Demanda interna como motor requiere “empresas nacionales fortalecidas”
El economista polaco Leon Podkaminer, investigador del Instituto Viena para los Estudios Económicos Internacionales (Austria), está entre los que consideran que los déficits fiscales permanentes pueden ser “deseables” para apuntalar un crecimiento económico sostenido, especialmente en...
El economista polaco Leon Podkaminer, investigador del Instituto Viena para los Estudios Económicos Internacionales (Austria), está entre los que consideran que los déficits fiscales permanentes pueden ser “deseables” para apuntalar un crecimiento económico sostenido, especialmente en países de ingresos altos.
“Los déficits fiscales como sustitutos permanentes de la menguante (cualquiera sea la razón) inversión privada y el estancamiento del consumo privado puede apoyar el continuo crecimiento general”, afirma Podkaminer.
Para que esto funcione, el economista polaco establece que la producción (y las consecuentes ganancias) debe estar en manos privadas, mientras que el sector público funciona como un cada vez más importante “cliente” del sector privado, adquiriendo de éste los bienes y servicios que produce.
Por demás está decir que el sector privado debe ser del propio país, para genera esta especie de “círculo virtuoso”. Y que esta condición de que la producción esté en manos privadas “nacionales” no conflictúa con la posibilidad de que empresas y sectores económicos estratégicos de un país estén en manos estatales.
[caption id="attachment_507788" align="alignright" width="300"] El profesor y economista polaco, Leon Podkaminer[/caption]
“El sector público compraría al privado crecientes bienes y servicios, pagados con dinero público y deuda si fuese necesario. Esto ofrece una oportunidad para cubrir importantes necesidades sociales que el sector privado -orientado por las ganancias- no está inclinado a considerar por su propia cuenta”, explica.
De esta manera, el economista polaco entra en el debate sobre las políticas fiscales y el gasto e inversión pública como herramientas para la gestión de la economía.
Demanda interna: gasto y déficit como motor del crecimiento
La política fiscal como herramienta para crisis o generar mayor crecimiento o combatir la pobreza no es algo nuevo; está en los libros básicos de economía en las universidades, aunque la corriente más ortodoxa la rechaza y se enfoca más en la política monetaria.
A través de las políticas fiscales pueden invertir directamente en distintas áreas clave (infraestructura, bonos sociales, salud, etc.) de manera que se estimule la economía directa o indirectamente.
[caption id="attachment_507789" align="alignnone" width="532"] Inversión pública (en millones de $us) empezó a decaer los últimos años Fuente: Jubileo, 2019[/caption]
De hecho, en la Bolivia de Evo Morales el estímulo fiscal fue una herramienta muy utilizada, precisamente para generar crecimiento del PIB y reducir la pobreza por ingresos (así sea temporalmente). Algunos economistas las denominan también herramientas “contracíclicas”, ya que también suelen usarse para contrarrestar los efectos de crisis económicas externas (como la caída del precio del petróleo).
En este sentido, un déficit fiscal -que implica más gasto público que ingreso público, financiado generalmente a través de deuda- puede ser útil para mover la economía, mantener o aumentar el empleo, el consumo, la demanda, la inversión, y así sucesivamente.
En efecto, desde aproximadamente el año 2010, las autoridades bolivianas del área económica, en diferentes documentos y declaraciones, empezaron a manifestar que el crecimiento económico era sostenido por la demanda interna.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su documento Memoria de la Economía Boliviana 2010, señala que fueron las transferencias condicionadas, como el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy, las que dinamizaron la demanda interna, especialmente el consumo de hogares.
Este planteamiento difiere de lo que el propio gobierno había propuesto en 2006 en su original Plan Nacional de Desarrollo: el cambio de matriz productiva, donde el excedente de los hidrocarburos debía transferirse a otros sectores para diversificar e industrializar la economía con una mirada a largo plazo.
De todas formas, la nueva postura del gobierno, predominante en esta década, planteó que el gasto e inversión públicas activan la economía: al tener mayor liquidez de recursos (originalmente a través de las exportaciones de gas), se aumenta la inversión pública, generando crecimiento económico de manera directa. Pero también de manera indirecta: se inyecta esa liquidez para generar mayor demanda, la gente compra más y esto, a su vez, dinamiza la economía y su crecimiento.
¿Sostenible y a largo plazo?
Analistas de la Fundación Jubileo señalan que “existen diferentes inconsistencias y limitantes para que este proceso funcione de manera sostenible y tenga resultados en términos de desarrollo; incluso estudios elaborados por el mismo Ministerio de Economía, que explican el funcionamiento del modelo, revelan debilidades”.
Uno de dichos documentos titula “Demanda Interna: Motor del Crecimiento Económico en Bolivia”, y fue publicado en Cuadernos de Investigación Económica Boliviana - Vol. 1, octubre de 2015, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
[caption id="attachment_507790" align="aligncenter" width="533"] Gasto público (en millones de Bs.) siguió subiendo tras fin de bonzanza, tras pequeño “bache”. Fuente: Jubileo, 2019[/caption]
El cuaderno de investigación analiza los determinantes del crecimiento económico en Bolivia, desde el punto de vista de la demanda.
En él, se señala que “No obstante, en el marco del modelo no se define como el principal factor generador de crecimiento a la demanda interna per se, sino que se precisan mecanismos como la redistribución del ingreso y la política fiscal activa, que son llevadas a cabo por el Estado en su rol protagónico, para impulsar y consolidar esta variable como esencial para el crecimiento de la economía boliviana”.
Según explica Jubileo, de aquello se entiende “que no es la demanda la que genera esta dinámica, sino, hay una condición previa que permite activar el proceso, y son los ingresos a ser redistribuidos. Por lo tanto, todo esto funcionaría cuando se tienen ingresos suficientes para expandir del gasto”.
Dado el fin de la bonanza de los hidrocarburos, tanto por la caída de su precio como la reducción de volúmenes de exportación (tanto por menor demanda externa y por menguantes reservas internas), “el modelo explicado no considera en su ecuación el tema de la sostenibilidad en la generación de ingresos en relación a la expansión del gasto”.
De ahí que el Gobierno haya decidido “reemplazar el financiamiento de la expansión del gasto con mayor endeudamiento, situación que no es sostenible y podría conllevar otros problemas”, afirma Jubileo.
¿A quién le compra el Estado?
Para que funcione el modelo de demanda interna, el Estado tiene que convertirse en “cliente” de las empresas del mismo país, de manera tal que no se corra el riesgo de fomentar solo el consumo y debilitar la producción, ya que además, las empresas estatales no pueden cubrir toda la variedad de bienes y servicios que demanda la población ni el propio Estado cuando realiza cierto tipo de inversión o compras estatales.
Sin embargo, para Jubileo eso es lo que habría sucedido, al menos parcialmente: “Se podría decir que se ha sustituido un planteamiento inicial de impulsar la producción (la oferta), por incentivar el consumo (…) En lugar de estar enfocado a un crecimiento y desarrollo de largo plazo y que impulse las capacidades productivas, el rol de la inversión pública se habría reducido a cumplir con la función de aumentar la demanda (…) Como objetivo, la inversión debería impulsar la producción (oferta), no la demanda, pero ésta estaría siendo aplicada como gasto”.
[caption id="attachment_507791" align="alignright" width="300"] Normas estatales facilitan que empresas extranjeras, y no bolivianas, se adjudiquen grandes obras[/caption]
Sea como fuere, también es cierto que en Bolivia rigen una serie de normas -algunas desde la década de 1990 o antes y otras ya de la era del MAS-, que establecen criterios de selección de proveedores de bienes y servicios que benefician al proveedor extranjero en detrimento del proveedor boliviano, sea este micro, pequeño, mediano o gran empresa.
Ejemplos de es normas son la Resolución Suprema 216145 de 1995, el Decreto Supremo 25964 de 2000, el DS 27328 de 2004, el DS 29190 de julio de 2007, que mantienen vigencia hasta el presente. Así, las grandes obras, como carreteras, puentes, represas, fábricas, etc., son de exclusiva adjudicación de empresas brasileras, chinas, italianas, españolas y demás.
Gracias a esto, las empresas extranjeras se han beneficiado con miles de millones de dólares de dinero estatal a lo largo de este periodo. Por ejemplo, datos revelados por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) de hace pocos años hablaban de 4 mil millones de dólares sólo entre 2013 y 2015.
Hace ya cuatro años, tanto la SIB como la Cámara Boliviana de Construcción (Caboco) propusieron una serie de medidas para “nacionalizar las compras estatales, movilizar el ahorro interno y acelerar la ejecución de obras públicas”, que duermen en los cajones de los ministerios y quizá del propio presidente Morales.
Una de las medidas propuestas era la de cambiar la actual exigencia a empresas bolivianas de demostrar la ejecución de obras o provisión de bienes y servicios por montos que sean igual o dos, o tres veces mayor al monto estimado de la obra licitada y que, a la vez, exige que esta experiencia previa sea demostrada en cinco o diez años anteriores. Los constructores afirmaron que ninguna empresa nacional ha tenido oportunidad de ejecutar montos de tal magnitud y menos en esos periodos de tiempo.
Asimismo, la SIB y Caboco observaban que se les exige la presentación de garantías bancarias o de seguros por montos que llegan al 27% o más del valor de la compra del bien o servicio, lo que les imposibilita competir con empresas extranjeras en obras de inversión importante. Un banco o aseguradora no puede emitir esos montos por las limitaciones patrimoniales vinculadas a las normativas ASFI para el sistema financiero. También se propuso que las empresas bolivianas participen de los proyectos de gran magnitud en un mínimo del 30%.
Importaciones, la yapa
Por otra parte, la Fundación Jubileo afirma que otros beneficiados con la política estatal de fomentar la demanda interna han sido los productores de bienes transables en el exterior.
[caption id="attachment_507792" align="alignnone" width="487"] Importaciones (millones de $us) vuelven a repuntar sin bonanza. Fuente: Jubileo 2019, con datos del MEFP.[/caption]
Basándose en datos de la Memoria de la Economía Boliviana 2018 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, explica que “las importaciones aumentaron significativamente durante el periodo de bonanza, luego registran un retroceso en 2015 y 2016, y posteriormente se vuelven a incrementar. Entre 2006 y 2018, las importaciones se habrían incrementado en 243%”.
Asimismo, según la Memoria de la Economía 2011 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el gasto por importaciones alcanzado ha sido posible por el crecimiento sostenido del ingreso nacional disponible y el impulso de la demanda interna.
“En síntesis, las condiciones para la inversión privada y la producción nacional no fueron favorables durante el periodo de la bonanza, como tampoco en la actualidad. Para que la política de impulso a la demanda funcione se hubiera requerido, entre otros elementos, un aparato productivo fortalecido. A futuro, se deberían generar condiciones para que el país pueda aprovechar el aumento de la demanda agregada”, puntualiza Jubileo.
“Los déficits fiscales como sustitutos permanentes de la menguante (cualquiera sea la razón) inversión privada y el estancamiento del consumo privado puede apoyar el continuo crecimiento general”, afirma Podkaminer.
Para que esto funcione, el economista polaco establece que la producción (y las consecuentes ganancias) debe estar en manos privadas, mientras que el sector público funciona como un cada vez más importante “cliente” del sector privado, adquiriendo de éste los bienes y servicios que produce.
Por demás está decir que el sector privado debe ser del propio país, para genera esta especie de “círculo virtuoso”. Y que esta condición de que la producción esté en manos privadas “nacionales” no conflictúa con la posibilidad de que empresas y sectores económicos estratégicos de un país estén en manos estatales.
[caption id="attachment_507788" align="alignright" width="300"] El profesor y economista polaco, Leon Podkaminer[/caption]
“El sector público compraría al privado crecientes bienes y servicios, pagados con dinero público y deuda si fuese necesario. Esto ofrece una oportunidad para cubrir importantes necesidades sociales que el sector privado -orientado por las ganancias- no está inclinado a considerar por su propia cuenta”, explica.
De esta manera, el economista polaco entra en el debate sobre las políticas fiscales y el gasto e inversión pública como herramientas para la gestión de la economía.
Demanda interna: gasto y déficit como motor del crecimiento
La política fiscal como herramienta para crisis o generar mayor crecimiento o combatir la pobreza no es algo nuevo; está en los libros básicos de economía en las universidades, aunque la corriente más ortodoxa la rechaza y se enfoca más en la política monetaria.
A través de las políticas fiscales pueden invertir directamente en distintas áreas clave (infraestructura, bonos sociales, salud, etc.) de manera que se estimule la economía directa o indirectamente.
[caption id="attachment_507789" align="alignnone" width="532"] Inversión pública (en millones de $us) empezó a decaer los últimos años Fuente: Jubileo, 2019[/caption]
De hecho, en la Bolivia de Evo Morales el estímulo fiscal fue una herramienta muy utilizada, precisamente para generar crecimiento del PIB y reducir la pobreza por ingresos (así sea temporalmente). Algunos economistas las denominan también herramientas “contracíclicas”, ya que también suelen usarse para contrarrestar los efectos de crisis económicas externas (como la caída del precio del petróleo).
En este sentido, un déficit fiscal -que implica más gasto público que ingreso público, financiado generalmente a través de deuda- puede ser útil para mover la economía, mantener o aumentar el empleo, el consumo, la demanda, la inversión, y así sucesivamente.
En efecto, desde aproximadamente el año 2010, las autoridades bolivianas del área económica, en diferentes documentos y declaraciones, empezaron a manifestar que el crecimiento económico era sostenido por la demanda interna.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su documento Memoria de la Economía Boliviana 2010, señala que fueron las transferencias condicionadas, como el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy, las que dinamizaron la demanda interna, especialmente el consumo de hogares.
Este planteamiento difiere de lo que el propio gobierno había propuesto en 2006 en su original Plan Nacional de Desarrollo: el cambio de matriz productiva, donde el excedente de los hidrocarburos debía transferirse a otros sectores para diversificar e industrializar la economía con una mirada a largo plazo.
De todas formas, la nueva postura del gobierno, predominante en esta década, planteó que el gasto e inversión públicas activan la economía: al tener mayor liquidez de recursos (originalmente a través de las exportaciones de gas), se aumenta la inversión pública, generando crecimiento económico de manera directa. Pero también de manera indirecta: se inyecta esa liquidez para generar mayor demanda, la gente compra más y esto, a su vez, dinamiza la economía y su crecimiento.
¿Sostenible y a largo plazo?
Analistas de la Fundación Jubileo señalan que “existen diferentes inconsistencias y limitantes para que este proceso funcione de manera sostenible y tenga resultados en términos de desarrollo; incluso estudios elaborados por el mismo Ministerio de Economía, que explican el funcionamiento del modelo, revelan debilidades”.
Uno de dichos documentos titula “Demanda Interna: Motor del Crecimiento Económico en Bolivia”, y fue publicado en Cuadernos de Investigación Económica Boliviana - Vol. 1, octubre de 2015, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
[caption id="attachment_507790" align="aligncenter" width="533"] Gasto público (en millones de Bs.) siguió subiendo tras fin de bonzanza, tras pequeño “bache”. Fuente: Jubileo, 2019[/caption]
El cuaderno de investigación analiza los determinantes del crecimiento económico en Bolivia, desde el punto de vista de la demanda.
En él, se señala que “No obstante, en el marco del modelo no se define como el principal factor generador de crecimiento a la demanda interna per se, sino que se precisan mecanismos como la redistribución del ingreso y la política fiscal activa, que son llevadas a cabo por el Estado en su rol protagónico, para impulsar y consolidar esta variable como esencial para el crecimiento de la economía boliviana”.
Según explica Jubileo, de aquello se entiende “que no es la demanda la que genera esta dinámica, sino, hay una condición previa que permite activar el proceso, y son los ingresos a ser redistribuidos. Por lo tanto, todo esto funcionaría cuando se tienen ingresos suficientes para expandir del gasto”.
Dado el fin de la bonanza de los hidrocarburos, tanto por la caída de su precio como la reducción de volúmenes de exportación (tanto por menor demanda externa y por menguantes reservas internas), “el modelo explicado no considera en su ecuación el tema de la sostenibilidad en la generación de ingresos en relación a la expansión del gasto”.
De ahí que el Gobierno haya decidido “reemplazar el financiamiento de la expansión del gasto con mayor endeudamiento, situación que no es sostenible y podría conllevar otros problemas”, afirma Jubileo.
¿A quién le compra el Estado?
Para que funcione el modelo de demanda interna, el Estado tiene que convertirse en “cliente” de las empresas del mismo país, de manera tal que no se corra el riesgo de fomentar solo el consumo y debilitar la producción, ya que además, las empresas estatales no pueden cubrir toda la variedad de bienes y servicios que demanda la población ni el propio Estado cuando realiza cierto tipo de inversión o compras estatales.
Sin embargo, para Jubileo eso es lo que habría sucedido, al menos parcialmente: “Se podría decir que se ha sustituido un planteamiento inicial de impulsar la producción (la oferta), por incentivar el consumo (…) En lugar de estar enfocado a un crecimiento y desarrollo de largo plazo y que impulse las capacidades productivas, el rol de la inversión pública se habría reducido a cumplir con la función de aumentar la demanda (…) Como objetivo, la inversión debería impulsar la producción (oferta), no la demanda, pero ésta estaría siendo aplicada como gasto”.
[caption id="attachment_507791" align="alignright" width="300"] Normas estatales facilitan que empresas extranjeras, y no bolivianas, se adjudiquen grandes obras[/caption]
Sea como fuere, también es cierto que en Bolivia rigen una serie de normas -algunas desde la década de 1990 o antes y otras ya de la era del MAS-, que establecen criterios de selección de proveedores de bienes y servicios que benefician al proveedor extranjero en detrimento del proveedor boliviano, sea este micro, pequeño, mediano o gran empresa.
Ejemplos de es normas son la Resolución Suprema 216145 de 1995, el Decreto Supremo 25964 de 2000, el DS 27328 de 2004, el DS 29190 de julio de 2007, que mantienen vigencia hasta el presente. Así, las grandes obras, como carreteras, puentes, represas, fábricas, etc., son de exclusiva adjudicación de empresas brasileras, chinas, italianas, españolas y demás.
Gracias a esto, las empresas extranjeras se han beneficiado con miles de millones de dólares de dinero estatal a lo largo de este periodo. Por ejemplo, datos revelados por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) de hace pocos años hablaban de 4 mil millones de dólares sólo entre 2013 y 2015.
Hace ya cuatro años, tanto la SIB como la Cámara Boliviana de Construcción (Caboco) propusieron una serie de medidas para “nacionalizar las compras estatales, movilizar el ahorro interno y acelerar la ejecución de obras públicas”, que duermen en los cajones de los ministerios y quizá del propio presidente Morales.
Una de las medidas propuestas era la de cambiar la actual exigencia a empresas bolivianas de demostrar la ejecución de obras o provisión de bienes y servicios por montos que sean igual o dos, o tres veces mayor al monto estimado de la obra licitada y que, a la vez, exige que esta experiencia previa sea demostrada en cinco o diez años anteriores. Los constructores afirmaron que ninguna empresa nacional ha tenido oportunidad de ejecutar montos de tal magnitud y menos en esos periodos de tiempo.
Asimismo, la SIB y Caboco observaban que se les exige la presentación de garantías bancarias o de seguros por montos que llegan al 27% o más del valor de la compra del bien o servicio, lo que les imposibilita competir con empresas extranjeras en obras de inversión importante. Un banco o aseguradora no puede emitir esos montos por las limitaciones patrimoniales vinculadas a las normativas ASFI para el sistema financiero. También se propuso que las empresas bolivianas participen de los proyectos de gran magnitud en un mínimo del 30%.
Importaciones, la yapa
Por otra parte, la Fundación Jubileo afirma que otros beneficiados con la política estatal de fomentar la demanda interna han sido los productores de bienes transables en el exterior.
[caption id="attachment_507792" align="alignnone" width="487"] Importaciones (millones de $us) vuelven a repuntar sin bonanza. Fuente: Jubileo 2019, con datos del MEFP.[/caption]
Basándose en datos de la Memoria de la Economía Boliviana 2018 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, explica que “las importaciones aumentaron significativamente durante el periodo de bonanza, luego registran un retroceso en 2015 y 2016, y posteriormente se vuelven a incrementar. Entre 2006 y 2018, las importaciones se habrían incrementado en 243%”.
Asimismo, según la Memoria de la Economía 2011 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el gasto por importaciones alcanzado ha sido posible por el crecimiento sostenido del ingreso nacional disponible y el impulso de la demanda interna.
“En síntesis, las condiciones para la inversión privada y la producción nacional no fueron favorables durante el periodo de la bonanza, como tampoco en la actualidad. Para que la política de impulso a la demanda funcione se hubiera requerido, entre otros elementos, un aparato productivo fortalecido. A futuro, se deberían generar condiciones para que el país pueda aprovechar el aumento de la demanda agregada”, puntualiza Jubileo.