Piden inhabilitar las encuestadoras con contratos estatales

A fin de evitar la manipulación de la opinión pública con encuestas dirigidas, el diputado Edgar Rendón pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitar a las empresas encuestadoras que tienen o tuvieron contratos con el anterior y el actual gobierno para garantizar un mínimo de imparcialidad y credibilidad de los datos que presenten ante la ciudadanía.

De acuerdo al calendario electoral, la publicación de estudios de opinión en materia electoral está autorizada a partir del 26 de junio hasta el 30 de agosto, tiempo en el que las empresas de este rubro pueden difundir a través de medios de comunicación autorizados.

Anunció que esta semana enviará la nota formal solicitando suspender las autorizaciones a las consultoras que hacen doble negocio con el manejo de las encuestas, porque por un lado tienen contratos con el Estado y, por otro,  hacen encuestas encubiertas que se difunden a través de las grandes cadenas de televisión.

Recordó que en marzo pasado algunas redes de alcance nacional, como Unitel, Red Uno, Bolivisión y ATB, difundieron de manera simultánea resultados que en su presentación decían haber encargado el trabajo a las empresas encuestadoras.

Explicó que a raíz de esta situación, el 19 de marzo presentó una petición de informe al TSE que hasta la fecha no ha merecido ninguna respuesta, considerando que se trata de un acto de fiscalización desde la Asamblea hacia el otro poder del Estado.

En su petición cuestiona a CIESMORI y Miský Utaha y preguntaba si ambas cumplieron los artículos 8 y 12 del Reglamento Elaboración y Difusión de Estudios de Opinión  y si el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) tiene pruebas de la cobertura de ciudades y localidades rurales encuestadas.