, se encuentra encaminada a una recuperación para gozar de una buena salud mental y física.  

Entre tanto, en el artículo 271 de la norma sobre sanciones indica: “se sancionará con privación de libertad de 3 a 6 años, a las personas que durante la relación ocasiona daño en el cuerpo o en la salud”.

Quintanilla, quien a lo largo de su carrera atendió un sinfín de injusticias contra las mujeres, indicó que este tipo de casos son los más frecuentes por lo tanto recomienda al público en general que conozcan la Ley 348 para poder tener una vida más digna con respeto entre todos y, de esa manera evitar tragedias que por lo general terminan en suicidios o feminicidios. “No es fácil, pero debemos tener esa iniciativa positiva, para una vida sin violencia”.

Por su parte, Ávila recomienda a las personas que están atravesando por esta situación, que realicen su denuncia y no se queden calladas, porque tienen a su disposición una serie de instituciones y normativas vigentes que las protegen.

La información se puede obtener por diferentes medios, cualquier persona que sufra actos de violencia debe denunciar recurriendo a las instituciones que brindan apoyo y protección para las víctimas.

Quintanilla, enfatizó que “el Estado tiene la obligación de fomentar la Ley Nro. 348 en institutos, colegios y en centros educativos de manera que la mujer tenga una vida digna, porque son la parte más sensible de la sociedad y que tiene mucha importancia el poder influir ante las mujeres que aún no se dan cuenta de estos hechos o tal vez no consideran que sí, están sufriendo violencia.

La víctima exhorta a denunciar o pedir ayuda por este tipo de actos violentos y denigrantes de forma inmediata antes que se naturalicen en ellas; porque si no lo hacen es algo que les marcará de por vida, así que si quieren empezar de nuevo se necesita dejar el pasado, sostuvo.

Saavedra a tiempo de sensibilizar a la población sobre el exponencial incremento de casos de violencia, advierte que las sanciones para los agresores he infractores de la ley podrían ser aún más contundentes por una serie de propuestas que se van a plantear a lo largo de su gestión asimismo señalo la autoridad que se están buscado otros mecanismos para concientizar especialmente a niños y jóvenes en proceso de formación considerando que son ellos el futuro del país.        

Los déficits de la Justicia con la 348

Dilación de Justicia

La dilación de justicia se da desde el inicio del proceso, la etapa preliminar que debería durar máximo ocho días según normativa, en el 47% de los casos revisados tardó hasta 90 días. En la etapa preparatoria que debe durar seis meses, en un 40% duró incluso por encima de los 12 meses. Si bien la normativa permite una ampliación de hasta 18 meses, se comprobó que en ese periodo la Fiscalía no realizó actos investigativos en un 36 por ciento de los casos

Pocas sentencias

En Perú, un país vecino, el porcentaje de sentencias condenatorias ejecutoriadas por feminicidio es del 84 por ciento (2013-2019), mientras que en Bolivia se condenó solo a 262 victimarios (27%) entre el año 2013 y agosto del 2021, ya sea por procedimiento abreviado o por juicio oral, sin embargo, no se conoce el dato de las sentencias “ejecutoriadas” pues las instancias correspondientes se encargan de que la cifra no sea pública.

Sin responsabilidad

Solo en el año 2020 fueron denunciados 2.246 funcionarios judiciales por faltas disciplinarias en el manejo de los procesos. De estos casos, 255 concluyeron con una sanción; es decir, fueron destituidos, suspendidos temporalmente o multados con un monto económico. Mientras que, en la Fiscalía para ese mismo año, fueron 315 los denunciados y 43 de ellos recibieron sanción

Los ajustes previstos a la Ley 348

Desde el inicio de la nueva legislatura, los colectivos de mujeres han pedido una revisión de la Ley 348, que lleva vigente desde 2013 pero sus resultados no son lo satisfactorios que se desearía.

Los datos indican que han incrementado las denuncias por violencia en todos los niveles, pero también se observa que a pesar de haber abierto unidades especializadas en la Policía, como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, siguen apareciendo trabas en el procedimiento. Además, los juzgados especiales de violencia se encuentran saturados.

El otro gran problema es que no ha bajado el número de feminicidios anual, que sigue entre los 110 y los 125 al año, lo que coloca a Bolivia como uno de los países con mayor índice del mundo.

La comunidad de periodistas de investigación ACCESO y CONNECTAS, con el apoyo del International Center For Journalists (ICFJ), analizaron una base de datos sobre actuaciones procesales de 969 casos de feminicidios ingresados a la Fiscalía General del Estado de Bolivia, detallada por años desde el 2013 a agosto del 2021.

En ese plazo se han logrado 262 condenas, un tercio de ellas por procedimiento abreviado, es decir, donde el feminicida ha reconocido su culpa.

Entre 2013 y agosto del 2021 fueron cerrados 263 casos de feminicidio bajo la figura de sobreseídos, rechazados y absueltos; todos estos casos equivalen al 27,1 por ciento de los 969 casos reportados hasta agosto del 2021. Según estos datos, existen más casos impunes donde la justicia no dio con los autores o los capturaron para luego liberarlos por no cuidar las pruebas o ni siquiera buscarlas. Además, hay nueve desestimados que pasaron a ser juzgados por otro tipo penal que tiene una condena menor.