Bolivia en llamas: una economía que hipoteca el futuro del país

Nuevamente Bolivia se enfrenta a una tragedia ambiental, hasta la fecha se han quemado más de 2,8 millones de hectáreas según los datos presentados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). Los principales focos de calor están situados en los departamentos de Santa Cruz y de Beni, aunque también se han visto afectados el resto de los departamentos, en especial el norte de La Paz, Cochabamba y Pando.

Esta desastrosa situación no puede ser entendida solo desde un enfoque ambiental, ni únicamente a partir de la causal del calentamiento global. Según el especialista del CEDIB, Pablo Villegas: “los incendios, acá como en el Brasil y Paraguay, son parte de la ampliación de la frontera agrícola, no son otra cosa”.

Asimismo, como señalan varios especialistas que recientemente publicaron un informe para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la catástrofe ambiental en la región, el problema tiene que ver con el modelo de desarrollo capitalista que impulsa nuestras economías. “Mantener el estilo actual sería suicida”, señala el documento.

Una vez superado el complejo escenario electoral que tuvo en ascuas al país durante más de un año ‒incluso desde antes de los incendios del año pasado‒, es importante centrar la atención en los temas más importantes, que definirán el futuro del país en el mediano y largo plazo. Un país arrasado por el fuego no será propicio para ningún tipo bienestar de su población.

Los incendios que estremecen al país

En las últimas semanas los cielos de las tierras bajas de Bolivia ‒y de otras regiones de la gran Amazonía‒ se han visto teñidos de gris por la humareda de los incendios. Si se viaja en avión sobre la región amazónica del país, los bosques, ríos y pampas verdes que la caracterizan han quedado invisibilizados por una cortina de humo.

Por el otro lado, se han incrementado dramáticamente los casos de problemas respiratorios y cardiopatías en muchas personas que habitan en la región. Y ni que decir sobre las miles de familias que han visto arrasadas sus tierras de cultivo que son su fuente de vida. Los casos de Macharetí y Vallegrande, a finales de septiembre ‒un mes después de iniciados los incendios en la región del Pantanal y la Chiquitanía‒ fueron particularmente preocupantes.

Según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) ‒una de las pocas instituciones que hace un seguimiento permanente a la situación los incendios‒ se señala que: “el monitoreo continuo de las áreas quemadas utilizando imágenes satelitales Sentinel-2 de 20 m de resolución, desde enero hasta octubre del 2020 lograron cartografiar alrededor de 2.8 millones de hectáreas quemadas en todo el país”.

Al igual que el año pasado, los departamentos más afectados por los incendios son Santa Cruz y Beni. La diferencia, sin embargo, es que este año está siendo el Beni la región más afectada. Hasta mediados de este mes se quemaron más 1,5 millones de hectáreas en ese departamento. En cambio, en el departamento de Santa Cruz se incendiaron 1 millón de hectáreas.

En el resto de los departamentos el número de hectáreas incendiadas no supera, en ningún caso, las 100 mil hectáreas. En La Paz son 83 mil hectáreas, en Cochabamba 25 mil, en Pando 22 mil y en Chuquisaca 16 mil. En Tarija, Potosí y Oruro las áreas incendiadas no superan las 3 mil hectáreas en ninguno de los casos.

Con todo, si bien es Beni el departamento que cuenta con una mayor superficie incendiada, la situación de Santa Cruz es particularmente alarmante debido a que el fuego está afectando a una gran extensión de bosques y áreas protegidas.

El 33% del área incendiada en Santa Cruz corresponde a bosques, mientras que el 67% corresponde a pastizales, matorrales, arbustos y a áreas agropecuarias. En el caso del Beni las áreas boscosas afectadas fueron de 2%, mientras que el 98% corresponde a pastizales, matorrales, arbustos y a áreas agropecuarias.

Áreas protegidas afectadas

Se tiene que tener en consideración que de las 2,8 millones de hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va del año, “el 24% del total de áreas quemadas, es decir, más de 685 mil hectáreas se registraron dentro de áreas protegidas en el país. Otuquis, San Matías, Iténez y Kenneth Lee son las más afectadas por el fuego, sumando un total de 68% del total de superficie de todas las áreas protegidas afectadas por el fuego a nivel nacional”, señala la FAN.

Siguiendo esta información se puede detallar lo siguiente: en Otuquis (Santa Cruz) se quemaron más de 141 mil hectáreas; en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías (Santa Cruz), más de 131 mil hectáreas incendiadas; en Iténez (Beni) los incendios arrasaron 122 mil hectáreas; en Kenneth Lee (Beni) son más de 71 mil hectáreas incendiadas. Aparte de estas áreas protegidas, existen otras 17 que están siendo afectadas en distintos grados por el fuego.

La quema de bosques y áreas protegidas es particularmente preocupante porque, en contraposición a lo que muchos productores y empresarios opinan, la realidad es que no se puede “compensar” las áreas destruidas con nuevas plantaciones o soluciones similares.

Esos ecosistemas, que tienen miles de años de formación, cumplen una función importante a la hora de mitigar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, los árboles más viejos ‒muchos de los cuales tienen centenares de años‒, son los que procesan y/o contienen grandes cantidades de dióxido de carbono, disminuyendo las secuelas producidas por las actividades humana que han incrementado considerablemente las cantidades de CO2 en el mundo.

En una entrevista para Mongabay Latam, el biólogo Vincent Vos explicó que “la estimación es que si deforestamos un 5% más de la Amazonía, este ecosistema empezará a colapsar. […] Para el 2050 los bolivianos nos quedaremos sin bosques”.

Un modelo económico que promueve la depredación

El gran riesgo que enfrentan los ecosistemas amazónicos de Bolivia y de la región no puede ser reducido a una problemática que tiene que resolverse exclusivamente en el plano ambiental. Esta dinámica repetitiva de los incendios, tiene que ver con un modelo de desarrollo agropecuario y de expansión de la frontera agrícola.

Según Villegas, “el incendio de la Chiquitanía ha coincidido además con el contrato que hizo el gobierno con los agroempresarios para comprarles biocombustibles, y por otra parte para la exportación de carne. El área natural de expansión de la agropecuaria cruceña es la Chiquitanía. El problema es que la Chiquitanía no es para ese tipo de economía, de acuerdo al Plan de Uso de Suelos (PLUS). Pero la ABT hizo los planes, determinando áreas de expansión para ganadería, soya, caña, etcétera, en la Chiquitanía”.

Y continúa: “entonces, eso es parte del modelo económico de allá [Santa Cruz], y este año se ha extendido hacia el Beni, donde han aprobado el Plan de Uso de Suelos y, como han declarado los mismos ganaderos benianos, tienen la intención de expandir el modelo cruceño hacia el Beni. Entonces, ahora está ardiendo el Beni”.

En realidad, lo que se observa es el límite de un modelo de desarrollo que es incapaz producir y generar excedente económico sin depredar la naturaleza, poniendo en riesgo ecosistemas enteros e hipotecando el bienestar de esta y futuras generaciones.

Según señala Villegas, gran parte del problema reside en “la naturaleza del empresariado agrario de Bolivia, es un empresariado muy retrasado, de productividad muy baja. Se puede decir que es paraestatal porque depende mucho de subvenciones y contratos con el Estado […]. A lo que voy es que no se puede buscar racionalidad económica de ningún tipo, para este sector lo primero ha sido apoderarse de las tierras […] y ahora su forma de extenderse es el fuego”. En otras palabras, las quemas no serían un accidente, sino la norma para producir excedente privado de este tipo de empresariado”.

La normativa incendiaria

Distintas instancias de la sociedad civil vienen denunciando que en el país existen "medias legales condescendientes con los desmontes y las quemas ilegales que fueron aprobadas a partir del año 2013".

Entre esta normativa está la Ley N° 337, de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques de 2013; la Ley N° 502, de ampliación del plazo y modificación a la Ley N° 337, de 2014; la Ley N° 739, de modificación de las leyes N°337 y N°502, de 2015; y la Ley N° 952, de 2017. Todas estas consideradas como leyes del "perdonazo" del desmonte ilegal.

En referencia a la normativa que permite directamente la quema se tiene la Ley N° 741, de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades [...], del 2015; la Ley N° 1171, de uso y manejo racional de quemas, de 2019. Dentro de este paquete también está el D.S. N° 3973 que autoriza desmontes y quemas en el Beni, además del PLUS-Beni.

Nuevo gobierno y políticas contra los incendios

La situación de los incendios es crítica y requiere medidas inmediatas y contundentes. Lo que este gobierno hizo por enfrentar el preocupante escenario ha tenido un alcance bastante limitado.

En este sentido, el gobierno entrante deberá encarar la situación de manera seria. Tanto para aplacar los incendios actuales, pero principalmente para que la situación no se repita.

Según un artículo de la Fundación Solón, la propuesta del MAS se plantea “desarrollar un Plan y un marco normativo y de regulación de la conservación y el uso de los componentes de los ecosistemas amazónicos y chiquitanos de acuerdo a las vocaciones ecológicas y productivas (…). Bajo este marco, el MAS plantea Controlar y fiscalizar el aprovechamiento de los componentes de los ecosistemas amazónicos y chiquitanos”.

Con todo, este planteamiento es todavía una consigna electoral y para materializarse necesariamente implicará modificar la línea política que este partido desplegó en la última década, impulsando varios decretos y leyes que hacen parte de la “normativa incendiaria”.